Son más las críticas que los comentarios a favor. En los tres primeros días de análisis del proyecto de Ley de Reactivación Económica los integrantes de la Comisión de Régimen Económico aún no obtienen de las autoridades la respuesta a una inquietud básica: ¿cuántos empleos generarán las medidas propuestas?

Ha sido una pregunta recurrente de Mae Montaño (CREO), Soledad Buendía (AP), Henry Kronfle (PSC),  y Gabriela Larreátegui (CREO-SUMA), sin que hasta el momento se dé un dato preciso.

La han formulado porque todavía no encuentran cómo la norma reactivará efectivamente la economía si existen más elementos impositivos, en lugar de acciones que impulsen  la producción y propicien las inversiones.

“Hay temas contradictorios. Parece ser una ley recaudatoria (de impuestos) y no de reactivación. Queremos claridad y vamos a legislar en función del país”, advirtió Buendía.

Ayer, Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, aseguró que sí generará empleo, que para ello la ley necesita acompañarse de otras herramientas, que solo el plan ‘Casa para Todos’ aportará alrededor de 130.000 plazas de trabajo a la meta del Gobierno de crear 250.000 al año.

El detalle es que el programa de vivienda no es parte de la legislación en trámite, por lo que su respuesta no satisfizo.

Otros legisladores como Viviana Bonilla y Esteban Melo (ambos de AP), incluso observaron que considerar las cargas familiares en la deducción de impuestos sí atenta contra la clase media y la planificación familiar.

Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), negó tal afectación porque se aplicará únicamente a los ciudadanos que perciban al mes más de $3.000 y que representan el 1,6% de toda la Población Económicamente Activa (PEA); mientras que la gran mayoría (52%) no supera la remuneración básica, que es de $375 (ver infografía).

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Ese mismo dato, según la asambleísta Larreátegui, refleja que más de la mitad de la PEA no tiene las condiciones laborales que les permitan obtener mejores ingresos.

“¿Dónde están los créditos ofrecidos a los microempresarios?”, cuestionó Sebastián Llerena (AP), entre otros temas, anotando que si la ley no cumple con su cometido de generar empleo y reactivar la economía podría influenciar negativamente en los resultados de la consulta popular.

Comparecencias de autoridades de diversos entes públicos también han reflejado que no todos tenían conocimiento pleno de cómo estaba estructurada la ley.

Así ocurrió, por ejemplo, con la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, quien opinó con preocupación que las reformas al Código Tributario castigan a los accionistas de una sociedad, así como a la reinversión. Esta apreciación es compartida por los asambleístas, por lo que no descartan reformas profundas al texto original enviado por el Ejecutivo.

El propio presidente Lenín Moreno expuso el martes, en un encuentro empresarial, su inconformidad con algunos puntos de la ley e indicó que la Asamblea será el espacio para resolver las discrepancias de criterios.

“No vamos a aprobar nada de lo que creemos está atentando contra la ciudadanía”, dijo Viviana Bonilla, quien considera que los elementos “negativos” superan a los positivos.

Los representantes de los sectores productivos asistirán la próxima semana.

Ellos han denunciado que la ley no atiende temas clave recogidos en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, aunque el Gobierno señala que se receptaron 8 de cada 10 propuestas. (I)