Ayer, Diego Martínez, gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), caracterizó la coyuntura económica y contextualizó las acciones de política emprendidas para responder a las diversas necesidades de financiamiento. Y además desmintió que la economía decrecería en los niveles pronosticados por el Fondo Monetario Internacional.   ¿Está la economía ecuatoriana atravesando por una crisis? Para hablar de ‘crisis’ deben coincidir cuatro elementos. El primero, un crecimiento negativo del PIB por más de dos trimestres consecutivos. Ecuador sí tiene dos trimestres de crecimiento negativo, pero este no es el único criterio. El segundo, la duplicación de las tasas de desempleo o tasas de desempleo con cifras de 2 dígitos. Ese no es el caso de Ecuador. El desempleo sí aumentó y era esperable que así sucediera. El Gobierno Nacional tomó medidas y propuso leyes que modificaron el marco laboral para evitar que aumente el desempleo. El tercero, la existencia de procesos de hiperinflación (es decir inflaciones por encima del 35%) o procesos de deflación (es decir tasas negativas de inflación). Ecuador no experimenta ninguno de estos dos fenómenos. El cuarto, la existencia de un declive continuo de los depósitos en el sistema financiero. Desde noviembre de 2015, aquello ya ha dejado de ocurrir. Por tanto, en términos estrictamente rigurosos, la economía ecuatoriana atraviesa por una desaceleración fuerte.    ¿A cuánto ascienden las actuales necesidades de financiamiento? El Ministerio de Finanzas informó que los requerimientos de financiamiento externo podrían llegar a unos $ 7.000 millones. En las próximas semanas llegará al país un desembolso de $ 1.500 millones desde China. Desde enero, entraron $ 850 millones. Es decir, en el primer trimestre de 2016, ya entraron $ 2.800 millones por financiamiento externo, aproximadamente. El resto ingresará en el transcurso del año. Con los recursos adicionales generados para atender la emergencia del terremoto se espera que el ingreso total de flujos externos y endeudamiento llegue a casi $8.500 millones. En el contexto actual esa es una muy buena noticia porque implica que el país contará con $ 1.500 millones adicionales. ¿Hacia dónde irían esos $ 8.500 millones de recursos externos? A manos privadas porque el Gobierno Nacional financia inversiones y, en definitiva, ese dinero fluye hacia los contratistas.Dicho de otro modo, el Gobierno Nacional está completamente comprometido a garantizar la existencia de un flujo suficiente de dólares para favorecer a la economía. También, en vista de la desaceleración económica, el Gobierno Nacional tomó algunas decisiones para fortalecer la demanda doméstica y los niveles de la actividad económica interna. Se trata de los incentivos colocados en la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. Entre aquellos se encuentra la devolución del IVA para quienes utilicen medios de pago electrónicos, es decir, tarjetas de crédito y débito, tarjetas de prepago y dinero electrónico. ¿A cuánto asciende el valor de los activos en propiedad del Estado? Ese monto no es fácil de calcular pero podría ser sumamente cuantioso. El BCE no tiene esa cifra. Si consideramos que el Estado ha generado un flujo de más de $6.000 millones en inversiones de capital cada año, se podría estimar que el total de activos públicos -invertido en edificios, hidroeléctricas o empresas- supera fácilmente los $ 2.000 millones o $ 3.000 millones a grosso modo. Obviamente, no todo activo puede ser vendido; sin embargo, sí se puede vender la participación accionaria en una hidroeléctrica. A tal efecto, el marco jurídico existente es diverso. Por ejemplo, la Ley de Modernización permite las concesiones para operación privada. También, las normas jurídicas permiten hasta la privatización de un 49% del valor de ciertos activos públicos. También está la ley de alianzas público-privadas que permite la participación privada para hacer infraestructura. A fines de abril, Ecuador debía cancelar $ 180 millones por indemnización a la empresa OXY. ¿Cómo van los pagos? El país comenzó a efectuar sus pagos en diciembre de 2015. Hasta el momento ya hemos cancelado cerca de $ 800 millones de un monto por $ 1.000 millones. ¿El BCE ha utilizado la reserva internacional para financiar al Gobierno Central? Hay que decir las cosas como son. En 2015, el déficit comercial fue $ 2.000 millones. Por eso las reservas bajaron. Las reservas son el ‘estado de cuenta’ del país. Si importamos más de lo que exportamos, ese estado de cuenta se reduce. Por otra parte, se debe destacar que a fines de 2015 la reserva alcanzó $ 2.500 millones y sigue alrededor de ese monto. Para acceder a un crédito emergente, ¿cuándo comenzaron los contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)? El Gobierno Nacional ha sido claro con la población y con los organismos internacionales. No aceptamos condicionamientos a nuestra política pública. Por ello, la relación con el FMI experimentó inconvenientes porque esa institución estaba acostumbrada a decirles a los gobiernos ecuatorianos lo que deberían hacer. No obstante, como miembro  constitutivo del FMI, Ecuador tiene el compromiso anual de remitir información estadística sobre el desempeño de su economía. Unas veces esa información es pública y trasciende; otras veces esa información no es pública ni trasciende. Unas veces los técnicos del FMI vinieron al país a recolectar datos, otras veces los funcionarios ecuatorianos fueron hacia allá. Sin embargo, todos los años fue entregada la información. ¿A cuánto podría ascender el crédito otorgable por el FMI? Hicimos un acercamiento con el FMI porque tiene una línea de financiamiento para desastres naturales que no implica carta de intención ni un condicionamiento Stand By. El monto guardará relación con el cupo del país, es decir, podría llegar a $ 360 millones. Si llegamos a un acuerdo beneficioso para ambas partes, entonces se contratará esa línea de crédito. En caso contrario, no se lo hará y se buscarán otras fuentes de financiamiento. A propósito de las leyes urgentes tramitadas en la Asamblea, se ha dicho que la recaudación fiscal superará a los costos reales de la reconstrucción de las zonas afectadas. ¿Qué opina? Manabí produce el 5,8% del valor agregado nacional, esto es, $ 5.800 millones. Si las pérdidas equivaliesen solo al 25% de este monto, los costos serían $ 1.450 millones. Pero, probablemente, las pérdidas serán más altas. Para evitar elucubraciones, expertos internacionales efectuarán las valoraciones del impacto económico del terremoto para que nadie diga que estamos mintiendo. Con esos datos, el BCE establecerá cuánto se requiere invertir y cuál será el crecimiento del PIB. (I)