Resulta un problema ético que el alcalde de una ciudad deposite en el exterior o en un paraíso fiscal sus ganancias para no pagar tributos en su propio país y que, al mismo tiempo, pida a sus ciudadanos que paguen impuestos prediales. El asunto, entonces, no solo es de orden ético o moral, sino de responsabilidad pública. Igual pasa con quienes aspiran a la Presidencia y en vez de invertir en su país fundan bancos en el exterior.

O también con aquellos supuestos socialistas que cuando están en un cargo público ponen la plata de la universidad que dirigen en una cuenta en Washington o siendo legisladores socialdemócratas trasladan a una isla cerca de 1 millón de dólares o crean empresas en Panamá a nombre de sus parientes. Hay algo que no cuadra en ese comportamiento político. Y sobre todo en la lógica pública. Sí, porque la administración de un Estado -dentro del mismo espíritu del modelo capitalista- no es posible ni viable si se hace sin recurrir a un sistema tributario o impositivo para garantizar una justa redistribución de la riqueza, crear las condiciones que generen un servicio público de calidad y atender los requerimientos que sostengan la infraestructura, cuya utilidad  queda también al servicio de la empresa privada.

¿Cómo se entiende la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos con un Estado sin recursos para pagar  obras enormes, caras y de largo aliento? ¿Cómo un alcalde puede hacer un puente o pavimentar una calle sin tener plata proveniente de impuestos, tasas o patentes? ¿O es que acaso el Estado debe quedar como mero licitador o concesionario de negocios y todo ser hecho por la empresa privada para que su uso sea cobrado y, por tanto, solo accesible a quienes tienen más dinero?  
Los países más desarrollados poseen altas tasas impositivas y, en consecuencia, cuentan con servicios básicos de calidad; sin desconocer que la educación pública es la mejor y que la salud constituye un orgullo de sus ciudadanos.  

Más allá de eso, la consideración política en debate pasa por lo que se avecina: un proceso electoral donde estarán en disputa dos visiones ideológicas sobre la economía y el rol del Estado. De hecho, en estas dos últimas décadas esa disputa ha definido el escenario político y en la última, particularmente, ha resistido el embate -nacional y extranjero- para torcer su curso y devolvernos a la lógica neoliberal.

Si quienes publicaron los llamados “Panamá Papers” intentaron posicionar en el debate, como un acto inmoral, que ciertos políticos y sus allegados pongan sus fortunas (no siempre mal habidas, aunque la mayoría sí lo son) en paraísos fiscales, en términos coloquiales les salió el tiro por la culata, porque en realidad, sobre todo en Ecuador, los “súper periodistas investigativos” se habrán devanado los sesos buscando a un solo político del actual gobierno con dinero en los paraísos fiscales y hasta ahora no mencionan a ninguno.

Ese era en realidad el objetivo político de estos documentos, como se podrá comprobar con todo lo hecho contra otro político, de mayor envergadura para el mundo occidental, como es Vladimir Putin.     

Sin embargo, a la hora de examinar los papeles, más que señalamientos hay pistas para desnudar cómo actúan los grandes millonarios que aspiran a seguir o conquistar cargos públicos de alto nivel. Y, sobre todo, por qué insisten tanto en no pagar impuestos y colocar sus fortunas en paraísos fiscales. Además, no solo hay millonarios: se observa y se tiene documentado que hay políticos, activistas, supuestos periodistas y uno que otro empresario menor. Entonces queda claro que hasta ciertos sectores y líderes de la izquierda que dicen buscar el socialismo como meta estratégica de lucha “usan” al capitalismo, o lo peor de él, para su beneficio particular: los paraísos fiscales. Y son los mismos que impiden una reforma educativa y que las universidades, colegios y escuelas no sean un negocio más de determinados partidos políticos. Igualmente, hacen todo lo posible para mantenerse en cargos de dirección en ciertas universidades y garantizar el sostenimiento del capitalismo formando a abogados y profesionales bajo el espíritu de ese sistema, para que sean ellos los defensores de los negocios privados en litigios contra el Estado. Al mismo tiempo, son los que no tienen ningún empacho en aliarse con la derecha más rancia con el objetivo de acabar con los supuestos “populismos” de nuestra región.

Gobernar para sostener el sistema no es tan difícil. De hecho, así vivimos 30 años después del llamado retorno a la democracia, lo difícil es administrar la transformación de un Estado sin contar de lado a los medios de comunicación tradicionales, privados y comerciales, a las cámaras de la producción, al sistema financiero en general y a los grupos corporativos o gremiales que no dejan de defender sus privilegios. Y para gobernar, para hacer cambios de fondo, evidentemente, hacen falta recursos económicos permanentes y no sujetos a los cambios de precios internacionales. Si de todo el dinero ecuatoriano depositado en el exterior, de los antes descritos, se cobrara impuestos o fuese invertido en nuestro país, no haría falta la reforma tributaria que se debate en la Asamblea. Oficialmente, la Superintendencia de Bancos de Panamá registra un poco más de 2.000 millones de dólares. Haciendo cuentas concluimos que bastaría con pagar los impuestos acá para cambiar el panorama de la iliquidez nacional.

Cuesta entender la lógica política de quienes aspiran a cargos públicos de alto nivel y al mismo tiempo sacan su plata fuera de Ecuador. Y por tanto, es poco creíble su plan de gobierno, aquello de sacar de la pobreza a la mayoría porque en la práctica quieren enriquecerse y prescindir del Estado. (O)