Las objeciones del presidente Lenín Moreno a la Ley de Reactivación Económica no convencen a asambleístas, analistas y representantes del sector productivo.

Las reacciones son diversas. Por ejemplo, para Pabel Muñoz (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico, dejar el manejo de los medios de pago electrónicos en manos del sistema financiero, “deja un mal sabor en el veto”.

Lo dijo en una entrevista en Ecuador Inmediato, donde señaló que el Gobierno no pide nada a cambio de trasladar esa competencia.

Se refiere a incentivos a la ciudadanía y a metas a cumplir por parte de la banca privada. Ese mismo tema, en cambio, es destacado por otros actores como uno de los pocos elementos positivos del veto parcial.

Así lo observó el legislador socialcristiano Henry Kronfle, miembro de la comisión de régimen económico, quien considera que el dinero electrónico perdió legitimidad bajo la administración del Banco Central del Ecuador (BCE) y, además, existía incertidumbre sobre la posibilidad de que la entidad hiciera emisiones inorgánicas.

Aunque está de acuerdo con esto, mencionó que el veto deja a la ley con un alto grado de discrecionalidad al eliminar parámetros específicos como los requisitos para ser  exportador habitual, aspecto que será definido a través de un reglamento.

Según lo aprobado por la Asamblea serán considerados exportadores habituales cuando sus exportaciones netas sean iguales o superiores al 25% de sus ventas netas anuales y realicen, al menos, seis operaciones en un mismo año fiscal.

Moreno dejó sin efecto esto justificando que el reglamento permitirá un manejo más dinámico de la política económica.

Las autoridades económicas han manifestado en diversos espacios que la ley fue pensada para crear herramientas e incentivos que fortalezcan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas (mipymes), así como a los actores de la economía popular y solidaria (EPS) porque son los grandes generadores de empleo.

Pero Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), discrepa con aquello y sostiene que la norma no brinda el impulso que el sector productivo, en general, requiere.

Cisneros cuestionó que de las 389 propuestas formuladas por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario no se incluyeron en la legislación aspectos relacionados a la reducción de costos de producción, disminución de tramitología, creación de parques industriales y capacitación e innovación.

El veto dispone que los recursos generados por el incremento de tres puntos adicionales del impuesto a la renta para las empresas grandes,  nutran el presupuesto general del Estado.

El dinero podrá emplearse en las intervenciones emblemáticas, el sistema de formación técnica y tecnológica, capacitación y formación profesional, creación de competencias para el trabajo, de acuerdo a una programación presupuestaria con base al Plan Nacional de Desarrollo.

Cisneros indicó que el aumento del 3% del IR “no fue consensuado” en el Consejo Consultivo. El análisis original fue sobre la posibilidad de elevar un punto.

Para la economista Lorena Konanz resulta difícil garantizar el destino y uso de esos fondos si no se crea una comisión específica para manejarlos. “El presidente (Lenín Moreno) ha desperdiciado una oportunidad única, con el alto grado de popularidad que mantiene de vetar (totalmente) este proyecto que no reactiva la actividad económica en el país”.

Dentro de los próximos 8 días la Comisión de Régimen Económico deberá tener listo  el informe con sus observaciones.

Las autoridades de Gobierno esperan a que la Asamblea Nacional resuelva el veto presidencial antes de que finalice el año, con el fin de que las medidas tributarias, como los cambios al impuesto a la renta (IR), surtan efecto a partir de 2018.

Los asambleístas concuerdan en que la mayoría del pleno se allanará al veto ejecutivo, especialmente en lo relativo a los medios de pago electrónicos.

Muñoz, sin embargo, buscará apoyo para sostener otros temas. (I)

Cambios  
Medios de pago electrónicos
Según el veto presidencial, los medios de pago electrónicos serán implementados por las entidades del sistema financiero nacional (banca pública, privada y cooperativas de ahorro y crédito) y bajo la supervisión del Banco Central.

Las cooperativas de transporte terrestre y los GAD cantonales, con población mayor a 200.000 habitantes, contarán con un sistema de cobro de pasajes que utilice medios de pago electrónicos.  

Datos de información crediticia
La Superintendencia de Bancos tendrá a su cargo el registro de datos crediticios, el cual podrá brindar por sí misma o a través de terceros. En el segundo caso se hará una licitación que incluya a personas jurídicas y extranjeras.

Esta reforma permitiría la continuidad del buró de crédito que opera en el país. El acceso a información no tendrá restricciones para el titular; sin embargo, los terceros solo podrán conocer las operaciones de los tres últimos años.

Incentivos tributarios
Las microempresas creadas a partir de la publicación de la ley se exonerarán del pago del Impuesto a la Renta durante tres años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que generen ingresos operacionales, siempre que creen plazas de empleo neto e incorporen valor agregado nacional en sus procesos productivos.

También se rebajarán 10 puntos del IR por reinversión de utilidades a sociedades incluidos el sector manufacturero y turismo receptivo.

Prohibiciones para el BCE
El Banco Central no podrá recibir en dación en pago activos distintos a activos monetarios como pagos por créditos o inversiones realizadas por esta entidad. Por otro lado, el gerente general de esta entidad participará solo con voz en la Junta Monetaria, así como los superintendentes. Los titulares de Finanzas, Planificación y delegado de la Producción contarán con plenos derechos.  

Exoneración de cocinas
Será potestad del Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, reducir las tarifas de impuesto a los consumos especiales sobre cocinas.

Este punto se enmarca en el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad, “manteniendo coherencia con la necesidad de disminuir el subsidio a combustibles por la reducción de su demanda”, recoge el documento.

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El diálogo con el sector privado se “desdibujó”
El sector productivo observa con preocupación la objeción parcial del Presidente. En entrevista con EL TELÉGRAFO, Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), señaló que la normativa causa desconfianza en un momento en el que se necesita el apoyo de la empresa privada para generar más empleos.

“Creo que las autoridades del equipo económico tienen un concepto distorsionado del diálogo, lo que hace que el país pierda una oportunidad”, comentó Martínez haciendo referencia a que dentro del Consejo Consultivo se plantearon numerosas alternativas para reactivar la producción.

Lamentablemente, dijo, el frente económico desdibujó todo aquello. Por eso manifestó que mientras no se cambie la mentalidad basada en un enfoque recaudatorio, de nada servirá haber renovado a parte del equipo.

“Hasta el momento las autoridades no han logrado responder cuánto más va a crecer la economía por esta ley; cuántos empleos va a generar. Esos son los efectos que los ecuatorianos quieren ver en una reactivación”, reprochó Martínez, recordando que 9 de cada 10 plazas de trabajo provienen del sector privado.   

Aparte del tema tributario, el dirigente empresarial anotó riesgos en cuanto a que el sistema financiero también será responsable del abastecimiento de la liquidez del país, así como que la administración del buró de crédito pase a la Superintendencia de Bancos.

Sobre lo último dijo que influye negativamente en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Que el servicio de brindar información crediticia a través de un tercero, como señala el veto, según Martínez, trae dificultades al momento en que dispone que la licitación se efectúe solo si la Superintendencia lo desea. (I)