Cecilia Olivet, presidenta de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa), entregó este lunes al presidente de la República, Rafael Correa, el informe final de auditoría de los 27 TBI. 

"Los TBI no han sido determinantes en la atracción de la inversión extranjera al país", sostuvo Olivet al exponer un resumen de un informe de casi 700 páginas. El trabajo de investigación duró dos años. 

Explicó que Ecuador está entre los países de la región con más TBI, sin embargo recibe solo el 0,79% de la inversión extranjera directa (IED) que llega a América Latina y El Caribe.

El principal flujo de IED proviene de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador no tiene TBI. Además, de los 7 grandes inversores externos, solo el 23% viene de países con TBI, añadió la titular de Caitisa.

El informe detalla que los TBI menoscaban los objetivos de desarrollo planteados en la Constitución de 2008, que estipula que la inversión extranjera debe estar sujeta a la potestad regulatoria orientada a objetivos de planificación nacional. 

Olivet indicó que mientras las promesas de inversiones y desarrollo no se materializaron, los costos han sido extraordinarios. "El gobierno más atacado ha sido este, señor presidente", dijo al señalar que en el periodo de 2006 - 2015 se registra el 71% de las demandas. Asimismo el sector de mayor demandas es el petrolero. 

El total de las demandas de inversores contra el Estado ha sido de $ 21.200 millones, de los que ya se han desembolsado como pago $ 1.498 millones. De estos, $1.342 millones ha ido a Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble Energy; mientras $ 156 millones a árbitros y bufetes de abogados.

Olivet destacó que $ 1.498 millones representa el 31% del presupuesto de educación, 62% de salud y vivienda para 239.000 familias.

Aún quedan las demandas en casos pendientes que suman $ 13.410 millones, es decir el 52% del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2017. 

Como los principales hallazgos, la representante de la Caitisa explicó que en la firma de los TBI no hubo un proceso de negociación. En la mayoría de los casos no hubo debate legislativo previo a la aprobación.

Además, la ratificación de la Convención del Ciadi se dio por ratificada saltándose el paso de votación legislativa necesaria. 

Entre las recomendaciones de la Comisión constan el concluir el proceso de denuncia de los TBI; diseñar contratos internacionales de inversión con derechos restringidos y obligaciones para los inversores. Además, que los nuevos tratados se hagan con base a un modelo alternativo de tratado de inversión.

En su intervención, el presidente Correa recalcó el fracaso de losTBI en su propósito de atraer la inversión extranjera directa. "Hay inversión extranjera directa empobrecedora, por ejemplo Chevron-Texaco que destruyó nuestra selva", dijo. 

Añadió que "los TBI son el corolario vergonzoso de la supremacía del capital sobre los seres humanos". 

Correa recordó que Chevron demandó al Estado ecuatoriano invocando el TBI firmado con EE.UU., lo cual no aplica para un juicio entre privados: Frente Amazónico contra Chevron, pero aún así el tribunal se declaró competente en el juicio. Además, Texaco dejó el país en 1992 y el TBI se declaró vigente 5 años después.

El Mandatario subrayó que el informe entregado por la Comisión "nos ayudará en la ejecución del proceso de denuncia de los TBI". (I)

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Ecuador apelará en La Haya

Este martes se realizará en La Haya (Países Bajos) la audiencia de apelación dentro de la acción de nulidad que el Estado planteó contra los laudos interinos y el laudo de jurisdicción emitidos por parte del Tribunal Arbitral que conoce el arbitraje conocido como Chevron III.

La acción, planteada el 7 de enero de 2014, pretende dejar sin efecto el laudo de jurisdicción por el cual el Tribunal arbitral se declaró competente para conocer la demanda de Chevron-Texaco.

También se tramitarán los laudos relativos a medidas provisionales que requerían que el Estado tome acciones para evitar la ejecución de una sentencia emitida dentro del Juicio de Lago Agrio, mediante la que se condena a Chevron-Texaco por la contaminación ocasionada en la Amazonía ecuatoriana. (I)