La quinta pregunta de la consulta popular vuelve a poner de relieve el debate sobre el impacto ambiental, social y económico de la actividad petrolera en el Yasuní.  

La interrogante planteada por el presidente de la República, Lenín Moreno, dice: “¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”.

Si bien se menciona un aumento de 50.000 hectáreas (ha), como base, en realidad la ampliación de la zona intangible será de 62.188 ha.

La información fue proporcionada por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, en una entrevista con EL TELÉGRAFO.

El perímetro que representa más de 12.000 ha adicionales a lo expuesto por Moreno se estableció sustentado en informes técnicos de Hidrocarburos sobre avistamientos de los pueblos indígenas no contactados.

“Hemos tenido que buscar áreas adyacentes a la zona intangible actual para que puedan crecer”, señaló Pérez.

Dijo que no es necesaria una rectificación a la pregunta de la consulta, porque al incluir la frase “al menos” deja la posibilidad de que el área asignada sea mayor.

El Parque Nacional Yasuní tiene  una extensión de 1’022.736 ha. con una zona intangible de 758.773 ha. Si el resultado de la quinta pregunta de la consulta es positivo, la zona intangible quedará en 820.961 ha, según el funcionario.

Apoyado de un mapa de los bloques 31 y 43 (donde están los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini - ITT), Pérez señaló que las 62.188 ha estarán en cuatro puntos distribuidos en la zona norte del PNY, paralelo al campo ITT, y en la parte oeste (ver infografía).

No se extenderá por el Bloque 84 ni hacia el sur debido a la presencia de pueblos originarios contactados y no contactados.

“Alrededor de la zona intangible estamos manteniendo la zona de amortiguamiento, incluidas las nuevas áreas”, aclaró.

Para grupos ambientalistas como Yasunidos la pregunta carece de sustento técnico y es ambigua porque no especifica en dónde se van a otorgar las hectáreas adicionales.

Al respecto, Pérez aclaró que todo el respaldo informativo constará en los anexos de la consulta.

Benito Bonilla, vocero del grupo, indicó que resulta complicado determinar en dónde deben distribuirse las hectáreas adicionales, sin antes contar con información clara y precisa de la ubicación de los pueblos indígenas.

Por eso el colectivo plantea al presidente Moreno conformar junto al Gobierno una comisión técnica con especialistas que apoyan a Yasunidos a fin de que ingresen al Yasuní a verificar el estado de los pueblos indígenas, determinar el área protegida e inspeccionar las actividades de explotación petrolera en los bloques 31 y 43. 

“A nuestro criterio la zona intangible debe considerar los patrones de movilidad de los pueblos indígenas aislados”, expresó y comentó   que la atención a estos grupos es  “una deuda histórica del Ecuador con los Derechos Humanos”. 

La producción no cambiará

En octubre de 2013 la Asamblea Nacional aprobó y declaró de “interés nacional” la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní (PNY).

Tres años después, en septiembre de 2016, la empresa pública Petroamazonas dio inicio el bombeo de  crudo en el Bloque 43 (B43), cuyas reservas estimadas a la fecha ascienden a 1.674 millones de barriles.

Según el Informe de Gestión de Petroamazonas, de enero a agosto de 2017 la empresa tiene planificado actuar en 201 ha de las 335 que tiene permitidas.

Luis Calero, analista petrolero, opinó que en la práctica, el plebiscito no modificará los asuntos previstos en la resolución de 2013 y, por tanto, no habrá afectación a la producción que lleva adelante Petroamazonas.

Solo Tiputini está produciendo actualmente. Para diciembre Petroamazonas prevé iniciar con la perforación de Tambococha y lo mismo se estima hará con Ishpingo a mediados de 2018, informó Pérez.

En el caso de Ishpingo se está tramitando la autorización del Ministerio de Ambiente, por tratarse de una zona sensible.

Pérez es consciente de la preocupación que existe en torno al impacto de la extracción petrolera, pero aseguró que las operaciones se desarrollan con altos estándares de calidad y, además, la relación con las comunidades es saludable.

Resaltó que por el ITT, Ecuador recibirá $ 46.000 millones por concepto de renta petrolera hasta 2030; alrededor de $ 2.400 millones anuales. “Es demasiado dinero que va en beneficio del país (...) es difícil dejarlo (el petróleo) bajo tierra”, concluyó Pérez. (I)

Datos

La renta promedio anual de los campos ITT es de $ 2.334 millones, equivalentes al 90% del proyecto Coca Codo Sinclair; 116.700 casas del proyecto ‘Toda una Vida’, valoradas en $ 20.000 cada una; y 85% del presupuesto de salud de 2017 que asciende a $ 2.779  millones.    

Las 8 comunidades indígenas que están en el área de influencia de los bloques 31 y 43 están integradas por 2.746 habitantes que, según Petroamazonas, han sido beneficiados por los convenios de compromiso social.

En el programa de Relaciones Comunitarias se entregarán $ 480.794 durante el cuarto trimestre del año.