Tras 19 años, el Continental deberá pagar $ 191 millones (Infografía)

Con la aprobación de la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras, que fue emitida en el gobierno de Sixto Durán-Ballén y publicada en el Registro Oficial 439 del 12 de mayo de 1994, varios banqueros recibieron préstamos del Banco Central del Ecuador (BCE). Con este mecanismo pudieron otorgar créditos a familiares o amigos.

Banco Continental fue el primer caso, al recibir entre 1995 y 1996 alrededor de $ 200 millones por concepto de crédito subordinado y préstamos de liquidez del BCE.  

Las autoridades de la Junta Monetaria (Ana Lucía Armijos, actual funcionaria del Fondo Monetario Internacional) y del BCE (Augusto de la Torre, quien ocupa al momento el cargo de jefe del Banco Mundial para América Latina) aprobaron el 20 de marzo de 1996 un crédito subordinado por  $ 156 millones aproximadamente para ‘fortalecer’ el patrimonio del Banco Continental, de acuerdo con el art. 147 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

Dicho préstamo, a una tasa del 37%, se condicionó a la firma de un contrato de fideicomiso mediante el cual el BCE asumió el control de la dirección y administración del “nuevo” Banco Continental, incluidas sus subsidiarias y filiales.  Pese a que la entidad recibió el crédito, la situación se agravó y el BCE  la intervino en ese mismo año (ver infografía).

La Superintendencia de Bancos removió a Leonidas Ortega del cargo de presidente del directorio del Continental y nombró el 25 de marzo de 2006 al economista Pablo Lucio Paredes en su lugar.

Este diario intentó comunicarse con Paredes para obtener una versión con respecto a la labor que realizó durante los 4 meses que estuvo en el cargo, pero él contestó vía correo: “La verdad, no me interesa mucho hablar de algo tan lejano. Mejor hablemos de lo que sucede hoy”.

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El catedrático y analista político Hernán Ramos recordó que “los Ortega-Trujillo salieron del negocio luego de comprobarse que, a través de una sofisticada ingeniería bancaria (incluida la piramidación de capitales y el uso intensivo de su banco ‘off shore’ para mover inmensos recursos de Ecuador hacia el exterior) habían vaciado el patrimonio de la entidad. Esta crisis tuvo un altísimo costo financiero para la banca privada en términos de credibilidad”. Luego de ello, el 1 de junio de 1996, Leonidas Ortega acusó de peculado a Augusto de la Torre y sostuvo que la Superintendencia de Bancos conocía del aumento de capital.

La caída del Banco Continental es señalada por los analistas e investigadores como el inicio de la crisis financiera de 1999, que no solo desencadenó en efectos sociales como suicidios, enfermedades, quiebra de negocios, sino con la destrucción de la moneda nacional, y la posterior dolarización.

Tras el feriado bancario, decretado en el Gobierno de Jamil Mahuad, se congelaron $ 1.840 millones en depósitos y se produjo el éxodo obligado de más de 2 millones de ecuatorianos.  

Libertinaje bancario

De acuerdo a Jorge Rodríguez, ex vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), uno de los impulsores de la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras fue Gustavo Ortega Trujillo, superintendente de Compañías de ese entonces y hermano de Leonidas Ortega Trujillo, dueño del Banco Continental.

La Ley General del Sistema de Instituciones Financieras, según analistas, dio paso al libertinaje, el cual desembocó luego en la mayor crisis financiera del país.

“Esta ley concedió más libertades para los créditos vinculados y para obtener préstamos del Estado, a más del debilitamiento a los controles que antes llevaba la Superintendencia de Bancos y Seguros. Incluyó la autorización para evadir controles directos con la banca ‘of-shore’, trastienda posterior de enjuagues contables para maquillar la contabilidad de una parte de la banca domiciliada en el país”, dijo Rodríguez en su artículo ‘Cuantificación de un monumental atraco’.

Diego Martínez, presidente del directorio del BCE, recordó que entre 1994 y 1995 se aprobó un conjunto de leyes que tenían el objetivo básico de liberalizar el sector financiero.

Es decir, se permitió que dieran créditos de forma más amplia y con menos restricciones.

Con lo cual aparecieron créditos vinculados, un manejo completamente liberalizado de las tasas de interés que se ponían a cualquier nivel, y poca regularización. También se relajaron los demás controles sobre la banca.

“Debemos acordarnos de los famosos créditos vinculados que eran otorgados por el banquero a sí mismo a través de testaferros, empresas, amigos, parientes y demás. Créditos que no eran pagados y ocasionaban perjuicio al banco”, aseveró Martínez, quien recalcó que esta situación se resolvió y políticamente ha sido uno de los temas más importantes que ha propuesto este Gobierno: el banquero debe ser banquero y nada más.

Martínez resaltó que en 1995 hubo un precedente importante, el salvataje del Banco Continental; ese fue un segundo elemento que puso en escena algo que luego se transformó en factor común. Si algo pasaba en un banco, el Estado lo intervenía.

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“El costo del salvataje del Banco Continental fue grande. Este andamiaje legal con el antecedente del salvataje luego terminó con la expedición de la Constitución de 1998, que por un lado prohibía que el BCE otorgue préstamos a bancos en problema.

 Luego se introdujo la transitoria 42 en la que se permitía que el BCE dé préstamos a entidades con problemas por el plazo de 2 años, hasta que el país contara con mecanismos adecuados.

Para Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha (CEP), las acciones que realizaron los propietarios del Banco Continental fueron el inicio de la crisis financiera que afectó al país.

“Los señores Ortega fueron el mal ejemplo que siguieron el resto de banqueros corruptos para perjudicar al Estado”.

Para Albán, la sentencia emitida el lunes por el Consejo Privado de la Corte de la Reina sienta un precedente, “si hay una jurisprudencia a nivel internacional, el Estado ecuatoriano va a poder recuperar lo que perdió en esos años. Pero el tema no debe concluir con la sentencia, sino se debe pedir una reliquidación con peritaje ecuatoriano y con los más altos intereses que tiene el BCE”.

A criterio del representante provincial de los economistas, la deuda de los hermanos Ortega con el Estado podría superar los $ 300 millones.

“Nosotros ya hicimos una simulación en el Colegio y determinamos que las tasas de Estados Unidos o de otros países son inferiores a las de Ecuador, por lo que ahorita, con la sentencia se les está favoreciendo al dictaminar que paguen los casi $ 192 millones”, explicó Albán.

Estado ganó demanda

Tras casi 19 años de litigio, el Consejo Privado de la Corte de la Reina le dio la razón el lunes al Estado ecuatoriano en su demanda en contra de Conticorp y los hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega, a quienes condenó a pagar $ 191,9 millones por indemnización de daños más intereses y costas. La Corte aceptó los argumentos de Ecuador y concluyó que las transacciones efectuadas por los demandados con los créditos del Banco Central del Ecuador fueron fraudulentas.

El juicio iniciado por el BCE buscaba la recuperación de los valores que esta entidad concedió al Banco Continental como préstamos de liquidez que, de manera fraudulenta, fueron desviados a otras compañías del Grupo y, más tarde, reemplazados por activos sin valor. El Estado deberá volver a las Cortes de las Bahamas para la liquidación final del monto que los hermanos Ortega deben pagar a Ecuador.