La discusión sobre qué es (o debe ser) considerado como deuda pública y qué no sigue confrontando las opiniones de las autoridades económicas con actores políticos de oposición en torno al nivel de endeudamiento del país.  

Por el lado oficialista se mantiene la posición de que Ecuador se encuentra dentro del límite legal permitido (40% del PIB) con base en la deuda consolidada, como lo establece el Decreto Ejecutivo 1218 (octubre 2016). En la otra orilla se advierte que la deuda superaría el 50% o incluso más si se consideran todas las obligaciones del Estado.

Los recientes cuestionamientos de la oposición tienen como argumento los números presentados el 28 de julio por el presidente de la República, Lenín Moreno, cuando expuso un diagnóstico de todas las obligaciones y pasivos (ver infografía). Además critican que en el Presupuesto General del Estado (PGE) los rubros asignados al servicio de la deuda (alrededor de $ 11.000 millones) son mayores a lo invertido en salud y educación (cerca de $ 8.000 millones).  

Pero el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, explicó a EL TELÉGRAFO que el servicio de la deuda depende de factores intertemporales, porque de acuerdo a cómo se ha ido contratando la deuda hay años en los que se debe pagar el capital de bonos, créditos, y otros en los que solo se cancelan los intereses.

“Resulta que en 2017 ya hay que pagar algunos de esos intereses, parte de ese capital y evidentemente eso supera lo que por ley está asignado a ciertos espacios dentro de la política social del gobierno y del Estado ecuatoriano”, detalló y agregó que si se logra reducir el déficit fiscal el servicio de la deuda para el presupuesto de 2018 y los años subsecuentes tendrá una menor carga.

Por otro lado, De la Torre recalcó que no todo debe ser catalogado como deuda pública, acorde a lo establecido en manuales internacionales y normativa vigente en el país.

Según esto, agregó, no se toma en cuenta la deuda entre las propias entidades del Estado. Por ejemplo, las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas pueden contraer deuda o emitir bonos debido a sus características de operación.

“Todas esas operaciones financieras son para reforzar a invertir en actividad y no entran dentro del PGE”, puntualizó y aclaró que lo que se paga desde el presupuesto compete al manejo fiscal del gobierno central; y lo generado por las empresas públicas se cubre sobre la base de su operación.

Al ser consultado sobre las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o con el Banco Central del Ecuador (BCE) respondió que en el presupuesto está lo que se va a amortizar en el período y los intereses que se van a pagar, no la totalidad.

Con respecto al informe de Moreno, De la Torre señaló que fue un ejercicio de transparencia en donde se consideraron hasta los contingentes que aún no son deuda, pero que en el futuro podrían serlo. “Pero no es que tenemos que sumar los unos con los otros”, precisó.

En torno al tema se han hecho comparaciones de que la deuda interna es como si el esposo le pidiera prestado a su cónyuge; y la consolidada serían los pendientes con tarjetas de crédito, así lo retrató el propio Ministro en un conversatorio en julio. Un ejemplo similar  fue empleado por el asambleísta Augusto Espinosa (AP) durante la aprobación del PGE, el 25 de agosto.

En el debate de la proforma el legislador Luis Fernando Torres (PSC) reprochó el mensaje y expuso que “no puede haber ninguna equivocación para esconder las verdaderas deudas que no se quieren pagar por parte del gobierno al IESS”.

El lunes por la noche Moreno refutó esa comparación durante su informativo semanal. “Se ha dicho que lo que el Estado y las empresas públicas deben, más los anticipos de ventas petroleras, son como una deuda dentro de la familia y que no hay ningún problema con eso. Es totalmente falso”, insistió el Mandatario y explicó que toda persona a la que se debe tiene también deudas con proveedores, empresas y más.

Aseguró que el programa económico fue diseñado para superar las dificultades del presente año. Negó que se aproxime un ‘paquetazo’ de medidas económicas, como lo ha insinuado en varias ocasiones el vicepresidente Jorge Glas.

El Presidente dijo que no habrá endeudamiento irresponsable. Que se planificará con austeridad, serenidad, generando acuerdos. “Quien quiera que asuma la conducción del país debe transparentar la situación económica. Y yo, como no podía ser de otra manera, lo hice ya en su momento”, manifestó el Jefe de Estado reiterando que el país atraviesa “una situación compleja” con obligaciones reales.

Glas, en una entrevista radial, expuso nuevamente sus diferencias con Moreno. Dijo que antes de la ruptura habló con el Presidente sobre que “veía un mensaje económico distorsionado que pretendía, con cargo al gobierno anterior, poder presentar medidas económicas en contra del pueblo ecuatoriano”.

De la Torre visita a multilaterales

Desde el lunes el Ministro de Finanzas cumple una serie de encuentros en Washington D.C. (Estados Unidos), que incluyen a organismos multilaterales de los que el país es miembro o parte de sus directorios, informó la cartera de Estado.

Según la agenda, ayer De la Torre se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para hoy se tiene prevista la presentación de la ‘Visión general sobre los desafíos de desarrollo del Ecuador’ ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mañana De la Torre dialogará con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. Además participará en una conferencia internacional. La gira finalizará el viernes con el encuentro con el Banco Mundial (BM).

El objetivo de la visita a EE.UU., indica el Ministerio, es fortalecer la presencia de Ecuador en los principales espacios de cooperación financiera y económica nacional. (I)

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Tarifas de dinero electrónico están por definirse

Las tarifas que se cobrarán por utilizar dinero electrónico se definirán una vez que la competencia pase completamente a manos del Sistema Financiero Nacional (banca pública, privada y cooperativas), informó ayer Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), en una entrevista en EcuadorTV.

La expectativa de la Asociación es tener lista su propia plataforma, a través de Banred, dentro de 5 meses. Cuando el sistema, al que denominan billetera electrónica, esté listo las tarifas y operaciones van a ser reguladas por el Banco Central del Ecuador (BCE), la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos.

Añadió que el mayor costo que tienen las billeteras electrónicas es la interconexión con las operadoras de telefonía móvil, por lo que observa pertinente llegar a un acuerdo donde el Gobierno, los bancos y las telefónicas puedan determinar tarifas similares a las que negoció el BCE, de tal forma que los costos sean similares a las plataformas actuales.

Al oficializarse la decisión de que el sistema financiero asuma el manejo del dinero electrónico surgieron fuertes críticas sobre los banqueros, a lo que Prado respondió que siempre consideró que la idea era buena, pero mal implementada, porque al estar en manos del BCE existía el riesgo de una emisión inorgánica, lo cual representaría un riesgo para la dolarización. (I)