De las tres opciones que tiene el presidente de la República, Lenín Moreno, para sancionar la Ley de Reactivación Económica aprobada el 29 de diciembre por la Asamblea Nacional, la posibilidad más comentada por analistas y autoridades es la aplicación de un veto parcial.

El manejo del dinero electrónico en el Banco Central del Ecuador (BCE) es el aspecto más probable a ser revertido. Allanarse al texto es un hecho descartado por los propios actores del Gobierno.

En los últimos dos días Eva García, ministra de Industrias y Productividad, dijo que recomendará rever la administración del dinero electrónico y retomar la propuesta inicial de trasladar esa competencia a la banca pública, privada y cooperativas de ahorro y crédito.

La noche del lunes, durante el espacio El Gobierno Informa, Moreno informó que está analizando la versión enviada por la Asamblea “para ejercer también nuestro papel de colegislador”.

El Mandatario dijo que la ley y el Presupuesto General del Estado para 2018 son importantes contribuciones al desenvolvimiento del Gobierno en temas económicos.

Ayer Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), en una entrevista en EcuadorTV  adelantó que “se vislumbra un veto parcial en materia tributaria”.

Con los cambios incorporados por la Asamblea, explicó Orlando, los ingresos fiscales estimados pasaron de $ 200 millones a alrededor de $ 60 millones.

Incluso si fueran $ 100 millones, expuso el director, esa cantidad “resulta marginal” si se la compara con la recaudación total de impuestos situada en $ 13.600 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, ha sido más cauto en sus comentarios limitándose a decir que la decisión que adopte el Presidente se sustentará en análisis técnicos.

La tercera opción que tiene Moreno es vetar por completo la ley aprobada por la Asamblea.

Economistas consultados concuerdan en que Moreno debería acoger esta vía, porque, a sus ojos, la norma no cumple con su enunciado de ‘reactivación de la economía’.

Para el analista Pablo Dávalos, la posibilidad de un veto total es mínima debido a que está condicionada por el clima político que enfrenta Moreno con la división del movimiento Alianza PAIS de cara a la consulta popular.

“Era preferible que (Moreno) no envíe esa ley”, dijo Dávalos explicando que en este momento eso le puede dar argumentos a su propio partido para acusar y fundamentar la idea de que se alió con la derecha o que no está logrando la reactivación porque no tiene el apoyo de los empresarios.

“Resolver el escenario político será decisivo para crear confianza en los agentes económicos”, añadió Ramiro Crespo, presidente ejecutivo de Analítica Security.

Crespo acotó que la reactivación económica debe apoyarse en un mayor protagonismo del sector privado. “Un dólar en manos del sector privado es más productivo que en manos del sector estatal porque genera más crecimiento, empleo real e impuestos”, opinó.

Los puntos críticos de la norma no solo se concentran en temas fiscales, anotó Rosa Matilde Guerrero, exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Guerrero observa riesgos en varios elementos de la política económica como extender la responsabilidad del manejo de la liquidez de la economía nacional a las entidades del sistema financiero, de acuerdo a la demanda de liquidez de conformidad con las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria.

“Se está generando una política monetaria activa, en economía dolarizada, que no es posible, haciendo que la banca cubra la liquidez con recursos del comercio exterior que sirven para promover las exportaciones y cubrir importaciones”, comentó Guerrero.

Otro de los temas que preocupan a la analista es que con la eliminación del buró de crédito se estaría conformando un monopolio estatal en donde la Superintendencia de Bancos será juez y parte. Además, al suprimir la información de los créditos vencidos menores a 0,15 veces un salario básico ($ 56), Guerrero señaló que se afectaría a los microempresarios, debido a que las instituciones financieras no contarán con información suficiente para sus perfiles de riesgo.

El economista Xavier Andrade reparó en que la ley permita al Banco Central recibir como daciones de pago acciones de entidades no financieras.

“Puede ser usado para reducir la deuda del Gobierno con el BCE, tal como ocurrió en mayo cuando pagó con papeles de la CFN y otras entidades, bajando el monto en más de $ 2.000 millones”, concluyó Andrade. (I)

Transición

El fin de una primera etapa  
→El presidente Lenín Moreno dijo que ha finalizado la primera fase de transición del Gobierno.  “En adelante nos concentraremos en procurar la reactivación económica del país”, aseguró el lunes en su programa semanal.

→65 por ciento del proyecto de ley original fue modificado a lo largo del trámite en la Asamblea.  

Examinar el rol del BCE
→Guerrero y Andrade ven oportuno aprovechar el debate generado por la normativa para analizar el rol que ha desempeñado el Banco Central. La propuesta es que retome su autonomía.