El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el crédito de emergencia por $ 364 millones para el Ecuador. El presidente Rafael Correa explicó esta  mañana, en una entrevista en Manabí, que este aporte contribuirá a la estabilización de la balanza de pagos, que fue afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016.

De su lado, el Ministerio de Finanzas explicó que el crédito no tiene condicionalidades.

Patricio Rivera, ministro coordinador de la Política Económica, ya había explicado en una entrevista radial, en días pasados, que este tipo de créditos no son de ajuste tradicional y que por ello no son los comunes que emite el FMI, sino que son líneas de rápido desembolso. 

De hecho, el paquete de ayuda se enmarca en el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que permite asistencia a países en necesidades de su balanza de pagos sin necesidad de adoptar medidas específicas ni someter su economía a examen técnico.

De esa forma, ese valor estará disponible de inmediato para Ecuador en un solo pago, informó en una teleconferencia el jefe de la misión del FMI en Ecuador, Luca Ricci, según recoge la agencia AFP.

En tanto, en una nota oficial, el presidente interino del Directorio del FMI, Min Zhu, señaló que el terremoto de abril provocó cuantiosos daños que generaron "nuevas presiones fiscales y una urgente necesidad de balanza de pagos".

Esto ocurrió, añadió Min, en momentos en que "la economía de Ecuador está sufriendo los efectos del bajo nivel de los precios del petróleo, el fortalecimiento del dólar estadounidenses, un bajo nivel de reservas internacionales y acceso limitado al financiamiento internacional".

Dijo que las autoridades ecuatorianas "respondieron rápidamente con un programa fiscal de emergencia", y además se comprometieron con una reprogramación de las "prioridades del gasto", con suspensión de proyectos de baja prioridad no relacionados con la reconstrucción. 

El sismo de 7,8 de magnitud en la escala de Richter dejó 670 fallecidos y más de 30 mil personas sin hogar, de las cuales decenas de miles se encuentran en albergues oficiales, ante la pérdida de casi siete mil viviendas. Las pérdidas se estiman en más de $ 3.000 millones. (I)