Entrevista / Guillaume Long / ministro de cultura y patrimonio
“Hay cierta clase media que juega al ultraliberalismo”
Guillaume Long es el séptimo ministro de Cultura de la Revolución Ciudadana. Viene de la academia y además fue ministro coordinador de Talento Humano y -antes- editorialista de este diario. Desde su gestión, en estos meses, ha sostenido un largo proceso de diálogo con varios sectores y es evidente que sobre aquello hay poca difusión y más ruido en las redes sociales. Por eso, abordamos aquí su tarea administrativa y su visión política de lo que ocurre en esta coyuntura y dónde hay algunos aspectos de orden ideológico y filosófico sobre el rol de la cultura y del papel de la clase media.
¿Por qué aún resulta difícil hacer un cambio cultural que toda revolución se propone?
Hay diferentes maneras de entender eso del cambio cultural. El rol fundamental de este Ministerio es garantizar la diversidad, no decir esa es la cultura que queremos y esa la que no queremos. De hecho, uno de los errores históricos del socialismo (y los países que han pasado por el socialismo real están regresando de ahí porque se dieron cuenta de su error) es haber desarrollado arte con contenido ideológico porque eso crea cierta homogeneidad, crea el mismo fenómeno capitalista: una suerte de artistas reconocidos, unaélite de la cultura y de las artes. Un Ministerio de Cultura -y el Estado en general- debe crear igualdad de oportunidades. Eso significa que si tienes industrias culturales absolutamente dominadas por la óptica comercial, el mercado y la producción extranjera, debes generar las condiciones para no prohibir eso, sino permitir la diversidad,fomentando y apoyando lo otro. El capitalismo nos vende la idea de que garantiza diversidad y que más bien el socialismo es una cosa gris donde todos estamos vestidos igual, tenemos lo mismo y comemos lo mismo. Hay que demostrar que eso no es cierto porque el consumo también estandariza y homogeneiza.
En medio del proceso político está la discusión de qué hacer con la clase media para que, siendo la mayor beneficiaria del desarrollo económico, social, educativo y tecnológico también constituya un soporte del cambio cultural del que hablamos. ¿Por qué un sector de la clase media toma distancia del discurso de la Revolución Ciudadana en esos ámbitos?
Hemos llegado a una coyuntura donde estamos revalorizando con mucha fuerza el trabajo político, el diálogo. Desde mi perspectiva, es fundamental dialogar y dialogar con todos. La mayor parte de la clase media no es golpista. Claro, como todas las clases sociales está sujeta a ser manipulada por un grupo que -de verdad- pienso defienden un país anacrónico, uno de las grandes inequidades, de las obscenas riquezas y de las pobrezas vergonzantes. Pero creo que no necesariamente a toda esa clase media se la puede tildar de enemiga orgánica del proceso; es una clase media que quizá en algún momento estuvo con el proceso de la Revolución Ciudadana y ahora hay que trabajar para que esté de nuevo en el proceso. La clase media busca señales importantes,más de forma que de fondo, porque en verdad no ha sido perjudicadaen los últimos años, y no tendría sentido alguno afectarla.
¿Entonces cómo se entiende esa postura, agresividad incluso, de ciertos intelectuales y artistas que no dejan de atacar al Gobierno?
En las últimas semanas, dos reacciones. Una, verdaderamente nefasta, de una clase media que trata de identificarse con la oligarquía, incluso recurriendo a cosas que hubiéramos querido ver desterradas, como el llamado al golpismo, o reacciones abiertamente racistas y xenófobas. Pero hay otra clase media que más bien está jugando la carta del ultraliberalismo, entendiendo el liberalismo clásico de los derechos civiles, de las libertades, aunque recurriendo mucho al discurso de los derechos humanos, que quiere acercarse al discurso de la izquierda, pero que no se basa en la redistribución.
¿Sobre qué basa su estrategia?
