La resolución 209-2016 F de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que preocupaba al sector de la construcción, no se aplicará el próximo año. Así lo afirmó a EL TELÉGRAFO el superintendente de Bancos, Christian Cruz.

La disposición, fechada al 12 de febrero de 2016, debía entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.

A los constructores les alarmaba que en el documento se ordena a las entidades de los sectores financieros público y privado guarden provisiones para cubrir el 100% de la diferencia entre el avalúo catastral municipal y el monto del crédito concedido para el caso o del saldo insoluto.

Es decir, por ejemplo, si el Municipio fija el avalúo de un predio en $ 70.000 y la institución financiera concede un préstamo por $100.000, los $ 30.000 de diferencia deben estar cubiertos por completo por la entidad bancaria.

Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, advertía que esto pondría en riesgo la entrega de créditos hipotecarios porque afecta la liquidez de los bancos al verse obligados a hacer reservas de su patrimonio.

Esta semana la Superintendencia de Bancos entregó a la Junta Monetaria la solicitud de diferimiento de la resolución a efectos de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tengan más tiempo para actualizar los catastros y, por ende, el avalúo de los bienes, indicó el titular del órgano de control.

“Por lo menos en 2018 no entrará en vigencia”, aseguró Cruz, quien aclaró que el aplazamiento ya se analizaba con anterioridad, a la par de una revisión de los porcentajes de provisión de cartera de las instituciones financieras.

No significa, agregó Cruz, que la norma se aplicará obligatoriamente en 2019. Para ello primero se examinará cómo avanza la actualización en los GAD.

“Consideramos que este no es el momento para que entre en vigencia”, concluyó el Superintendente.

Pita recibió con beneplácito la noticia, aunque prefirió esperar que sea ratificada por la Junta; situación que, según Cruz, se oficializará, a más tardar, en los primeros días del año entrante.

Para el empresario, lo mejor es eliminar la resolución, porque si bien es positivo que los municipios modernicen sus registros, la realidad es que no todos cuentan con los recursos ni la capacidad administrativa suficientes para ejecutar el proceso. (I)