En el lapso de 30 a 40 días el Gobierno empezará a pagar una parte de las compensaciones por jubilación que mantiene pendientes con exservidores públicos.

Raúl Ledesma y Carlos de la Torre, ministros de Trabajo y Finanzas, respectivamente, hicieron el anuncio ayer. Son $ 150 millones  que se pagarán a personas mayores de 70 años y aquellos con discapacidad o invalidez, conforme a un cronograma que se detallará posteriormente.

La fuente de financiamiento será un crédito con un organismo multilateral. No se especificó cuál entidad sería, ni más detalles relacionados con la operación.

Las autoridades advirtieron que la situación no es reciente, que proviene desde 2010 y se profundizó a partir de 2015. También mencionaron que los pagos no se concretaron porque anteriormente no fueron presupuestados.

Ambas entidades están depurando los registros para conocer con exactitud el número de jubilados por atender, así como el valor total al que asciende la deuda.

Sin embargo, proyectan que las obligaciones globales serían alrededor de $ 1.123,80 millones -por jubilaciones obligatorias y voluntarias-, tanto por expedientes en etapa de validación, como aquellos que aún no inician el proceso formalmente.

La cifra se compone de un monto tentativo de $ 808,8 millones que correspondería a los expedientes de jubilación ingresados formalmente -por parte de las instituciones públicas- al Ministerio de Trabajo para que los valide. Otros $ 315 millones son expedientes reportados que todavía no han sido enviados a Trabajo.

Los $ 150 millones que recibirán los grupos prioritarios son procesos finalizados y aprobados.

El mecanismo de pago para el saldo entre la proyección general y lo que se cancelará será discutido con las asociaciones de jubilados, indicó De la Torre, aclarando que cualquier convenio al que se llegue deberá ser coherente con la realidad de la caja fiscal.

La reacción de los involucrados no se hizo esperar. Nelly Miño, subcoordinadora de la Red de Maestros, expresó su satisfacción por el anuncio y agregó que participarán en el diálogo propuesto para encontrar una solución definitiva.

“Considerar la posibilidad de que un porcentaje se pague en efectivo y otro se entregue en bonos”, comentó Miño.

De sus registros, la red estima que alrededor de 9.000 docentes se beneficiarían con el próximo desembolso, porque han cumplido con los requisitos obligatorios para la jubilación.

Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, dijo que prefiere esperar que inicien los pagos para confiar en la nueva promesa, porque meses atrás recibieron una oferta similar de las anteriores autoridades económicas, sin que hasta la fecha se haya cumplido por completo.

A decir de Yánez, según datos oficiales el Gobierno adeuda aproximadamente a 22.000 maestros jubilados del país. Pese a su escepticismo acogió la invitación para conversar.

“El 25 de mayo dejamos una comunicación al Presidente de la República aceptando el diálogo, solo esperamos a ser convocados”, comentó Yánez. (I)