El Gobierno siempre ha tenido un discurso que articula dos tipos de redistribución: a nivel nacional para que no tengamos esta sociedad sin cohesión social y con estas grandes desigualdades; y a nivel internacional tiene mucho que ver con el cambio de la matriz productiva, para dejar de ser exportadores de materias primas. Y ese discurso liberal no se acerca a eso, pero sí a lo que yo llamaría de los derechos civiles, que se ve a sí misma como progresista. Con esa izquierda hay que tender puentes muy fuertes, hay que escuchar, hay que dialogar. Pero volviendo al tema del fondo y de las formas, creo que muchas veces la política se queda entrampada en formas cuando en el fondo no hay problemas graves.
En el campo simbólico, ¿cómo se entiende que el gobierno de la Revolución Ciudadana reciba fuertes críticas respecto a “no queremos ser Venezuela, no queremos ser Cuba”, cuando por otro lado hay una izquierda que tilda a este proceso de capitalismo desarrollista, rentista?
No me parece que el ataque sea una coincidencia, creo que la coyuntura actual vuelve a plantear temas ideológicos. Estamos discutiendo sobre el tipo de sociedad que anhelamos y que la izquierda, incluso del Gobierno, nos sentimos muy cómodos con el debate actual. Yo me siento muy cómodo con la discusión de la Ley de Herencia y la Ley de Plusvalía. Estamos hablando de cosas fundamentales, como la desigualdad, que va más allá de pasar de un capitalismo decimonónico a un capitalismo más cercano al bienestar de sociedad de tipo europeo post- Segunda Guerra Mundial, lo que sería muy positivo. Yo soy más radical: aspiro a algo más que eso y ojalá nos acerquemos a una sociedad más igualitaria que realmente pueda cuestionar algunos de los pilares fundamentales del capitalismo. De todas formas, dar ese paso significa una lucha política que a veces la izquierda más fundamentalista no se da cuenta. Quienes estamos en la Revolución Ciudadana tenemos algo que de aquí a 20, 50 o 100 años la historia nos dará la razón. Queremos democratizar la sociedad, los medios de producción, y ni siquiera estamos planteando reformas tan radicales o que no se hayan planteado otros países en su debido momento. Es decir, quienes defienden el statu quo no solamente defienden el modelo actual sino el statu quo de esa América Latina inequitativa, del Estado plantación y no del Estado nación. Las élites latinoamericanas, si quieren vivir en un país con mayor estabilidad política, con mayor potencial productivo, mayor crecimiento económico para sus propios intereses, ponerse en una posición necia de no querer ceder y seguir con las grandes desigualdades tiene un elemento de masoquismo. Es decir, la necedad puede conllevar a una posición casi suicida.
¿Si es tan legítimo el planteamiento, por qué a la Revolución Ciudadana, al Gobierno, le cuesta trabajo que eso se constituya en un discurso que sea asimilado en la sociedad?
Ha existido un déficit de política, entendido en cuanto a la politización de la sociedad en los últimos años. Empezamos muy bien con la Revolución Ciudadana: el proceso constituyente fue un momento de alta participación, de diálogo y de darle contenido político a las cosas, pero luego, poco a poco, nos hemos alejado de eso y le hemos dedicado mucho esfuerzo a la gestión, a la política pública entendida en el aspecto más técnico, para reducir brechas, como la desigualdad. Eso ha sido muy positivo. Estamos entre los países que más redujeron desigualdad y pobreza, no solo en América Latina sino a nivel mundial, y de eso nos tenemos que enorgullecer. Hemos construido escuelas, colegios, carreteras, hospitales, etc., con mucha gestión y eficiencia, ejecutando el presupuesto por primera vez en la historia de nuestro país, con mucha vorágine de política pública y tecnicismo. Pero si eso no va acompañado de una politización de la política pública, participación ciudadana, diálogo desde la organización política, solamente reducir la pobreza desde arriba sin procesos de doble transmisión, eso a la final conlleva a un déficit de política. Los ministros juegan un rol de gestión acertada y eficiente, pero un ministro es mucho más que un gerente, es un político que debe acompañar a su política pública, más aún en un contexto de transformación donde enfrentas muchos riesgos.
