Entrevista / Aldo Salinas / experto en regulaciones y comercio informal
"El 50% de la población está relacionada con la economía informal"
Ecuador es uno de los países con mayor carga regulatoria en la región y una de las consecuencias es el aumento de los negocios informales. Así lo afirmó Aldo Salinas, ecuatoriano con un PhD en Administración por la Universidad de Padua en Italia. El experto participó en las VI Jornadas de Supervisión de Economía Popular y Solidaria en las que analizó los efectos del marco regulatorio y legal sobre la actividad empresarial informal.
¿Cuáles son las implicaciones del comercio informal en la economía del país?
El emprendimiento informal está atado a que ciertas empresas no cumplan con normativas laborales, tributarias, ambientales o municipales, como el uso del suelo, por ejemplo. Son actividades que de cierta forma caen en la ilegalidad, pero son legitimadas por la población. Por ejemplo, si bien la venta ambulante es prohibida, la población considera que estas personas tienen todo el derecho a ejercer estas actividades.
Además son actividades que no generan tributos...
El emprendimiento informal es muy heterogéneo. Dentro de estos emprendimientos seguramente hay ciertos negocios en condiciones de tributar, de cumplir con normativas laborales y no lo hacen por obtener una mayor rentabilidad. En este caso, lo que se necesita es fortalecer la capacidad de regulación del Gobierno. Que el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Trabajo controlen mejor este tipo de actividades. Hay otras actividades, mayoritarias, en las que si estos informales cumplen con los requerimientos tributarios, laborales, no podrían sobrevivir porque su rentabilidad es muy baja. El diseño de la política pública debe tomar en cuenta esta heterogeneidad.
¿Cómo inciden este tipo de actividades en el desarrollo?
Normalmente quienes están dentro del emprendimiento informal son negocios muy pequeños que utilizan poco capital y pagan bajos salarios, por lo que no cumplen normativas laborales. Esto tiene consecuencias sobre el tema de pobreza y la desigualdad, pues se estima que cerca del 50% de la población económicamente activa está relacionada con el sector informal, ya sea como asalariados o como emprendedores informales. Sus microempresas, por lo general, son pequeñas y con productividad muy baja. La evidencia muestra que conforme las empresas crecen, su productividad es más alta y pueden pagar más salarios.
¿Es alto el porcentaje de la población trabajando en la informalidad?
Se estima que cerca del 30% de la población económicamente activa es de emprendedores informales. A esto hay que sumarle el 20% de asalariados que trabajan en empresas informales. Entonces estamos hablando de cerca del 50% de esta población económicamente activa que está relacionada con la economía informal. Esta es una cifra gigante.
¿Cuáles son los factores que permiten que se desarrolle este tipo de actividades?
Lamentablemente, Ecuador es uno de los países con mayor carga regulatoria en la región. A los emprendedores les toma muchos días abrir un negocio. Tienen muchos trámites que cumplir, les toma muchas horas pagar impuestos, hay una excesiva burocracia. Ecuador es el cuarto o quinto país de Latinoamérica con mayor carga regulatoria. El gobierno debe relajar este tipo de restricciones que están imponiendo barreras a la entrada de los informales a la formalidad. Además, hay potenciales emprendedores con buenas ideas que, por excesivas regulaciones, deciden no llevar a cabo negocios que pueden ser muy buenos.
¿Qué sectores de la población trabajan en la informalidad comúnmente?
La mayor parte de los trabajadores asalariados en empresas informales son jóvenes, porque normalmente este sector no tiene experiencia y son los candidatos menos ideales para ser contratados en el sector formal. Otro grupo son las mujeres. Esto crea brechas de género salariales muy importantes con respecto a los hombres.
¿Qué mecanismos debería implementar el Gobierno para alentar la formalidad?
La burocracia genera la mayor parte de los reglamentos. Debe haber un flujo de información que permita saber al sector público (o a las autoridades) en dónde están los cuellos de botella dentro de las regulaciones. (I)