En medio de la convulsión política generada por la consulta popular, ayer la Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2018 y la Ley de Reactivación Económica.

El debate de ambos temas se desarrolló, sin interrupciones, durante alrededor de 6 horas y se resolvió con 71 votos afirmativos cada uno.

Diversas voces de oposición observan sobreestimaciones en la proforma presupuestaria de $ 34.818 millones, la cual se aprobó con 12 recomendaciones, entre las que destaca la creación de un programa para saldar las deudas por concepto de incentivos a los servidores públicos jubilados.

La jornada se concentró en  la ley económica. La mayoría legislativa dio paso a que la administración de dinero electrónico continúe bajo la responsabilidad del Banco Central del Ecuador (BCE).

Así dejaron sin efecto la propuesta inicial de trasladar esa potestad al Sistema Financiero Nacional, compuesto por la banca pública, privada y cooperativas de ahorro y crédito.

Eliminaron una de las pocas cosas buenas que tenía la normativa, recriminó Mae Montaño (CREO).

Días atrás el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dio a conocer que al respecto el Gobierno podría optar por vetar dicha decisión y plantear nuevas alternativas.

A ese anuncio Cristóbal Lloret (AP) respondió que si De la Torre “insiste en esas amenazas”, se encontrará con asambleístas que no dejarán pasar “medidas injustas”.

Lo dijo porque comparte el criterio de varios de sus compañeros de bancada, quienes consideran que mantener el dinero electrónico en el Central garantiza el funcionamiento del sistema.

Pese a que la normativa sufrió modificaciones en el 65%, no contó con el respaldo mayoritario de sectores productivos, que en algunos casos recomendaron su archivo.

Minutos después de conocerse el resultado de la votación en la Asamblea, el titular de Finanzas escribió en Twitter que “prevalecen así los intereses de las grandes mayorías”.

Pocos fueron los elementos nuevos que se incluyeron. Entre ellos está la eliminación de los cuatro artículos referentes al transporte interprovincial.

Se acogió la recomendación de Franklin Samaniego (AP) para que en un plazo de 45 días la Junta Monetaria y Financiera analice la disminución de las tarifas de los medios de pago electrónicos.

Del proyecto original, enviado por el presidente Lenín Moreno el 1 de noviembre, se eliminaron temas sensibles, como la deducción del Impuesto a la Renta tomando en consideración las cargas familiares de los contribuyentes con ingresos superiores a $ 3.000 mensuales.

También se desechó el artículo que contemplaba la tributación sobre el decimotercer sueldo, así como el cobro de una tasa por retiros de dinero en efectivo de más de $ 4.000. (I)