El jueves pasado, la ‘Cumbre Anticorrupción 2016’, realizada en Londres bajo el auspicio del Gobierno de Reino Unido, arrojó pocos resultados concretos.

Con anterioridad a la cumbre, Global Financial Integrity, Global Witness, Oxfam, Tax Justice Network y otras organizaciones no gubernamentales realizaron campañas para empujar a la cumbre hacia un objetivo claro.

Se trataba de la configuración de los elementos básicos de un régimen internacional que pudiese crear normas vinculantes para todos los países en materia de control de los desplazamientos de capitales hacia los paraísos fiscales. Sin embargo, este propósito permaneció fuera de la ‘Declaración Global contra la Corrupción’.

Quienes la firmaron adquirieron compromisos laxos: “exponer la corrupción donde se encuentre; perseguir y castigar a quienes la ejecutan, facilitan o encubren; y asegurar que no se incruste en nuestros gobiernos, negocios y comunidades”.

En términos sustantivos, la cumbre arrojó adscripciones a compromisos parciales para mejorar la información empresarial existente al interior de cada país. En ese sentido, reportó AFP, Reino Unido, Holanda, Nigeria, Afganistán, Kenia y Francia anunciaron la creación de registros públicos de empresas cuyo propósito sería evidenciar a los beneficiarios finales de los activos financieros depositados en los paraísos fiscales.

La ley federal estadounidense es el referente internacional

Dado que la ‘Cumbre Anticorrupción’ no pretendió conformar normativas interestatales propiamente dichas, los estándares estadounidenses moldean los principales mecanismos actualmente en uso para el intercambio automático y compulsivo de información sobre los paraísos fiscales y sus clientes.

En marzo de 2010, en Estados Unidos, se aprobó la ‘Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras’ (Fatca, por sus siglas en inglés). Se trata de un cuerpo jurídico federal que obliga al intercambio electrónico de información financiera sobre cuentas.

Aquella norma contiene disposiciones que obligan a personas naturales y jurídicas. También, en cierta medida, aquellas pretenden facilitar la colaboración entre gobiernos.

En el ámbito de las personas naturales, la Fatca se aplica a quienes viven en Estados Unidos y a los ciudadanos estadounidenses que residen fuera de su país. Al efectuar su declaración anual de rentas, las personas deben informar sobre los activos financieros que mantienen en los territorios ultramarinos.

En el caso de las personas jurídicas, las instituciones financieras no estadounidenses pueden registrarse como ‘intermediarios globales’ ante el Servicio de Rentas Internas para, eventualmente, informar sobre cuentas estadounidenses.

En cambio, las instituciones financieras estadounidenses deben retener el 30% de ciertos pagos a entidades extranjeras que no hayan documentado adecuadamente su estatus ante la Fatca y, a su vez, deben informar sobre entidades no financieras extranjeras.

Los británicos se apegaron a su enfoque tradicional de política

En lo relativo a iniciativas gubernamentales para controlar activos financieros, Reino Unido hizo su mayor esfuerzo en 2009 cuando, a petición del canciller de Hacienda, se presentó el ‘Examen Independiente de los Centros Financieros Británicos en Ultramar’.

En este informe, las detalladas recomendaciones de política estuvieron centradas en la necesidad de aumentar las regulaciones y los estándares que hay en Anguilla, Bermuda, las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, Gibraltar y las islas Turks y Caicos. Sin embargo, no se cuestionó su existencia.

A similitud de ese entonces, en la ‘Cumbre Anticorrupción 2016’, Gran Bretaña mantuvo sin mayores cambios sus territorios ultramarinos que operan como refugios fiscales. El costo fiscal del mantenimiento del actual orden financiero internacional, sin embargo, no es bajo. En 2015, en ‘La Riqueza Oculta de las Naciones’, Gabriel Zucman estimó empíricamente que $ 6.100 millones de millones (o billones) no se declaran como consecuencia del desvío de dinero hacia paraísos fiscales (infografía). (I)

Gran Bretaña anunció sus medidas contra lavado de dinero y evasión fiscal

Después de concluida la ‘Cumbre Anticorrupción’, se confirmó que Gran Bretaña anunció que todas las compañías extranjeras que tengan propiedades en el país deberán declarar públicamente sus bienes para evitar el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Las empresas deberán enrolarse en un nuevo registro en caso de poseer propiedades en Reino Unido o, también, en caso de buscar competir por contratos gubernamentales.

