No ahora ni por consideraciones particulares: lo hemos dicho en forma abierta de modo reiterado: en materia de política cultural, la Revolución Ciudadana le debe al país. Si bien es cierto que en varios aspectos estamos frente a una ‘década ganada’, principalmente en materia social, legal e institucional, en el campo de la cultura hemos tenido una década perdida, con una decena de ministros que se han turnado en la respectiva cartera en estos diez años.
No se trata de negar los valores y virtudes de tales exfuncionarios, varios de ellos verdaderos signos del arte, las letras o la ciencia, como el poeta Antonio Preciado, iniciador de esta saga ministerial. Tampoco es del caso desvalorizar los actos puntualmente efectuados en la materia, pero nada de ello puede responder a cuestiones trascendentales, como las siguientes: ¿Hubo en esta década una política cultural clara, coherente, trascendental, inclusiva? ¿Qué manifestaciones significativas se desarrollaron en el campo de la interculturalidad y con qué porciones considerables de la comunidad ecuatoriana (afrodescendientes, indígenas, montuvios, marginales, inmigrantes, etc.)? ¿Qué contraofensiva se desarrolló frente a la invasión cultural consumista, individualista, mercantilista y degradante? ¿Hubo alguna acción consistente dirigida a la nueva generación de creadores e investigadores? ¿Y qué para la infancia?
Por este orden se podría adicionar varios interrogantes que prácticamente quedarían sin respuesta. Una demostración de todo lo dicho es que recién, a los diez años de creado el ministerio respectivo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Cultura.
Claro que en el listado de responsabilidades no solo se halla el Gobierno o la Asamblea, pues buena parte de la responsabilidad corresponde a la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que ha justificado su morosidad en la falta de presupuesto, muchas veces depreciado por el incremento de una burocracia resultante de tradicionales trincas o cacicazgos enquistados en la institución, con mezquindades centralistas notoriamente antidemocráticas, como lo demuestra la tozuda oposición al funcionamiento del Núcleo de Pichincha, inaugurado en 2012 por iniciativa de Jaime Galarza, entonces Vicepresidente Nacional de la CCE, y desconocido posteriormente hasta hoy, en que se ha procedido a la elección de su directiva, gracias a la tantas veces postergada y repudiada ley de la materia, hoy aceptada por los dirigentes de la Casa sin beneficio de inventario. Visto todo lo cual cabe una pregunta: ¿No se vuelve necesaria una revolución cultural dentro de la Revolución Ciudadana? (O)
