Casas colectivas de Gómez Rendón serán demolidas

Las casas colectivas ubicadas en la calle Gómez Rendón serán demolidas para construir un centro médico materno infantil del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aunque aún no hay la fecha para derrumbar los inmuebles.

La nueva unidad de salud contará con área de hemodiálisis y emergencia. Se estima que beneficiará a 180.000 personas al año. Para concretar el proceso, durante los próximos tres meses regularizará la situación de las familias que deseen ser reubicadas.

El gobernador de Guayas, Julio César Quiñónez, anunció la acción durante una reunión de la mesa técnica en la que participaron entidades como el IESS, los ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES), Salud (MSP), entre otros.

Durante el encuentro se expusieron las razones por las que se decidió derrumbar al primer plan de vivienda popular vertical desarrollado en el país, según datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

Falta de condiciones de salubridad e inseguridad, estructura en riesgos y miles de dólares en deudas -tanto en arrendamiento como en servicios públicos- fueron señaladas por las autoridades.

Por ejemplo, de 316 familias censadas en el lugar, solo 5 tienen un contrato directo con el IESS, afirmó Juliet Erazo, directora provincial de la entidad. La funcionaria aseguró que los habitantes no procuraron arreglar su situación desde el anuncio que los inmuebles serían intervenidos, en marzo pasado.

Samuel Morán, quien reside desde hace 18 años en el sitio, manifestó que trataron de entablar acercamientos, pero que en el despacho de la Directora Provincial se indicaba “que la situación era estudiada”.

Por otra parte, los funcionarios también citaron las pérdidas económicas por servicios básicos que no son cancelados por los inquilinos.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) cifró en $ 2.208,63 mensuales el consumo que los inquilinos de las colectivas no cancelaron. Mientras que Interagua estima en $ 126.000 -solo desde enero de 2014- el monto adeudado.

La Dirección Provincial del IESS informó que las familias tampoco han pagado arriendo desde 2005. Una investigación de Contraloría de 2006 señaló irregularidades, tales como departamentos arrendados, sellados e invadidos.

Durante los últimos siete meses, según el Gobernador de Guayas, se han presentado otras situaciones que complicaron el censo de las familias. Algunas de las piezas eran utilizadas como bodegas para almacenar -incluso- drogas, dijo el funcionario.

Quiñónez aseveró que durante los próximos tres meses se receptarán las solicitudes de las familias que quieran regularizar su situación para ser reubicadas en planes habitacionales.

No obstante, enfatizó que solo se ayudará a las familias que demuestren que han vivido en los departamentos durante los últimos años. “Aquellas personas que subarriendan, que tienen propiedades en otro lado o que tengan vínculos con actividades ilícitas deberán salir”. Las personas interesadas en la legalización deberán también solicitar financiamiento para cancelar las deudas por concepto de servicios públicos y adquisición de una nueva vivienda.

Sobre la postura del INP, en el sentido de que las casas colectivas tienen un valor histórico patrimonial, el Gobernador dijo que la decisión de demoler las viviendas “fue tomada entre todos”.

Los habitantes de las colectivas no se mostraron conformes con la resolución de las autoridades. María Eugenia Campos, dirigente del bloque que queda en la calle Maldonado, criticó que la reubicación sea en un lugar apartado, como Socio Vivienda. “Critican la seguridad del sector cuando allá están peor”, acotó la mujer.

Algunos también lamentan que no se tome en consideración los esfuerzos por arreglar la imagen del inmueble. A inicios de septiembre, los vecinos implementaron una campaña para pintar la fachada ubicada en los patios de los bloques. (I)