No ha sido una novedad que la oposición al actual gobierno y a la candidatura de Alianza PAIS (agrupada en torno al banquero Guillermo Lasso, pero sobre todo aupada en las nociones neoliberales que su propuesta gubernamental), fue acomodando y fijando un discurso deslegitimador de las instituciones creadas por la Revolución Ciudadana en una década.

Todos los partidos y movimientos políticos (de derecha e izquierda), es decir, sus voceros más visibles y una porción de los medios privados machacaron -hasta el mareo- que el nuevo ordenamiento institucional está lleno de vicios y digresiones o, en otras palabras, que el neo constitucionalismo que sostiene la más audaz reforma del Estado, lograda en el Ecuador contemporáneo, es un extravío de las ideas que han inspirado a los gobiernos progresistas. Con este argumento, en el fondo, no aceptan que el Estado se sobreponga al mercado y, además, norme su incidencia en la vida nacional, por el contrario, apuntan a su reducción o extinción, y que lo privado recupere su connivencia con el mercado a través de un estado subordinado al neoliberalismo y los organismos financieros internacionales.

Eso era lo que estaba en juego en las elecciones pasadas y la oposición, de cualquier signo, sabía –y sabe- que “negociar” (políticamente hablando) con un gobierno de corte neoliberal es siempre más viable porque lo único que se hace es presionar por prebendas corporativas o gremiales, mientras el modelo de la élite no sufre ninguna alteración y los problemas estructurales se ocultan en la contención que sus propios líderes operan desde el griterío o la metáfora de la resistencia.

Hoy la consigna de la oposición es el fraude electoral; asunto demasiado forjado por el instinto del deseo de poder que por las demandas sociales más hondas de la justicia democrática. Por eso, no creo que la empresa electoral más artificial que se ha inventado en el país, CREO, (luego del affaire Alvarito), tenga la suficiente óptica política para comprender que la sociedad y su compleja articulación de conflictos y disensos, de diverso tipo, se resuelva con la violencia urbana por un imaginario fraude; una violencia incitada por el interés privado de una facción y la miopía política de sus aliados coyunturales.

A estas alturas sabemos que lo que se reclama -en el fondo- no es el cargo de presidente sino la recuperación del poder político y el retorno a un esquema de dominación que reparte huesos y se queda con la carne del animal social. Así, las protestas frente al Consejo Electoral -y hoy dispersadas por toda la ciudad de Quito- son sustentadas por ese retorcido plan de deslegitimar a la institución que organiza del procedimiento electoral y ¡no a la falta de transparencia de la contabilización de los votos! Pero eso en realidad es una trampa, un pretexto muy bien montando para perturbar la paz pública e infectar el virus del golpismo en el ensimismamiento despolitizado de la clase media y sus jóvenes aprendices de bandolerismo.

Ergo, cuando se oyen los gritos y los discursos de las tarimas improvisadas frente al CNE empieza a emerger el verdadero fin de semejante show: desestabilizar la democracia y apelar a grupos que suponen sus aliados: los militares y la iglesia jerárquica -con el apoyo ¿indirecto? de algunos medios de comunicación- que cubren los motines en las calles, avenidas y puentes quiteños (y de otras ciudades) como si fuera el inicio de una obscura y esquizofrénica guerra civil.

La peligrosidad de tales abusos no considera como primera opción agotar las vías legales del reclamo que con derecho tienen los supuestos perjudicados sino causar conmoción, confusión, odio, y la percepción de que el bandolerismo urbano puede ocasionar algo más que un reconteo de votos: la caída del gobierno, lo que impediría la asunción de Lenín Moreno y, por supuesto, pescar a río revuelto de lo que resulte de la ruptura democrática.

Es más, ni siquiera sopesan que desde la esfera internacional las elecciones ecuatorianas han sido reconocidas como transparentes y justas, ¡y que ya hay un Presidente electo!

Pero lo peor es que en Quito la autoridad brilla por su ausencia y se admite (y estimula) el caos, la destrucción de bienes públicos, el cierre de vías, túneles y autopistas.

Mientras unos dicen que el país vive una dictadura una extraña gavilla de violentos causa disturbios, repite mentiras y ataca física y verbalmente a la gente que no los secunda, en realidad el control y la represión no se aplica.

Incluso Alianza PAIS ha decidido respaldar la revisión de las actas con inconsistencias pero el ánimo de los opositores violentos no va por el sendero de la legalidad, la legitimidad y la paz, en realidad buscan soliviantar a la ciudadanía y despertar la duda, el desconcierto y la anarquía.

Es hora de frenar la violencia, el golpismo y la actitud antidemocrática de la oposición y sus seguidores. (O)