Los contratiempos del sector hidrocarburífero no son exclusivos de la Refinería de Esmeraldas. El informe presentado el martes por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, revela que existen inconvenientes en, al menos, tres proyectos más.   

El primero de ellos es el Poliducto Pascuales Cuenca, construido por la empresa brasileña Odebrecht, cuyo presupuesto final aumentó en $ 183 millones (ver infografía).

Es una de las cinco obras ejecutadas por la firma extranjera y que son investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestas irregularidades. También es motivo de un litigio emprendido por Petroecuador en contra de la compañía  Caminos y Canales (Caminosca).

El poliducto tiene una extensión total de 215 kilómetros divididos en dos tramos: Pascuales-La Troncal y La Troncal-Cuenca. Transporta gasolinas Súper y Extra, Diésel y gas licuado de petróleo (GLP).    

Las pruebas de operación fueron en febrero de 2016 augurando efectos positivos para el país.    

Pero la realidad descrita por Pérez es distinta. Tiene problemas constructivos, la infraestructura no opera a la capacidad de diseño, ha habido un deterioro prematuro de la planta. No funciona el sistema automatizado para el despacho de combustibles y también existen problemas legales en la ejecución.

“Esto puede causar un incremento de costos porque, si se para el sistema, tendremos que volver a otro tanque los combustibles, lo cual no es algo que queremos hacer”, manifestó el ministro, advirtiendo sobre la posibilidad de una afectación a la zona sur del país.

¿Qué acciones se emprenderán? Ante las fallas y los supuestos actos irregulares el Gobierno terminó unilateralmente el contrato con los proveedores y se reclaman las garantías. Ahora trabajarán con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que se haga cargo de las soluciones que requiere el poliducto.

El siguiente en la lista de proyectos con dificultades es Monteverde- El Chorrillo (constituye la Terminal Marítima, Estación de Bombeo, Ducto de GLP y Terminal El Chorrillo), ubicado en las provincias de Santa Elena y Guayas e inaugurado en junio de 2014.

Así como ocurrió con los recursos destinados al poliducto, el costo  final de Monteverde fue $ 182,6 millones más que el valor inicial.

Al cabo de 3 años, la cartera de Hidrocarburos halló que falta la instalación de sistema de protección catódica de muelle que provoca corrosión progresiva de pilotes.

Hay problemas en muelle para el atraque de los buques de importación de propano y butano, y existen  observaciones de urgente aplicabilidad por parte de la certificadora para su operación.

“El muelle puede colapsar, afectando el suministro de gas al país. Es algo que no podemos permitir, así como pérdidas económicas por la reparación de un sistema que debería estar funcionando adecuadamente”, previno Pérez.

La solución que se propone es la contratación del diseño y construcción del Sistema de Protección Catódica del muelle, duques de alba y más infraestructura necesaria en la terminal.

El último proyecto que requiere de una intervención es la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto, inaugurada en 2011, y que está localizada en la provincia de El Oro. Su costo también se incrementó en $ 30 millones adicionales a lo inicialmente previsto.

Aquí los inconvenientes no son recientes. En 2015 y 2016 la planta sufrió varias paralizaciones, producto de fallas en la infraestructura, equipos y suministro de energía, por mencionar algunos.

Fue construida con una capacidad operativa de 200 toneladas métricas, “pero nunca llegó a esa capacidad”, observó Pérez, porque hoy procesa 120 toneladas métricas.

Uno de los problemas que más preocupa es que las instalaciones fueron levantadas sobre superficie inestable. Hidrocarburos señala que son asentamientos diferenciales del suelo que no han sido corregidos.

La situación provoca que cada mes la planta se hunda alrededor de 3 centímetros, “lo cual podría causar serios contratiempos como el fracturamiento o rotura de líneas y el consecuente estado del gas que podría ser de lamentables consecuencias”, a criterio del ministro.

A ello se suman procesos que no permiten operar a su capacidad de diseño; generadores (gensets) fuera de servicio; y el sistema de control de operación que no funciona.

Por la complejidad del escenario las autoridades aún están analizando qué estrategias seguir para corregir la situación, la cual Pérez califica de riesgosa.

A criterio del analista Luis Calero, el informe hidrocarburífero ratifica lo denunciado con anticipación por varios sectores “en un ambiente de transparencia, incluso de valentía, por parte de las actuales autoridades que están sacando a la luz una situación que era un secreto a voces y que, lamentablemente, las autoridades de control no hicieron nada por investigar y sancionar”.

Según el experto, el punto de partida es establecer las obligaciones y características de las construcciones que habían asumido, en los respectivos contratos, las compañías encargadas de los proyectos. Desde ahí responsabilizar a las firmas y exigir que corrijan todas las falencias.  

La intervención debe ser inmediata, sin descuidar los procesos legales para establecer responsabilidades judiciales en quienes permitieron que ocurran irregularidades.

Por otra parte, Calero opina que el Gobierno también debe enfocar su mirada en cómo funcionó la comercialización internacional de petróleo, tema que ha sido objeto de denuncias por supuestos actos ilícitos en las transacciones.

Asambleístas se pronuncian sobre el estado de la refinería

Tras conocerse las condiciones actuales de la Refinería de Esmeraldas, la asambleísta Rina Campaín (CREO) expresó su preocupación por la integridad y seguridad de los trabajadores y la ciudadanía.

“Vivimos en una bomba de tiempo”, dijo Campaín, asegurando que existe riesgo de contaminación ambiental por el hecho de que las plantas de azufre de la refinería no funcionan.

La legisladora hizo un llamado a la Contraloría General del Estado para efectuar una auditoría técnica a todo el proceso de repotenciación, para determinar qué pasó realmente con los $ 2.200 millones que fueron gastados.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga (AP), se pronunció a favor de que una delegación conformada por la Asamblea Nacional se dirija a la refinería a verificar el estado en el que se encuentra. “No voy a dudar, pero sí voy a ejercer mi derecho para legislar y fiscalizar”, concluyó la funcionaria. (I)