Durante la última semana, el escándalo contra el impuesto a la plusvalía y las medidas bancarias adoptadas por el gobierno, han dominado el escenario mediático nacional, sin que nadie haya podido neutralizarlo.

En lo de fondo, nuevamente se ha puesto al orden del día la visión de las élites económicas, para quienes resulta inaceptable que el Estado intervenga para regularlas y peor aún afectando su riqueza y poder.

Pero en América Latina contamos con suficiente experiencia histórica para negar la visión de esas élites. De una parte, nunca la riqueza de los sectores adinerados de la región ha provenido de su exclusivo trabajo, como comúnmente lo creen, sino de sistemas y mecanismos económicos y sociales que a través de la larga historia colonial, republicana y del presente, se han sustentado en la explotación humana, la violación de derechos laborales, la especulación dineraria, la estafa al fisco, el engaño al Estado, el contrabando, la corrupción privada, las herencias y, sin duda, la evasión o ausencia de impuestos directos.

Hay una enorme producción bibliográfica latinoamericana que descubre los orígenes de la riqueza y comprueba su actual concentración. El problema está en que el capitalismo legitima esas riquezas, aceptándolas como provenientes del emprendimiento individual y, además, legal.

Como lo han demostrado una serie de recientes estudios de la Cepal, los impuestos directos juegan un papel esencial para la redistribución de la riqueza, pero son precisamente las capas más ricas de la población las que pagan valores ínfimos, pese al avance en los mecanismos de los impuestos progresivos como el de las rentas. Y es necesario, de acuerdo con la Cepal, avanzar a los impuestos sobre patrimonios, como herencias y plusvalías. Así es que en Ecuador, país que está por debajo del promedio latinoamericano en el cobro de impuestos y con larga historia de evasiones, es necesario que la ciudadanía se apropie de una consigna central: hay que poner más impuestos a los ricos, pese a que sus protestas no cesarán.

De otra parte, también las élites económicas en América Latina se han acostumbrado a exigir que el Estado no intervenga ni regule al sector privado (en las décadas de 1960 y 1970 a eso le llamaban ‘comunismo’). Hoy añoran el retorno al sistema de libre empresa y libre mercado que se construyó en la región desde la década de 1980.

Pero, igualmente, los estudios históricos latinoamericanos demuestran que el Estado interventor es el que precisamente ha logrado promover obras públicas y extender servicios sociales como educación, salud, seguridad, vivienda y pensiones, incluso porque la región ha carecido de burguesías nacionales y peor progresistas. En Ecuador, desde la Revolución Juliana de 1925, solo gracias al Estado el país se modernizó y avanzó en servicios sociales.

Hoy, las protestas de banqueros y empresarios contra impuestos y regulaciones estatales, que han bombardeado a diario al Ecuador, además de que carecen de razones y verdades, mantienen la misma actitud de toda la historia: resistir al Estado y a los impuestos. (O)