Si se revisa con atención cada frase de los entrevistados en el programa En la Polémica, de Canal Uno, hay muchos elementos concretos para el análisis, desde la misma perspectiva de los activistas digitales (tres de ellos participaron en ese panel televisivo el domingo último).

El primero: Ningún indicio revela efectivamente que ya se haya utilizado a plenitud la tecnología supuestamente vendida a la Senain por parte de Hacking Team. Todo cae en el campo de la suposición todavía. Y si existiese, habría que investigar con profundidad, exhibir las pruebas y procesar jurídicamente el tema.

El segundo: La privacidad es un valor absoluto de los humanos y en estos tiempos de hackeos e interceptaciones ya sabemos que las empresas privadas, ciertas transnacionales y grupos políticos no han tenido límite, bien sea para buscar más clientes, crear desconcierto y también por una demanda inusitada de transparencia a todo nivel. (Valdría la pena leer La sociedad de la transparencia, del filósofo coreano alemán Byung-Chul Han.)

El tercero: Ahora se hace mucha bulla por un supuesto uso indebido de tecnologías para ‘espiar’ a actores políticos. Pero de ese espionaje ya somos víctimas algunas personas hace tiempo, pasando por el Presidente de la República y terminando con los periodistas de este diario (El último caso ocurrió el pasado martes, cuando nuestros correos fueron intervenidos desde servidores ubicados, al parecer, en Sudán y Uganda.).

El cuarto y último: La frontera entre la privacidad y la transparencia, en el marco de una disputa política (fuera y dentro de nuestro país), solo tiene una polémica excepción: hasta donde el interés público, la seguridad nacional y el uso de recursos públicos obligan a la publicación y exhibición de documentos que puedan corregir errores, combatir la corrupción y/o prevenir el cometimiento de delitos o infracciones éticas.

En ese marco debería entablarse la discusión pública y no usar estos elementos para revanchismos políticos, y mucho menos para ocultar acciones ilegales e ilegítimas. No solo porque estemos en otro escenario de discusión ciudadana o de demanda de transparencia absoluta, como reclaman los activistas digitales, sino porque también hay que considerar los graves problemas de seguridad ciudadana, combate al terrorismo, narcotráfico y otros delitos graves.

Sin embargo, siempre caben las preguntas que desde el periodismo se han hecho permanentemente los grandes maestros de este oficio: ¿Hasta dónde es privado y particular el documento, evidencia o declaración de un actor político, organización no gubernamental, partido político, de una autoridad del nivel que sea o de un funcionario público?

Y por otro lado, lo que ha hecho WikiLeaks ha desmontado esa forma tradicional de hacer periodismo que significaba supuestamente una investigación ‘a fondo’, cuando en realidad era la declaración, delación o chisme de un actor político en contra de otro. WikiLeaks (y Julian Assange, a quien ahora ‘adoran’ algunos políticos ecuatorianos que antes lo condenaron) puso en la realidad digital documentos, cables y correos, en algunos casos de carácter oficial, para que sea la opinión pública la que juzgue y sean las autoridades correspondientes las que inicien las acciones legales si fuese del caso. A partir de eso es que se crea un nuevo modo de entender la investigación periodística. (O)