La implementación del programa económico generará ingresos estimados por $ 1.900 millones, explicó ayer el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, durante un conversatorio para explicar las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, la noche del miércoles.

De esa cantidad se deben descontar $ 300 millones correspondientes al sacrificio fiscal por los incentivos tributarios creados principalmente para estimular el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. El programa tiene como objetivo generar 16.000 plazas de empleo al año.

De la Torre inició su exposición señalando que “tenemos una economía difícil” y una deuda pública “en niveles que no son adecuados”.

Al igual que Moreno, el Ministro reiteró que el plan no constituye un ‘paquetazo’, porque no se tocaron los precios de los combustibles, suministro de energía, ni tampoco el impuesto al valor agregado (IVA).

Informó, además, que la próxima semana el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que contendrá todas las reformas tributarias.

Las reacciones son diversas entorno al programa. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), reconoció que no es un paquete de medidas que afecte a los más pobres; sin embargo observó que así como existen puntos favorables para ciertos sectores, también hay elementos “preocupantes”.

Por el lado positivo señaló al menos seis aspectos como la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta para las empresas con ganancias de hasta $ 300.000, las devoluciones tributarias para los exportadores, nuevas modalidades contractuales y, sobre todo, el compromiso de las autoridades de no crear nuevos impuestos o aumentar los vigentes.

Del otro lado anotó, entre otras cosas, que los aranceles que se piensan aumentar a 375 partidas “son una restricción comercial” similar a las salvaguardias.  A su criterio esto podría dar paso a que el contrabando prospere.

Aunque existen diferencias en ciertos aspectos, Martínez aclaró que “el diálogo con el Gobierno se mantiene”.

Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, calificó el anuncio del Mandatario como “medidas donde hay mucho hueso y poca carne”. Que se trata de un plan parecido al que se dio en los tres últimos años del gobierno anterior y que, a su juicio, no funcionaron.

Arosemena está de acuerdo con que se haya creado un beneficio para los microempresarios, pero cree que debe ser aplicado para todos. Con respecto al aumento de 3% al impuesto a la renta para sociedades dijo que son equivalentes a más de $ 200 millones anuales de inversiones productivas.

Christian Cisneros, directivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi), expresó en una entrevista radial que se muestra un “apoyo a la industria nacional” y a las Mipymes que representan el 95% del tejido empresarial, incluida  la economía popular y solidaria. El levantamiento del pago del anticipo ayudará a dinamizar sus procesos productivos. (I)

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El 82% de empresas no pagará anticipo del impuesto a la renta

Varios aspectos se resolvieron sobre el impuesto a la renta y el pago del anticipo de ese tributo. Para el segmento de micro y pequeñas empresas se establecieron estímulos significativos, indicó Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI).

La solicitada eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta (IR) regirá para los negocios que generen menos de $ 300.000 al año. De acuerdo con los cálculos oficiales se verán favorecidas más del 82% de sociedades.

De esta manera, explicó Orlando, se triplica el límite anual para ser considerada microempresa.

“No calcularán el anticipo mínimo del impuesto a la renta en función de los activos, costos y gastos, patrimonio e ingresos. Con eso, la figura del impuesto mínimo desaparece para este nuevo segmento”, aclaró. El 18% restante seguirá calculando con las cuatro variables.

A partir de la aprobación de la ley con la que se aplicarán los cambios tributarios, la nuevas microempresas que se creen tendrán una exoneración de dos años del IR.

A los emprendimientos ahora existentes se les dará como un incentivo adicional una franja exenta de sus utilidades del impuesto a la renta de $ 11.290, la misma que rige para personas naturales. Favorecerá a más de 36.000 empresarios.

“Quiere decir que aquellas sociedades o personas naturales que tengan utilidades hasta $ 11.290 no pagarán nada de impuesto a la renta, pagarán sobre el exceso de esa franja”, explicó Orlando. Solo el 3% del total de contribuyentes registran ingresos superiores a $ 300.000, añadió.

Para quienes cancelaron el anticipo del IR con un excedente, el SRI procederá a aplicar la devolución integral de manera inmediata. El 50% se reembolsará en 2018 y el resto el año siguiente.

La tarifa de IR para las sociedades volverá al rango vigente hasta 2010, pasando de 22.5% a 25%.

Orlando no precisión la razón de dicho incremento y a dónde se dirigirán los recursos que se obtengan por esta vía.

Este aumento no tendrá efecto en las micro y pequeñas empresas, ni en emprendedores que realicen actividades que garanticen un ingreso permanente de dólares al país, señaló el presidente Lenín Moreno durante la exposición del programa económico. (I)

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En 375 partidas se incrementarán las tarifas de aranceles

“A partir de hoy le declaramos la guerra al contrabando y la evasión tributaria”, sentenció Mauro Andino, director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Lo dijo porque una de las acciones que complementan el paquete económico es la lucha contra el ingreso de mercadería ilegal que genera competencia desleal a los empresarios.