Y ese riesgo es afectar a determinados intereses, no solo económicos sino corporativos...
Cuando afectas a tantos intereses y transformando de manera tan radical y rápida, también necesitas un apoyo más allá de lo electoral: apoyo de la organización política, de las bases, de gente empoderada de su proceso; y la única forma de hacerlo es conla participación ciudadana. No puedes esperar que la gente esté movilizada físicamente en las calles, defendiendo su proceso revolucionario en donde solamente le dices quées bueno para ella y no la hace copartícipe de ese proceso.
Viendo su gestión como secretario de Estado, en 8 años de Revolución Ciudadana, el Ministerio de Cultura ha tenido 7 titulares. ¿Así cómo puede darle continuidad a un proceso?
El Ministerio nació en 2008, pero esa inestabilidad sí ha significado un impedimento para que podamos construir un verdadero sistema nacional de cultura.
Entonces, ¿cuál es el mayor reto?
Diría que ese, un sistema de cultura en donde de verdad funcione la institucionalidad sin que dos entidades hagan lo mismo, que no haya confusión de quién ejerce la rectoría. Claramente, según la propia Constitución, este Ministerio ejerce la rectoría y para ello hay que tener un sistema, eso significa una ley, fondos, un sistema que funcione más allá de la coyuntura o de la buena voluntad de algún funcionario, que haya fondos permanentes para estimular la cultura y las artes.
¿Y alcanzará el tiempo para eso, considerando que el período gubernamental termina en 2017?
Uno de los pasos fundamentales para tener un sistema de cultura que funcione es contar con una Ley de Cultura. Ahora la ley está en la Asamblea para segundo debate, pero lleva 7 años represada. Es necesaria una Ley de Cultura con un buen sistema con competencias, tanto para este Ministerio como para la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), las diferentes sedes, las sinfónicas, las bibliotecas, los museos; una ley que también signifique recursos económicos que estén al servicio de los gestores, de los artistas, de las industrias culturales. Un derecho fundamental de los ecuatorianos es el acceso a la cultura.
¿No será necesario que en el proceso de diálogo nacional propuesto por el Gobierno se incluya la Ley de Cultura para plantear mejoras al proyecto?
Sí, a través de un proceso de escucha, muy participativo, para tener esta ley. En este momento, conversando con todos, no veo focos de gran conflictividad.
¿Esa ley no podría generar la resistencia de ciertos sectores o de los gestores culturales que no necesariamente están en sintonía con el proceso político ecuatoriano?
Esta ley será muy constructiva y de consensos con la ciudadanía, que marque un antes y un después para la cultura en Ecuador y que signifique muchos más recursos, más orden, más institucionalidad. Los temas polémicos en el pasado quizá los podemos resolver, y lo estamos haciendo.
¿Hablamos del rol que tendrá en esa ley y hacia el futuro la Casa de la Cultura Ecuatoriana?
Debemos tener una nueva Casa de la Cultura acorde a las demandas del siglo XXI, menos burocratizada, con menos peso administrativo, que le dedique muchos más recursos a la producción y a la circulación, sobre todo de bienes culturales. Creo que decir “no a la Casa de la Cultura” o “la Casa de Cultura tal cual”, ninguna de las dos posiciones es positiva ni sostenible. Más bien creo en una Casa de la Cultura que mantenga un estatus autonómico. Eso es fundamental, sobre todo en el mundo de la cultura, de las artes, tener una autonomía responsable, un nuevo modelo de gestión con un mejor uso de los recursos y, sobre todo, con un gran proceso de democratización.
¿Hay líneas rojas que el Gobierno podría plantear en la ley?, porque la demanda siempre ha sido dotar de recursos, de autonomía, que el Ministerio no intervenga...
