Los medios de comunicación de propiedad privada cumplen función pública. Utilizan frecuencias otorgadas por el Estado, sirven a cubrir la necesidad de información de la población, gozan de la permisión social para ser difundidos. Es lo mismo que una empresa privada que tiene concesionado el transporte público: solo si cumple adecuadamente su rol público se justifica su existencia.
Que su propiedad sea privada, no significa que un medio de comunicación sea como una casa de fin de semana o una hacienda, con la cual los dueños pueden hacer lo que les plazca. A diferencia de estos casos, la función de los medios privados debe someterse al escrutinio público. Esto significa que algún control estatal -no decimos gubernamental, sino de instancias civiles que duren más allá de los gobiernos- debe existir acerca de en qué medida estos medios cumplen efectivamente función pública. Lo primero a exigir es que se diferencie opinión de información. Respecto de esta última, no es admisible mentir ni difamar en nombre de un pretendido uso de la libertad de expresión. Ni tampoco abusar de la adjetivación para dejar mal parados a quienes no se quiera, o para bendecir a los propios.
Además, se debiera sostener el pluralismo informativo. El cual no es imprescindible que un medio lo tenga dentro de su propio formato: todos los medios tienen su propia tendencia, y hay derecho a tenerla. Pero hay que declararla, en vez de fingir neutralidad. Y hay que garantizar el equilibrio del conjunto del sistema de medios, para que este garantice igualdad de oportunidades para todas las opiniones político-ideológicas. Tan ‘públicos’ debieran ser los medios de propiedad privada, que en muchos países -es el caso de Argentina- están en gran medida financiados por el Estado. La llamada ‘pauta pública’ que deben darle los gobiernos, hace que a veces grandes medios privados reciban más dinero del Estado que los medios estatales. Esto es ignorado por la mayoría de la población, donde hay quien se queja de que -cuando los gobiernos son populares- los medios estatales se vuelven gubernamentales. Eso es cierto: pero ellos no saben que todos los ciudadanos financiamos también a los medios privados, los cuales hay casos en que ni siquiera se cuidan de parecer imparciales.
Idealmente, los medios estatales no deberían gubernamentalizarse. Pero ello se hace inviable con gobiernos populares, pues los medios de propiedad privada se vuelven masivamente en contra de tales gobiernos. Siendo estos medios privados los dueños de casi toda la audiencia, una mínima defensa de parte de gobiernos que han sido votados mayoritariamente, es apelar a tener una voz dominante en los medios de propiedad estatal. Lo curioso es que los grandes dueños de los medios acusan a los gobiernos populares por esta gubernamentalización de los medios estatales. Es que las derechas pueden darse el lujo de ser plurales en esos medios, cuando gobiernan: no los necesitan, pues tienen el amplísimo y dominante espectro de medios de propiedad privada a su merced.
Está claro que un gobierno elegido por el pueblo tiene derecho, en esta época de medios sobredimensionados e hiperinformación permanente, a defenderse de la andanada privatista, por vía de los medios estatales. Cuando se consiga que los medios de propiedad privada se asuman como servicio público (y se garantice la pluralidad, no en los medios estatales singularmente, sino tomando como ‘unidad de análisis’ el espectro de conjunto de los medios existentes en un país), entonces sí tendrá sentido reclamar que -en nuestra Latinoamérica azotada por duros enfrentamientos sociales e ideológicos- podamos reclamar a nuestros medios estatales comportarse como suele hacerlo la BBC. (O)
