El cambio de gobierno de Rafael Correa a Lenín Moreno provocó una readecuación del ambiente político y una alteración sustancial en la correlación de fuerzas sociales. El cambio del ambiente político fue posible a través de los diálogos abiertos por el gobierno: viejos partidos, políticos tradicionales, dirigentes de movimientos sociales, empresarios, izquierdistas y derechistas de amplios espectros, etc. han coincidido en señalar que ahora existe un nuevo espacio para su expresión. Y en ese ambiente, las fuerzas sociales que se sintieron relegadas durante la década “correísta”, han adquirido renovada presencia, expresión y fuerza.
Bajo esas condiciones, la esfera de la economía tiene hoy otro tipo de hegemonía ideológica, cultural y sobre todo mediática. Como ocurriera antes de 2007, nuevamente los voceros de lo que hay que hacer o dejar de hacer en economía son los dirigentes de las cámaras de la producción, altos empresarios y profesionales defensores de sus intereses.
Se podría pensar que bajo semejantes auspicios, la economía se ve alimentada con ideas sensatas, ecuánimes, patriotas y hasta “populares”. Pero no es así. Las nuevas fuerzas hegemónicas solo han podido difundir tesis elementales. De manera que hoy parece que las “buenas” políticas radican en reducir el tamaño del Estado, restringir el “gasto” público, suprimir o rebajar impuestos y aranceles, suscribir tratados de libre comercio, enterrar subsidios, atraer capitales extranjeros, alentar a la empresa privada y, desde luego, revisar el régimen laboral, para flexibilizarlo.
No hay una sola sílaba y peor discusión sobre lo que es el desarrollo y la modernidad capitalista o postcapitalista, nada de análisis histórico, ni un planteamiento sobre la necesidad de redistribuir la riqueza y peor aún sobre la obligación estatal de perseguir a los evasores de impuestos ($2.6 mil millones por parte de 215 grupos económicos), encarcelar a los subfacturadores (otros $2 mil millones) que estafan a las aduanas, investigar y sancionar a quienes tienen dinero en paraísos fiscales.
No se argumenta a favor de los recursos estatales, la extensión de los servicios públicos para brindar educación gratuita, seguridad social universal o medicina socializada, todo lo cual requiere de enormes recursos. Persisten resistencias para comprender que hay que incrementar impuestos a los ricos, regular al sector empresarial, institucionalizar fuertes capacidades estatales, perseguir implacablemente a los deudores y estafadores privados al fisco. Tanto la historia, como abundantes estudios académicos latinoamericanos, refutan la elemental visión de las burguesías ecuatorianas.
En el ambiente hegemónico descrito, resulta lógico que los resentidos y desengañados con los diálogos gubernamentales sean los voceros del alto empresariado, quienes dicen no haber sido escuchados, al no haberse acogido la totalidad de sus propuestas.
Pero al menos en este punto, el resultado final ha sido beneficioso para el Ecuador, ya que no puede seguir orientado por los mitos económicos provenientes de los simples intereses privados. (O)
