Más de 1.000 personas participaron en la construcción de propuestas económicas que incentiven los distintos sectores productivos del país. Durante esta semana, el Comité del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, conformado por 6 representantes del sector público y seis del privado, analizará el impacto de las ideas en la economía del país y posteriormente las entregará al presidente Lenín Moreno para su análisis y decisión final.

Adicional a las propuestas específicas de cada sector (ver infografía), los pedidos comunes de las 26 mesas sectoriales son: revisión de la forma de cálculo del anticipo al impuesto a la renta; eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas; reducción de aranceles de materia prima, insumos y bienes de capital no producidos en el país; reducción de costos de energía para el sector productivo.

Pequeños y grandes empresarios también solicitan la modificación y creación de mecanismos de contratación laboral; la reducción de tasas de interés para el sector productivo; simplificación de trámites; drawback automático (devolución de impuestos); reestructuración de obligaciones tributarias, aduaneras y patronales; reestructuración de pasivos bancarios con banca pública; y profundización de servicios financieros no tradicionales (factoring y mercado de valores).

Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias y Producción, manifestó ayer en una entrevista en Ecuador TV, que el objetivo de estas propuestas es generar un crecimiento del Producto Interno Bruto a mayor ritmo y con un criterio diferente al de los años pasados: “en los últimos años crecimos bajo la línea del gasto público, es momento de crecer bajo la línea de la inversión privada”.

Explicó que este último rubro ascenderá a cerca de $ 2.600 millones; $ 1.400 millones se originarán por el programa ‘Casa para todos’, y $ 1.200 millones ingresarán por inversiones mineras. Argumentó que si se eliminan dichos montos, la inversión privada decrecería $ 400 millones.

El empresario también destacó la política de diálogo del presidente Moreno. “En los últimos 10 años, estuvimos desvinculados de la construcción conjunta de la política productiva”.

Sobre los principales pedidos del sector privado, como son la eliminación del impuesto a la salida de divisas y del cálculo al anticipo al impuesto a la renta, Martínez afirmó que “tenemos voluntad de consenso”. Esto, al proponer que sea un levantamiento gradual y que se analice una reforma legal para que pequeñas y grandes empresas no paguen impuestos al adquirir materias primas. Finalmente, informó que esta semana el sector empresarial se reunirá con el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para exponerle los requerimientos.

Para el economista Guido Macas las propuestas que analiza el Consejo Consultivo buscan reducir costos tributarios y operativos a las compañías. “Oxigenan a las empresas con mayor liquidez para aumentar el empleo y dinamizar la economía”, dijo.

Sin embargo, Macas considera que las medidas que se adopten, en especial las tributarias y la revisión de subsidios, generarán un efecto en la caja fiscal. Por lo tanto, “hay que ver cómo se compensa, por parte del Estado, y qué paliativos se están analizando para contrarrestar el impacto económico”.

Por ello, considera Macas, a cambio de los incentivos que el Gobierno otorgue al sector empresarial, este debe asumir un compromiso con el país. Por ejemplo, el de traer el dinero que está en cuentas extranjeras e invertirlo localmente.

De hecho, uno de los proyectos en los que actualmente trabaja el frente económico es una ley de repatriación de capitales, que busca que entre $ 30.000 y $ 36.000 millones retornen al país.

Entre las últimas acciones emprendidas por el Gobierno que, a criterio de Macas, generan confianza de inversores extranjeros, está el inicio de la construcción del Puerto de Posorja (Guayaquil), en donde la firma DP World invertirá $ 1.200 millones.

Por su parte, Juan Carlos Jácome, analista de EMS Consultores, considera que las ideas planteadas al Consejo Consultivo están más aterrizadas a la realidad empresarial y del país. “Jugar con absolutismo no es la estrategia óptima. (Las propuestas) no apuntan a un desmonte absoluto, lo cual  le da al Gobierno oxígeno para administrar estas particularidades”.

Agregó que las solicitudes de reactivación económica, “podrían ser un shock interesante para que la empresa ecuatoriana ofrezca más al mercado y dinamice la economía”.

No obstante, Jácome recuerda que el aumento de oferta de las empresas debe ir de la mano del incentivo a la demanda. “Si no hay compradores, (los negocios) no van a vender. Lo importante es la contraparte, es decir, ¿cómo hacer que la demanda se active y tenga un efecto sobre la economía y no quede como renta para las empresas? La idea es que todos ganen”, dijo.

Menciona como un buen ejemplo de reactivación económica el programa ‘Casa para todos’, que permitirá que la cadena productiva de la construcción se reactive.

Adicionalmente, insiste en impulsar el crédito desde la banca privada, así como ya lo ha hecho la banca pública. Por ejemplo, mencionó al Banco del Instituto de Seguridad Social que aumentó el techo de los préstamos hipotecarios de $ 150.000 a $ 200.000. (I)

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