El Banco Central del Ecuador (BCE) ya no podrá recibir acciones como dación de pago. La objeción parcial a la Ley de Reactivación Económica prohíbe aceptar activos distintos a activos monetarios como pagos por créditos o inversiones realizadas por esta entidad.

De esta manera se pone fin a un tema fuertemente criticado por sectores productivos y financieros cuando en junio el Ministerio de Finanzas pagó parte de sus deudas con el BCE ($ 2.137 millones) utilizando papeles de la Corporación Financiera Nacional (CFN), BanEcuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips).

Quienes se oponían aseguraban que el Estado estaba perjudicando la liquidez del BCE y desnaturalizaba su rol.

Los bancos también serán responsables de la liquidez

Otro de los temas que caldean las opiniones son las reformas a los artículos 95 y 96 del Código Monetario, con lo que el sistema financiero nacional también estará obligado a satisfacer la demanda de liquidez, según las metas establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Las instituciones financieras asumirán, con sus activos externos líquidos, las remesas hacia Ecuador cuando la demanda de la especie monetaria que hacen al Banco Central supere los rangos fijados por la Junta.

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señala que la medida es antiética y viola la Constitución.

Las reservas líquidas del sistema financiero tienen por objeto garantizar a sus propios depositantes, además de atender sus operaciones de comercio exterior.

La gerente del Central, Verónica Artola, en una entrevista televisiva aseguró que la entidad está obligada a mantener la liquidez. Pero también habló de corresponsabilidad.

Durante las conversaciones para que la banca asuma el dinero electrónico, recordó la funcionaria, los actores privados acordaron reducir la demanda anual de efectivo en $ 800 millones. “Si superaran las metas de la Junta, tendrían la potestad para poder importar las remesas. Fue una demanda de la misma banca”, aclaró Artola. (I)

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Costos de servicios financieros se evaluarán

Con el afán de estimular el uso de los medios de pago electrónicos, el veto a la ley económica también dispone la reducción de los costos financieros.

La disposición transitoria 17 da a la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera un plazo de 45 días, contados desde la vigencia de la ley, para que revise los costos por concepto de los servicios que prestan las entidades financieras y no financieras que otorguen crédito; gastos con terceros por operaciones de usuarios; servicio de tarjeta de crédito, débito y otros medios similares.

La revisión incluirá a los servicios derivados de la utilización de medios de pago electrónicos.

Las superintendencias de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria (EPS) son las entidades responsables en hacer los estudios técnicos que sustenten el análisis, indicó Verónica Artola, titular del BCE.

“Tienen que ser tarifas asequibles y adecuadas”, dijo Artola.

La banca privada ha manifestado que los precios relacionados al dinero electrónico podrían ser cercanos a $ 0, con lo cual se cubrirían los costos operativos. (I)