Una concentración masiva se desarrollará mañana en Quito, impulsada por el presidente Rafael Correa, para recordar un año más del fatídico 8 de marzo de 1999, día que se decretó el feriado bancario.

Hace 19 años, el líder socialcristiano Jaime Nebot -que convocó para este 8 de marzo a una movilización en “defensa de la democracia” a propósito de los comicios presidenciales en Ecuador, pero finalmente desistió- formó parte del Congreso Nacional que aprobó la Ley que creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) e instauró el impuesto del 1% a la circulación de capitales (tributo a todas las transacciones bancarias).

Nebot aseguraba ante la prensa que la normativa ayudaría a ejercer un verdadero control y “no ser un vehículo para pretensiones protervas en el área financiera”.

El Congreso era dominado por la denominada ‘Aplanadora’, una alianza formada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular (DP), al cual pertenecía el expresidente Jamil Mahuad.

Si la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (1994) abrió las puertas al libertinaje bancario, permitiendo los créditos vinculados, la Ley AGD permitió que los banqueros endosaran al Estado las consecuencias de un manejo irresponsable que llevó a la ruina a decenas de entidades y ocasionó la peor crisis económica del país.

Apenas tres días antes de que ‘La Aplanadora’ dé paso a la AGD, el 23 de noviembre de 1998 el vocero de Gobierno, Juan Reece, decía a los medios del riesgo que afrontaba Filanbanco y anunciaba una “posible ayuda” del Estado.

“Esto significa que habrá la garantía absoluta de que los cuenta ahorristas y correntistas del banco tendrán el respaldo del Gobierno Nacional (…) No defenderemos jamás al sistema bancario per se, sino todo el problema social que puede significar todo esto”, afirmó Reece.

El gobierno de Mahuad estuvo bajo el control de la banca, ocupando importantes cargos. Guillermo Lasso, del Banco Guayaquil, fue gobernador de Guayas y superministro de Economía; Álvaro Guerrero, de La Previsora, fue presidente del Conam (entidad encargada de los procesos de privatización); Fernando Guerrero, también de La Previsora, fue gerente del Banco Central; Jorge Egas Peña, exministro de León Febres Cordero y vinculado al sistema financiero, como superintendente de Bancos.

Ana Lucía Armijos pasó de la Asociación de Bancos Privados al Ministerio de Gobierno y luego a Finanzas, al mismo tiempo fue presidenta de la Junta Monetaria; Carlos Larreátegui estuvo en Desarrollo Social y después fue presidente de la Asociación de Bancos; y Medardo Cevallos Balda, del Bancomex, se convirtió en embajador en México.

Siete días después de aprobada la norma, el 2 de diciembre de 1998 el Filanbanco (de propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, hoy prófugos de la justicia y radicados en los EE.UU.), estalló y pasó a manos de la AGD.

Previamente la Junta Monetaria (JM), en sintonía con el Congreso, avalaron un préstamo de salvamento para Filanbanco por 1,3 billones de sucres. La AGD debía garantizar el dinero de los depositantes, pero en la práctica, el Estado se convirtió en el ‘salvavidas’ de la banca privada concediendo millonarios desembolsos a instituciones con problemas de liquidez.

Información oficial señala que la AGD salvó a 16 instituciones (entre ellas Filanbanco y La Previsora), las cuales representaban más del 65% de los activos internos del sistema.

En su momento Mahuad expresó que “el hecho de que la Agencia intervenga en tantos bancos como crea, no afecta para nada el derecho de los depositantes”.

El banco perteneciente a los hermanos Isaías recibió recursos equivalentes a $ 430 millones de parte del Banco Central del Ecuador (BCE), entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre de 1998. Hasta el 2000 la institución, en manos de la AGD, requirió un salvataje que se estima superó los $ 1.200 millones.

Cuando los Isaías dejaron el banco, Roberto Isaías Dassum, apareció en televisión para despedirse asegurando que ninguno de sus clientes “se ha visto perjudicado o defraudado”. “Nos vamos de la institución, pero la dejamos activa y con plena capacidad para seguir sirviendo a sus clientes”.

El sistema financiero se derrumbó

Los banqueros usaron los recursos del Estado para salvar a compañías familiares o, en el peor de los casos, trasladaban el dinero a empresas fantasmas dentro y fuera del país.

Entidades como Banco del Progreso -de Fernando Aspiazu, que contribuyó con $ 3 millones a la campaña electoral de Jamil Mahuad-, Popular, Unión, Bancomex, Sudamericano, Solbanco, por mencionar algunas quebraron.

Un reporte de la Súper de Bancos revelaría semanas más tarde, por ejemplo, que solo Banco del Progreso había concedido 1,7 billones de sucres en créditos vinculados.

Eso conllevó a la muerte del sucre, mientras el dólar subía sin freno. La moneda local se devaluó hasta en un 100% trimestralmente. Al terminar 1998, el dólar se cotizó en 6.765 sucres; en 1999, subió a 19.858 sucres; y para cuando el país adoptó la dolarización (9 de enero del 2000) la devaluación llegó a 25.000 sucres por dólar.

La respuesta del gobierno de Mahuad a tan grave situación fue el feriado bancario. La Junta Monetaria, presidida por  Armijos, dispuso el 8 de marzo de 1999 un feriado bancario, que el exsuperintendente de Bancos, Jorge Egas, comunicó al país en cadena nacional. La medida se extendió por una semana.  

Pero la medida más grave se tomó el 11 de marzo, cuando Mahuad suscribió el decreto 1492 que congelaba los depósitos por un año. Según Armijos, se congelaron 4 billones de sucres y $ 350 millones, publicó entonces diario El Comercio.

La decisión desató una ola de protestas, en medio de las disputas políticas al interior del Congreso para acordar un paquete de medidas que saque al país de la crisis. En los hogares, la desesperación llevó a algunos al suicidio ante la impotencia para recuperar sus ahorros.

La estocada final de Mahuad ocurrió al anunciar la dolarización. Analistas indican que las deudas de los banqueros redujeron 5 veces su valor real, mientras también caían los sueldos de los trabajadores y pensiones jubilares. (I)

Jamil Mahuad (c) con su gabinete. Destaca el vicepresidente Gustavo Noboa (i), y los ministros Ana Lucía Armijos (i) y Vladimiro Álvarez (d). Foto: Cortesía

DATOS

El crecimiento anual de la base monetaria pasó del 41% a fines de 1998 hasta bordear el 136% a finales de 1999. Las tasas de interés se incrementaron del 60% hasta cerca del 150% y el Banco Central aumentó el encaje legal sobre los depósitos en sucres, señala el proyecto de Ley de Reestructuración de Deudas que debate la Asamblea.

El Banco de Préstamos cierra por falta de liquidez en agosto de 1998. Alejandro Peñafiel, titular de la institución, fue acusado de acumulación de créditos para salvar empresas familiares.

El Banco del Progreso se declara insolvente el 25 de agosto de 1998. En Guayaquil se realizó una movilización en respaldo del banquero Fernando Aspiazu exigiendo la intervención de Estado. La marcha llegó a la residencia del entonces alcalde de la ciudad, León Febres Cordero, quien expresó su apoyo ante la multitud.