En este sentido indicó que el contrabando genera pérdidas al Estado en aproximadamente $ 2.200 millones. Se establecerá un mecanismo para disuadir o cambiar el comportamiento de aquellos que pretenden defraudar. “Vamos a cobrar la tasa de interés cuando hacemos el control posterior para tratar de investigar quien está haciendo trampa”, dijo Andino explicando que el interés se cobrará sobre los rubros que no se cancelaron correctamente desde el momento de la desaduanización.

Según registros de la Aduana, el 70% de los productos importados ingresa al país pagando valores de entre $ 0,01 y $ 0,05 pero posteriormente son comercializados al público con precios elevados, lo cual, según palabras de Andino, evidencia que existe información falsa por parte de algunos importadores, además que representa una alerta en cuanto a la calidad de los bienes que vienen desde el exterior.

El presidente Lenín Moreno dio un ejemplo al respecto. Dijo que un par de zapatos, que en el exterior puede valer $ 10, son declarados falsamente a un precio de $ 5 para evadir impuestos. Y al consumidor final se lo vende en $ 40.

Por ello se fijarán aranceles a 375 partidas como una acción para proteger a la industria nacional. Andino explicó que se elevarán los porcentajes hasta los techos máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que pueden ser de 15%, 25%, 35% o 40%.

Regirá para bienes de consumo y larga duración como celulares, adornos, lámparas, manufacturas plásticas, equipos de sonido y amplificación, y demás. Aseguró que si dentro de las partidas constan materias primas o insumos “el impacto sería mínimo”.

Como medida complementaria se creará una tasa de $ 0,10 que servirá para el financiamiento de las actividades de control de contrabando en las aduanas. La Aduana ofrecerá una rueda de prensa hoy para explicar el procedimiento. (I)

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Presidente enviará proyecto de ley para repatriar capitales

Con el fin de incrementar los flujos de divisas hacia la economía ecuatoriana y fortalecer la dolarización se incentivará la repatriación de capitales.

Para viabilizarlo, el presidente de la República, Lenín Moreno, enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que incentive el retorno de dólares al Ecuador. “No tiene sentido que el dinero de los ecuatorianos financie el desarrollo de otros países. Les invito a confiar en este gobierno”, manifestó el Primer Mandatario este miércoles durante la cadena nacional en la que anunció las principales medidas económicas.

Agregó que a quienes traigan sus capitales productivos en los próximos 12 meses, se les exonerará del impuesto a la renta hasta cinco años.

A pesar de que no es posible tener un cálculo exacto de los fondos ecuatorianos en el exterior, las estimaciones oficiales indican que alrededor de $ 30.000 y $ 36.000 millones se encontrarían fuera del país.

En meses anteriores, cuando ya se adelantó que el frente económico trabaja en este proyecto de ley, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, indicó que el proyecto legal contemplaría incentivos tributarios y un régimen que proteja al inversionista extranjero o a aquel ciudadano ecuatoriano que retorne su riqueza desde el extranjero.

Las autoridades de control aseguraron que el proceso de retorno de capitales precautelará que todos los fondos que ingresen al país se encuentren en el marco de la ley. Este tipo de medida ya ha sido aplicada en América del Sur. En Argentina, por ejemplo, un 29% del dinero que se encontraba en el exterior se transparentó.

México, por su parte, adoptó la medida a inicios de este año. Entre los incentivos que se aplican en este país consta una tasa preferencial del 8% al impuesto a la renta que normalmente es del 30% al 35%.

El Gobierno mexicano dispuso que el capital que retorne, solo puede utilizarse para efectos de inversión productiva y no se podrá retirar, al menos en los siguientes dos años. Además, dichos fondos solo pueden ser utilizados para la adquisición de bienes de activo fijo, compra de terrenos y construcciones. Analistas internacionales coinciden en que la repatriación de capitales permite incrementar los ingresos al fisco. (I)

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Medidas de austeridad ahorrarán $ 500 millones al Estado

En su mensaje a la ciudadanía, el Primer Mandatario recordó el Decreto 135 referente a las medidas de austeridad y control del gasto corriente y de inversión. Estos ajustes generarán un ahorro de $ 500 millones al fisco.

“Se disminuyó en un 10% el sueldo de los servidores públicos que más ganaban; se limitó la contratación de consultorías y se racionalizó el pago de horas extras y de viáticos por residencia; se suprimió la compra de vehículos de lujo y los gastos innecesarios en pasajes y viáticos, entre otros”, explicó Moreno.

Dijo que estas medidas, junto con las anunciadas el miércoles, se enmarcan en el compromiso de reducir gradualmente el déficit fiscal. Actualmente, este rubro significa el 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y se pretende reducirlo a cerca del 1% en 2020.

“Esto solo será posible manteniendo una estricta política de austeridad, priorizando la inversión pública e impulsando alianzas público-privadas”, afirmó el Jefe de Estado. También acotó que se priorizarán las inversiones públicas mediante alianzas público privadas.

