En varios artículos he sostenido que con el paso del tiempo se evidenció que los ‘enemigos’ históricos de los gobiernos progresistas y de nueva izquierda en América Latina son el imperialismo, los altos empresarios (burguesía) y los más influyentes medios de comunicación privados. Sus intereses son defendidos y expresados por los sectores y partidos de derecha, a través de los cuales se moviliza la ‘restauración conservadora’.

El avance de esas derechas en Argentina, Venezuela y Bolivia también demuestra que a las fuerzas descritas se suman errores, flaquezas, contradicciones, debilidades políticas, ausencias de crítica y autocrítica o carencia de bases sociales firmes y organizadas, originados en los gobiernos progresistas y de nueva izquierda, por sus propias acciones u omisiones. Incluso faltaron puentes con aquellos sectores de movimientos sociales, laborales y populares que llegaron a romper con ellos.

Un reciente artículo de Emir Sader, publicado en este diario (‘La crisis de la izquierda latinoamericana’, http://goo.gl/7rHCqm) va en la línea crítica de apuntar las debilidades de esos gobiernos, a pesar de los significativos avances que igualmente han logrado frente al pasado neoliberal.

Bajo similares contextos, altos empresarios y dirigentes pertenecientes a las cámaras de la producción en Ecuador han sido persistentes en demandar no solo un cambio en el ‘modelo’ económico, a fin de que se atraiga inversión extranjera, se aliente al empresariado interno y se liberen mercados, retirando de la economía al “excesivo” gasto público, los “demasiados” impuestos y, en última instancia, al Estado. Además, han cuestionado la “rigidez” del mercado laboral del país, abogando por su “flexibilización”.

En ese marco, el Proyecto de Ley Orgánica para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo (http://goo.gl/JqJKOR) presentado por el Ejecutivo a la Asamblea, se ha justificado con la idea de que es necesario ser “pragmáticos” ante las “dificultades” que atraviesa el país, a fin de evitar la caída del empleo, algo que ya está ocurriendo.

Pero si se examina con objetividad académica y sin pasiones políticas, se trata de una propuesta de flexibilidad laboral, aunque no se quiera reconocerlo. No solo afecta al principio prooperario y a derechos laborales preexistentes, sino que ha provocado un posicionamiento social polarizado, ya que mientras la política laboral escogida para enfrentar las dificultades económicas de la coyuntura ha merecido amplio beneplácito entre empresarios y dirigentes vinculados con las cámaras de la producción, ha despertado el rechazo generalizado de los trabajadores y sus organizaciones, con respaldos y solidaridades de otros movimientos sociales y clases medias.

Nadie puede prever las repercusiones políticas que todo ello tenga para las elecciones de 2017. Pero es evidente que la nueva política laboral, en el contexto de la recesión económica, marca un giro conceptual y un nuevo momento en la trayectoria histórica de la Revolución Ciudadana después de 9 años de gobierno. (O)