La crisis bancaria de 1999 tuvo dos víctimas: los depositantes y los Deudores de buena fe. Ambos grupos luchan por cerrar aquel capítulo negro en la historia del país.

Los primeros esperan recuperar el dinero de sus ahorros, mientras que los segundos buscan la manera de terminar definitivamente con las deudas que los encadenan desde entonces y por las cuales, afirman, en muchos casos se han pagado elevadas sumas de dinero sin que la situación llegue a su fin.

Fue en 2012 cuando Cecilia Bossano decidió formar el colectivo ‘Deudores de buena fe’, tras perder un litigio laboral con el desaparecido Filanbanco por $ 190.000, dinero que le habría servido para cancelar por completo créditos adquiridos con esa institución y con La Previsora.

Después de eso, Bossano reunió a personas que resultaron perjudicadas luego de contraer préstamos con las entidades financieras cerradas. Además, con el paso del tiempo, sus deudas aumentaron a causa de la imposición de intereses sobre intereses.

“Hasta el momento han podido salir las personas que cancelaron  más de la deuda. Estamos pagando justos por pecadores”, reclamó Bossano.

Con documentos en mano, aseguró que ha sido víctima de adulteración y falsificación de información involucrándola en litigios en los que, afirma, no tiene relación. Estos procesos han elevado su deuda hasta acercarse a $ 900.000.

Al igual que otros perjudicados, sostuvo que, sin razón alguna, en varias ocasiones se le negó la posibilidad de pagar parte de lo adeudado.

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), la crisis bancaria dejó 3.138 deudores que acumularon $ 4.403’385.433 por 5.412 operaciones. De eso, 522 deudores registran recálculos efectuados por un total de $ 115’943.370.

Se concedieron 303 créditos vinculados por un monto de $ 1.290’415.574 a través de 1.186 operaciones.

“Los ‘Deudores de buena fe’ siempre tuvimos garantías y fuimos sujetos de crédito. No causamos el feriado bancario, eso lo hicieron los banqueros con los créditos vinculados”, añadió Ricardo Ruperti, perjudicado por una operación con el banco Filanbanco en 1994 que involucró a una camaronera hipotecada por la institución.

En 1996 el negocio decayó por lo que propuso extinguir la obligación con una reestructuración a largo plazo, pero Filanbanco se negó.

En medio de un entramado confuso de acciones legales, en los años posteriores el banco no aceptó las ofertas de pago. La propiedad, que ahora está en manos del BCE, estuvo en medio de procesos coactivos impidiendo que la deuda original sea saldada.

“La garantía original de mis obligaciones con Filanbanco tiene 18 años embargada”, indicó Ruperti. Manifestó que puso en el “mismo saco” a quienes se aprovecharon de los depositantes con aquellos que solicitaron créditos productivos.

Las obligaciones del exempresario ascienden a $ 4,5 millones, entre otras razones, por operaciones que aseguró no haber efectuado.

Bossano y Ruperti recurrieron a trabajos informales, préstamos con familiares y toda clase de alternativas para subsistir en los últimos 20 años. Reconocen que desde 2013 se empezó a distinguirlos como parte de los afectados. Denunciaron abusos, desinterés e inoperancia por parte de funcionarios públicos.

Piden reformar la Ley de Cierre de la Crisis Bancaria y crear una comisión auditora independiente. A su juicio, la información que maneja el BCE no es real porque se asumió como verdad lo dicho por aquellos que causaron el problema. (I)

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La ley es prioridad en la agenda legislativa

Este viernes, 24 de febrero, se entregaría el informe para primer debate de la Ley de Reestructuración de Deudas. Lo confirmó el asambleísta Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico.

De ser así, el pleno de la Asamblea Nacional podría ser convocado la siguiente semana, después del feriado de carnaval, según los cálculos del parlamentario.

Por tener carácter de urgente en materia económica la norma debe ser resuelta en 30 días a partir de que fue recibida por la Función Legislativa. En este caso el plazo vencerá a mediados de marzo.

A raíz de las últimas sesiones al interior de la comisión los asambleístas evalúan ampliar el universo de beneficiarios en la reestructuración de deudas con la banca pública y cerrada.

El proyecto original hace referencia a mecanismos de pago para los deudores de buena fe de la crisis bancaria; y a condonaciones de intereses y recargos de campesinos y pescadores con créditos en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en liquidación.

La idea es agregar a artesanos, comerciantes, promotores de turismo y servicios impactados con el proceso de liquidación del BNF, indica un comunicado de la Asamblea Nacional.

Se la incluiría después de un análisis que mida el impacto económico que esto significaría. Podrían beneficiarse más de 30.000 personas que tienen créditos con la antigua entidad financiera, resalta el Legislativo. (I)