Desde 1979 distintos gobiernos del Ecuador fueron impactados por sonados casos de corrupción. Como en el pasado, la corrupción actualmente denunciada, escandaliza y exige esclarecimiento y sanciones.
Pero el tema también merece otras consideraciones históricas.
Desde hace décadas se ha investigado sobre las gigantes empresas que dominan la economía y cuyos recursos superan a cualquier Estado de América Latina. En la era de la globalización la concentración se ha agudizado y unas 200 empresas controlan la economía mundial. Thomas Piketty incluso demostró en “El capital en el siglo XXI” (2013), que la riqueza está concentrada en una élite que representa el 1% mundial, abogando por el fortalecimiento del Estado y los impuestos a los ricos, particularmente sobre las herencias. Los múltiples estudios sobre monopolios y riqueza, actualizan al imperialismo como fase superior del capitalismo, un viejo fenómeno estudiado por V.I. Lenin en su libro publicado en 1917, cuyo centenario conmemoramos.
Las transnacionales de la era de la globalización, voraces por la conquista de mercados y concesiones, no han descartado el empleo de sobornos, coimas o cualquier otro instrumento para la “compra” de voluntades y el logro de contratos con los Estados y especialmente en los países “subdesarrollados”, donde pueden resultar impunes. Pero solo cuando han estallado los casos de corrupción actúan para tratar de lavar su propia imagen o descargar jurídicamente sus culpas. El caso de la PG&E Co. fue muy conocido por la película “Erin Brockovich” que protagonizó Julia Roberts (2000); y hoy habría un libreto espectacular para otro film sobre Odebrecht en América Latina o sobre los Panama Papers. Según el informe de EE.UU., solo en Ecuador Odebrecht pagó 33.5 millones de dólares en sobornos, pero obtuvo beneficios por más de 116 millones.
Como la corrupción transnacional se ha vuelto un creciente fenómeno globalizado, desde 1996 las Naciones Unidas tomaron diversas iniciativas y en 2003 se aprobó un proyecto que entró en vigor en 2005 como “Convención de las NN.UU. contra la Corrupción” (CNUCC), hoy suscrito por 182 países, incluido Ecuador.
Es el primer instrumento internacional con fuerza para prevenir y perseguir la corrupción. Paradójicamente solo enfatiza en la corrupción de los “funcionarios públicos” y no en las empresas corruptoras. Como lo destacó un estudio de Antonio Argandoña (2006), la CNUCC resultó limitada por los intereses económicos y políticos en juego, ya que NO ES OBLIGATORIO que un Estado miembro penalice el soborno o la malversación de fondos basados en la corrupción privada, así como tampoco la penalización del financiamiento corrupto a los partidos políticos.
El “robo” de dineros públicos es tan corrupto como las coimas, sobornos y “compras” a funcionarios, que utilizan las transnacionales o las empresas locales, y que no son perseguidas. De manera que es aquí donde se mide la actuación revolucionaria o pasiva de los Estados para combatir la corrupción, que es un fenómeno consustancial a la avidez por riqueza y poder, que genera el sistema capitalista. (O)