El anuncio fue hecho en el Lancaster House de Londres encabezado por el primer ministro británico, David Cameron (foto).

A la ‘Cumbre Anticorrupción’ fueron invitados 40 países, organizaciones no gubernamentales y entidades financieras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre los mandatarios asistentes estuvieron  Juan Manuel Santos (Colombia), Ashraf Ghani (Afganistán) y Muhammadu Buhari (Nigeria). También, en representación de Estados Unidos, asistió John Kerry, secretario de Estado.

“La corrupción es enemiga del progreso y está en la raíz de muchos de los problemas del mundo”, dijo Cameron, anfitrión del encuentro, asegurando que la cumbre colocará el tema “en lo más alto de la agenda internacional, donde pertenece”.

Un portavoz de Downing Street indicó que los planes del Gobierno británico para el nuevo registro de compañías extranjeras que cuenten con propiedades en Reino Unido incluirán a aquellos que ya tienen casas y mansiones en el país, como los que buscan adquirirlas.

“Ese registro hará que países e individuos corruptos no puedan trasladar, lavar o esconder fondos ilícitos a través del mercado de la propiedad de Londres, y no se beneficien de nuestros fondos públicos”, agregó el vocero oficial de Cameron.

De acuerdo a cifras oficiales del Gobierno británico, las compañías extranjeras son dueñas de, por lo menos, 100.000 propiedades en Inglaterra y Gales. De ese total, 44.000 viviendas están localizadas en Londres.

En tanto, Cameron indicó que algunos territorios británicos de ultramar y dependencias de la corona se sumarán a otros 33 países para acordar compartir de forma automática sus propios registros de bienes de compañías, información que podrá ser accedida por la Policía y los servicios de seguridad.

Matthew Hancock, ministro del Gobierno británico para el Gabinete, declaró a la BBC que “ya no importará dónde se haya registrado una compañía, si cuenta con propiedades en Londres o vende bienes del Gobierno, deberá declarar todos sus bienes”.

Por otra parte, durante la cita internacional en la capital británica, el Gobierno conservador anunció planes para la creación de un nuevo centro de coordinación anticorrupción en Londres.

También, se confirmó que Gran Bretaña ampliará la pena por delitos de actos ilícitos corporativos para aquellos que cometan fraude o laven dinero dentro de sus compañías.

“La corrupción es el cáncer en el centro de muchos de nuestros problemas en el mundo hoy día”, afirmó Cameron.

“Destruye fuentes de trabajo, frena el crecimiento y le cuesta a la economía mundial miles de millones de libras esterlinas cada año”, agregó.

Según Cameron, la corrupción “atrapa a los pobres en la pobreza más desesperada, debido a que gobiernos corruptos en el mundo desvían fondos y previenen que los trabajadores se beneficien del crecimiento económico que les corresponde”.

Sin embargo, el jefe de la principal organización financiera de las Islas Caimán, Jude Scott, cuestionó la efectividad de un nuevo registro público de bienes e intereses de compañías en centros offshore.

Scott, jefe de la firma Cayman Finance, dijo a la BBC que su territorio, como también las Islas Vírgenes Británicas, “ya acordaron compartir dichos detalles con las autoridades impositivas y agencias de control para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero”.

El directivo dijo que el registro solo será efectivo si es parte de un acuerdo con todos los países del G-20 y los principales centros financieros internacionales.

En ese sentido, el ministro de Servicios Financieros de las Islas Caimán, Wayne Panton, afirmó al periódico Financial Times que el registro público “solo funcionará si la información provista es verificada”.

Esta semana, Cameron generó mucha polémica al ser grabado mientras afirmaba que Nigeria y Afganistán, que participaron en la cita internacional en Londres, son “increíblemente corruptos, posiblemente, los dos países más corruptos del mundo”.

La conversación fue captada por una cámara durante un evento celebrado en el Palacio de Buckingham con motivo del 90 cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra.

“Hemos tenido una reunión de gabinete muy exitosa esta mañana. Hablamos de nuestra cumbre contra la corrupción. Van a venir a Gran Bretaña algunos líderes de países increíblemente corruptos”, decía Cameron durante la charla. (Leonardo Boix, corresponsal en Londres) (I)