Es indudable que la historia no es considerada una ciencia social que sirve para dar fundamento a las decisiones de política económica.

En múltiples artículos, y en mi libro Historia de los impuestos en Ecuador (bajar en PDF: https://goo.gl/QNaRNb), he demostrado que desde 1928, cuando se estableció el impuesto a la renta, este fue cuestionado y sistemáticamente evadido por las capas dominantes y ricas del país. Pero no solo este impuesto, sino todos los que esos mismos sectores consideraban como una verdadera rapiña estatal a su “esfuerzo privado”.

Reducir impuestos o eliminarlos sigue hoy como una causa suprema de lucha de las élites económicas, en nada diferenciadas con las del pasado en esta materia. Han procurado convencer al país que están ahorcadas con demasiados impuestos y que estos son altos. Es un mito histórico. De acuerdo con los estudios de la Cepal, el nivel impositivo en Ecuador está por debajo de la media latinoamericana, que también es baja (20%).

En el siglo XX, como en oleadas cíclicas, se trató de construir una institucionalidad firme en la recaudación de impuestos, que sirviera para que el Estado tenga recursos con los cuales proveer a la población de amplios servicios como educación, seguridad social, atención médica, vivienda y, además, obras de infraestructura: agua potable, electricidad, carreteras, etc. Permanentemente esas capacidades estatales fueron boicoteadas o liquidadas por los intereses privados que vieron al Estado como “obeso” y hasta “enemigo”, lo cual es otro mito que la historia económica del Ecuador destruye a cada paso.

En el pasado, el que se llamaba Ministerio de Hacienda tuvo limitaciones de todo tipo para perseguir la evasión de impuestos; hoy contamos con un Servicio de Rentas Internas (SRI) con enormes capacidades para detectar la evasión y cobrar impuestos en forma efectiva. Algo parecido ocurre en las Aduanas, que en la historia del pasado republicano también fueron un desastre y hasta cómplices en las evasiones.

De acuerdo con el SRI, 215 grupos económicos adeudan  $ 2.260 millones al Estado; son $ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; $ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales, un monto equivalente al déficit fiscal que el gobierno aspira a reducir en 4 años. En aduanas el perjuicio por facturas falsas es casi de $ 2.000 millones.

Son cifras de la corrupción privada por impuestos que no se pagan al Estado y que se quedan en manos de los perjudicadores. Son, además, cifras monumentales, que contrastan con los apenas $ 1.700 millones que el gobierno aspira a lograr anualmente con las medidas que acaba de adoptar.

La evasión es un problema prioritario y no marginal en Ecuador. Merece acciones judiciales implacables. Y resulta una autolimitación histórica proclamar que habrá “estabilidad tributaria” pero en el sentido de que las reformas solo serán para bajar impuestos. La historia nacional clama porque se suban impuestos a las élites económicas que, paradójicamente, hoy incluso se sienten “desilusionadas” con las medidas tomadas por el presidente Lenín Moreno. (O)