“Cumpliremos responsablemente con todos los compromisos internacionales y en los términos acordados. Este conjunto de medidas nos permitirá administrar la deuda del país, con mejores tasas y mejores plazos”, dijo el Mandatario.

Sobre los $ 500 millones de ahorro anuales que se generarán gracias al decreto de austeridad, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dijo ayer en una entrevista televisiva, que esa cifra parecería “insignificante”, pero en realidad es muy importante porque representa el 0,5% del PIB del Ecuador.

En temas de reducción de salarios, el Ministerio de Trabajo sostiene que con la reducción del 10% del salario de los servidores públicos de cargo jerárquico superior 2, el ahorro sería de un total de $ 107 millones anuales.

Para Juan Carlos Jácome, representante de EMS Consultores, dijo que el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno son políticamente idóneas. Sin embargo, considera que aún faltan políticas para reactivar la economía.

Para Jácome queda pendiente el tratamiento a las alianzas público privadas y medidas hacia la banca privada que deberían ser actores importantes en la reactivación económica del país. (I)

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La banca pública fomentará el acceso a créditos en el campo

Como estímulo para el sector rural y agropecuario del país, el Presidente de la República eliminará el impuesto a las Tierras Rurales.

Leonardo Orlando, director el Servicio de Rentas Internas (SRI), indicó ayer que ya existen otras normativas en torno a este sector y que con la eliminación de dicho impuesto se pretende aumentar la producción y por ende las plazas de empleo en el sector rural serán más.

Dicho tributo, que rige desde 2010 y es parte de la Ley de Equidad Tributaria, grava a la propiedad de terrenos de superficie mayor a 25 hectáreas. Según la página web de Rentas Internas, este año se cancela $ 11,29 por cada hectárea o fracción de hectárea que sobrepase las 25 o 70 hectáreas según el caso.

La banca pública jugará un papel importante en la dinamización del sector agrícola y en la promoción de emprendimientos. Así lo sostuvo Rubén Flores, presidente del Directorio de BanEcuador.

Indicó que el trabajo de la banca pública se enfocará en el 30% de la Población Económicamente Activa del país y que pertenece al sector rural y del cual, dos  millones son autoempleados.

En este contexto, Flores dijo que para consolidar la inclusión financiera para este sector se fortalecerá el acceso a créditos, los fondos de garantías y sobre todo habrá flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, para los campesinos, Flores indicó que sus contratos laborales (muchas veces temporales) podrán utilizarse como garantía para acceder a un préstamo, así como un plan de negocios para el caso de los emprendedores.

El funcionario también recordó que tanto la entidad a la que él representa, como la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco del Pacífico ya ofrecen nuevas líneas de crédito, con tasas de interés bajas y con mejores periodos de gracia. Por otra parte, los servicios no financieros también son relevantes para el sector agrícola. En este sentido se fortalecerá el control al contrabando de productos en las fronteras; se promoverá la asociatividad entre los agricultores y se reforzará la educación financiera.

Estos objetivos van de la mano con los de la Gran Minga Agropecuaria que creará 40.000 plazas de empleo en los próximos cuatro años. (I)

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El pago del Impuesto a la Salida de Divisas no se reformó

Cuidar la dolarización es la prioridad para las autoridades del país. En este sentido se mantiene el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Este tema fue ampliamente analizado por el frente económico y los representantes del sector privado, pero finalmente no hubo consenso para una reforma.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre explicó que el Ecuador “no puede correr el riesgo” de que las divisas salgan del país.

El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, explicó, en una entrevista anterior con este diario, que el impacto fiscal de levantar el ISD sería de $ 1.080 millones anuales. Explicó que este impuesto cumple un importante rol de regulación del flujo indiscriminado de divisas hacia el exterior.

El presidente Moreno recordó a la ciudadanía que los pagos de capital e intereses de créditos a más de un año, no cancelan este impuesto y tampoco lo pagan las utilidades enviadas al exterior.

Lo que sí se acordó es que para los exportadores habituales se reactive el mecanismo de devolución simplificada de impuestos, los Certificados de Abonos Tributarios (CAT) y Drawback.

Otra medida para fortalecer el sistema monetario y que ya se la había anunciado en ocasiones anteriores es el impulso del dinero electrónico. “Es momento de entrar sin temores al uso de la tecnología (...). Hemos acordado que las cooperativas y los bancos operen el dinero electrónico, pero bajo la supervisión y control del Estado”, dijo el Primer Mandatario.

Para que la banca privada pueda manejar el dinero electrónico, se deberían modificar al menos dos artículos del Código Monetario y Financiero. El primero es el 94, que establece que el Banco Central del Ecuador (BCE) “es la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional o electrónica”.

El segundo es el 101 que señala que “la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el BCE, respaldada con activos líquidos, sobre la base de las políticas y regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”.

Sin embargo, aún no se conoce cuándo se realizarán las reformas. Las cooperativas, en cambio, prevén implementar este sistema de pago a fines del año 2017. (I)