“Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y nuestra historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno: el día de hoy (ayer) he firmado el decreto  ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y con ello poner fin a la iniciativa”.

Con estas palabras el presidente de la República, Rafael Correa, confirmó el final de la Iniciativa Yasuní-ITT que, luego de 6 años de su lanzamiento, no tuvo el respaldo esperado. “Solo existen $ 13.3 millones en fondos disponibles en los Fidecomisos Yasuní ITT. Esto es, apenas el 0.37% de lo esperado. Existen compromisos no directamente vinculados a la iniciativa, por otros $ 116 millones”, indicó.

Mientras que afuera del Palacio de Carondelet, la Policía separaba a dos grupos, unos a favor y otros en contra de la explotación del Yasuní, adentro el Presidente daba más detalles sobre su decisión de explotar el petróleo,  que había denominado “Plan B”.

El artículo 407 de la Constitución prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, pero se puede hacer excepcionalmente, a pedido de la Presidencia y previa declaratoria de interés nacional de la Asamblea.  

Por ello, Correa señaló que en el decreto N° 74, firmado el 15 de agosto de 2013 (ayer), ordena la “elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos” para solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de “interés nacional” al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní.

Dijo que afectará a menos del 1% del Yasuní (lea el decreto). “Este  compromiso lo estoy incluyendo en el mismo decreto y personalmente lo supervisaré”. Minutos después, en su cuenta Twitter, corrigió: “Cometí un error: debí decir que se afectará menos del UNO POR MIL (no 1%) de nuestro Yasuní”.

La explotación, sobre la base de los precios del petróleo, arrojaría un valor presente neto de $ 18.292 millones, más de $ 11.000 millones adicionales a lo que originalmente se estimó, dijo el Mandatario.

De este total, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Amazónicos, por la Ley 010, recibirían cerca de $ 258 millones. Y por la repartición del 12% de excedentes petroleros , alrededor de  1.882 millones. “Todo esto en adición a cerca de 1.568 millones que recibirían todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, por su participación en la renta petrolera”.

¿Cómo será la explotación?

El plan de explotación contempla en primer lugar los campos Tiputini y Tambococha. En la primera fase se explotará el Tiputini, que generaría 150 millones de barriles; en la segunda, se trabajará el campo Tambococha, con 270 millones de barriles.

Según un estudio de Impacto Ambiental entregado a la Asamblea en febrero de 2013, se prevé  adecuar las plataformas existentes de los campos Tiputini y Tambococha, además de la construcción de un muelle de carga y descarga al sur del río Napo, una vía de acceso hasta la plataforma Tiputini, y un oleoducto desde la plataforma Tambococha que pasará por el campo Tiputini hasta llegar a las facilidades petroleras (CPF) del Bloque 31.

Entre los años 70 y 90 se descubrieron estos campos, en los que se construyeron plataformas para abrir pozos exploratorios. Los trabajos se desarrollarán una vez se emita la Licencia Ambiental.

La producción del Tambococha será recolectada y transportada por una tubería de 10 km y 24 pulgadas (60 cm) de diámetro hasta la central de bombeo en el campo Tiputini. De esta tubería, 7,1 km estarán dentro del Parque Nacional Yasuní y 2,9 km fuera del área. Está previsto que la actividad de extracción petrolera ocupe 16,8 hectáreas del Parque Nacional Yasuní.

Según el estudio, la construcción de las plataformas en los campos Tambococha y Tiputini llevará cerca de 120 días. Cada pozo será perforado durante 30 días, lo que significa que el desarrollo de todos los pozos tomará unos 15 meses.