El filósofo alemán Georg Simmel escribía: «el secreto es una forma de acción y una técnica sociológica para lograr un fin. A él se suman otras formas de acción para traspasar la barrera que el secreto interpone entre los hombres, a saber: la indiscreción, la confesión y la filtración. Tenemos así dos intereses: el de esconder y el de descubrir. También dos energías que entran en acción: las que tienden a guardar el secreto y las que propenden a revelarlo».
Hoy, casi cien años después de la publicación de su libro El secreto y las sociedades secretas, la opacidad parece ser todavía una opción muy escogida por los grandes actores del sistema financiero mundial. El secretismo financiero —y todo lo ‘confidencial’— predomina en el ecosistema del poder económico. Esta fuerza centrípeta del control secreto colisiona con la fuerza centrífuga del control público, de la vigilancia democrática, cada vez más potente y expansiva. En una sociedad decepcionada, crítica, muy informada y organizada en red, se despliegan complejos mecanismos y herramientas para la observancia y la fiscalización. Poco a poco se está produciendo un cambio radical en la comprensión y aceptación de una determinada praxis de gestión de los asuntos públicos. Los ciudadanos han pasado a la acción e intentan ejercer un control cívico de los poderes políticos y económicos. Si en 2011 escribí La política vigilada. La comunicación política en la era de WikiLeaks, ahora tal vez debería escribir una nueva reflexión sobre la ‘economía vigilada’ en la era de los “Papeles de Panamá”.
Los “Panamá Papers” son la noticia del año. La investigación, llevada adelante por más de 370 periodistas de países y medios de comunicación diferentes —todos ellos asociados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)—, logró destapar las conexiones offshore de 12 jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios de políticos, además de decenas de futbolistas, empresarios y actores. Se trata de la mayor filtración de la historia obtenida por periodistas, más de 11 millones de documentos —equivalentes a 2,6 terabytes de información— del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los primeros del mundo en creación de sociedades offshore.
El papel del periodismo como instrumento de activismo, en apoyo a la tarea de los whistleblowers —quienes también merecen protección legal—, es relevante. Aunque ya no cualquier periodismo es suficiente. El tamaño de las filtraciones parece ir en aumento y sucede algo similar con las demandas de los lectores: mejores visualizaciones, más interactividad, multiplataforma, storytelling… Es por esto que la labor periodística debe actualizarse, reinventarse; y resulta más sencillo y efectivo cuando, como en este caso, el trabajo es coral, cooperativo y coordinado.
El profundo impacto que están teniendo los “Panamá Papers” es también irreversible. Ya ha causado la renuncia de Sigmundur David Gunnlaugsson, quien fuera Primer Ministro de Islandia y joven promesa de la nueva política nacional, la imputación del recientemente elegido presidente argentino, la publicación de los detalles fiscales de David Cameron y la dimisión del ministro español José Soria... Y promete haber más secuelas, pues, de momento, solo se ha revelado la mitad de los documentos.
Esta investigación le está poniendo caras y nombres a una realidad que ya conocíamos: la fragilidad legal de los paraísos fiscales y sus consecuencias en la economía y la política. Años atrás, el economista francés Gabriel Zucman, autor de un estudio titulado Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits, observaba que la riqueza escondida por las personas físicas en los paraísos fiscales del mundo asciende a 7,6 billones de dólares -una cifra que es mayor al PIB de Alemania y Reino Unido-. Esta fuga descontrolada de capital causa ingentes pérdidas de ingresos a los sistemas fiscales nacionales, perjudicando, evidentemente, los mecanismos de redistribución de la riqueza y aumentando, en consecuencia, la desigualdad.
Además, que un alto número de líderes políticos estén implicados en la investigación agrava el fenómeno mundial de la desconfianza (el estudio Government at a Glance 2015 de la OCDE demostró que la confianza en los gobiernos disminuyó más de tres puntos porcentuales en los últimos años). La opacidad financiera de estos representantes contradice la demanda —prácticamente universal— de transparencia. Y la doble moral de quienes dicen una cosa, pero hacen otra, acaba con su credibilidad y reduce al mínimo su «capital confianza».
La investigación de los “Panamá Papers” pone en cuestión la moral de nuestros representantes, su necesaria ejemplaridad, entendida como la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. El filósofo español Javier Gomá Lanzón, en su ensayo Ejemplaridad Pública, demostraba que la ejemplaridad se ha vuelto «una categoría política fundamental» y una demanda ciudadana ineludible. El paso de la moral privada a la moral pública, es decir, a la ética política, es uno de los desafíos de nuestro tiempo. La lección de los “Panamá Papers” no debiera ser la exigencia de más regulación y transparencia, o no solo eso, sino la exigencia de una ética política al servicio del bien común. (O)