Creo que el Ministerio tiene que ejercer la rectoría, dar las grandes líneas generales. No puede hacer cultura, sino acompañar procesos productivos, de circulación, dando acceso a medios de producción o medios de circulación. El Ministerio tiene, sobre todo, un rol rector, es decir, regulador de última instancia de todo el sistema.
¿Qué pasa con los teatreros, cineastas, productores de cultura? ¿Cómo percibe suparticipación en la política pública cultural?
En el ámbito de la ley, creo que hay que opinar básicamente sobre 3 instituciones fundamentales: el CNCine, que ha funcionado bastante bien y hay que seguirle apoyando con recursos (tiene alrededor de $ 2,5 millones para apoyar a los cineastas), porque si uno mira a otros países de América Latina, reciben montos mayores; el Incaa de Argentina recibe cerca de $ 40 millones, aunque por supuesto hay que tomar en cuenta la diferencia, el tamaño, etc., pero de todas formas creo que dentro de la misma ley podemos apoyar más al CNCine; otra institución fundamental que existe, pero hay que transformarla radicalmente, es un instituto que apoye a las artes, que también tenga un fondo permanente, que hoy recibe un porcentaje de las utilidades del Banco del Estado, es el Consejo Nacional de Cultura; y una tercera institución también muy importante es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que tiene una importante trayectoria, buen talento humano. Tal vez si hay algo que resolver es la tensión entre el mundo de la investigación y el tema de la regulación y el control.
¿En el ámbito de la conservación?
Con regulación y control me refiero al tráfico de bienes patrimoniales. Ahora que eso es parte de las competencias de los GAD municipales,también habrá que colocarlo en la ley para que sia un alcalde se le ocurre tumbar alguna iglesia patrimonial y hacer ahí un parqueadero, haya sanciones muy fuertes y todo un esquema de regulación y control.
En cuanto a la lectura, libros y bibliotecas, Ecuador quizá es uno de los países más caros por ejemplar y a ratos resulta excluyente y hasta oneroso comprar una novela. ¿Hay alguna respuesta a eso?
Para tener nuestro sistema de cultura necesitamos una ley que ordene al sector y diga “a ti te toca tantos recursos”, “tú te encargas de esto y no de lo otro”, si no viviremos en una suerte de multicefalía que ha sido verdaderamente caótica (...). Uno de los ejes fundamentales de la política pública en el ámbito de la cultura es el sector del libro y la lectura, pero también lo es la formación de públicos. Hay un rezago ahí, hay varias iniciativas en ese sentido en América Latina y estamos empezando a presidir el Consejo de la Lectura de América Latina, entonces tenemos que contar con un plan nacional de lectura, atarlo al tema de bibliotecas, a un rescate integral.
¿Cuándo ocurrirá eso?
Primero hay que ponernos de acuerdo en la institucionalidad de las bibliotecas, y ese es un tema con el Ministerio de Educación, también hay que hacerlo a nivel de regulación. Hay que hacer un verdadero sistema integral de bibliotecas alrededor del territorio y tener, además, un mecanismo centralizado o por lo menos homogeneizado, de clasificación, de digitalización de archivos.
Pero el tema digital es un largo proceso con unos costos altos...
Uno de los grandes retos es hacer un sistema de biblioteca digital que vaya desde la lectura pasando por la música y hasta una nube que recopile todo nuestro cine. Y uno de los grandes cuellos de botella es la circulación de bienes y conjugar la circulación con la formación de públicos. Incluso ciertas cadenas de cine se oponen abiertamente a la difusión del cine ecuatoriano. Lo mismo pasa con los museos, si son espacios de la memoria muerta, solo con objetos, sin espacios de seducción de la ciudadanía, de interacción con los chicos. En ese sentido, hay que ser muy realistas, la visita a los museos es bajísima, si se compara con la visita a los malls. Hay que trabajar mucho el aspecto lúdico, ya tenemos 250 museos en Ecuador y a cargo de este Ministerio están 14. Y el mismo símil puedes hacer en la lectura, teatro y cine. (I)