Para 2018 el Gobierno contempló en el Presupuesto General del Estado  (PGE) el aumento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de $ 294,14 millones a $ 383,05 millones, y así cumplir la oferta de campaña del presidente Lenín Moreno de incrementar este beneficio.

En esa línea, el pasado viernes, el Jefe de Estado emitió el Decreto 253 que establece la elevación del BDH de $ 50 hasta $ 150, dependiendo del número de hijos y las edades de estos. También fija en $ 100 el valor mensual de la transferencia monetaria para la pensión de personas adultas mayores que sobrepasen los 65 años y se encuentren en condición de extrema pobreza.

Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, considera que esta iniciativa no solo es oportuna sino  además necesaria y se basa en criterios técnicos.

El experto sostiene que es preciso hacer un análisis socioeconómico serio para determinar los beneficiarios reales de este mecanismo de ayuda social.

“Hay que hacer el estudio para que no exista el abuso que hubo en el Gobierno anterior. Para no entregar al que es y no es”, comentó Albán.

El consultor económico Sebastián Lucero opina que la iniciativa de entregar el bono de forma variable, considerando el número de cargas familiares, permite optimizar los recursos del fisco y reducir de esta forma la pobreza extrema.

“La entrega de un beneficio fijo no nos ayuda a reducir la pobreza. Es más óptimo considerar un beneficio variable y volver de esta manera más eficientes los recursos que otorga el Estado para reducir la pobreza extrema”, explicó Lucero.

Este modelo se basa en el Programa de Transferencias Condicionadas variables (PTC) que ya se implementa en algunos países de la región, específicamente en Brasil como es el caso 'Bolsa Familia'

Según la base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe de la Cepal, los PTC operan en la actualidad en 18 países de la región y benefician a más de 25 millones de familias (alrededor de 113 millones de personas), es decir el 19% de la población de América Latina y el Caribe, a un costo que ronda aproximadamente el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.

La estructura básica de los PTC consiste en la entrega de recursos monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que tienen hijos menores de edad.

Sin mayor impacto en el presupuesto
El vicepresidente del Colegio de Economistas considera que el incremento en el 30,23% del Bono de Desarrollo Humano no tendrá un mayor impacto en el presupuesto Estatal y sugirió que su financiamiento se lo realice con una parte del impuesto a la renta (IR) o del  Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cree que hay partidas presupuestarias que no fueron ocupadas en 2017 y que esos sobrantes también servirían para financiar el programa.

Lucero estima que los recursos pueden salir focalizando la subvención a la gasolina. “Al revisarse este subsidio, que es ineficiente, se pueden obtener los $ 80 millones para financiar el programa en 2018”.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ofrecerá detalles sobre la aplicación del Decreto, a través de una rueda de prensa prevista para hoy. (I)

Experiencias
Programa con impacto
La iniciativa del régimen para este incremento obedece a los criterios establecidos en el Programa de Transferencias Condicionadas (PTC), cuyo modelo se implementa en 18 países de la región, beneficiando a millones de familias

50 dólares era el valor del bono, el cual subirá a $ 150 dependiendo del número de cargas familiares

Modelo exitoso
El programa Bolsa Familiar que se implementa en Brasil  inspiró la propuesta de variabilidad decretada por el Presidente.