Partamos del supuesto que a los bancos no les gusta la competencia. Menos aún la competencia del Estado. Sobre lo último, no existirá debate. La competencia con el Estado es una competencia desleal, y un sector con tantos tintes oligopólicos como el financiero entiende bien lo que eso puede significar. Bajo estos supuestos, un sistema público de dinero electrónico le permitía al Estado suplir las áreas donde la banca no veía rentabilidad, y competir en aquellas donde la banca imponía precios.
El Estado podía hacer eso, porque el Estado no busca lucrar de sus políticas públicas. Busca brindar un servicio. El dinero electrónico abarata los costos de las transacciones en aquellos lugares donde la banca no quiere o no puede llegar, dándole mayor dinamismo a las economías comunitarias, evitando la necesidad de invertir en cajeros o edificios. Reduce el costo asociado con tener el dinero en el banco, los servicios que se pagan para ‘mantenimiento de la cuenta’, por retirar efectivo, por recibir tu estado de cuenta, por ‘servicios financieros’, etc. Permite todo esto, porque la inversión de infraestructura ya está hecha (ya están construidas las antenas para celular) y porque el acceso al dinero electrónico no requiere de una inversión adicional de la persona ni incurrir en altos costos por este servicio.
El dinero electrónico permite que negocios donde no es rentable o posible cobrar con tarjeta de débito, lo pueda hacer a través del celular. Permite dinamizar las economías pequeñas en lo cotidiano: no tienes que esperar para llamar el plomero porque no tienes efectivo. El plomero, por su parte, puede dar un valor a sus servicios que no está condicionado por el redondeo. En general, agiliza las transacciones cotidianas sin necesidad de tener circulante.
Este es el servicio que debía proveer el Estado con el dinero electrónico. Un servicio que, al no estar guiado por el lucro, podía mantener costos bajos para el usuario (que, efectivamente, los tienen). Los bancos privados son un negocio y buscarán lucrar de estos. Según Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, el dinero electrónico privatizado buscará mantener las tarifas más parecidas al Banco Central, más los costos operativos (lo cual ya da indicios de un aumento en el precio), pero no quieren generar rentabilidad.
Su idea es atraer más clientes a la banca donde, según el propio Prado, “está el negocio” (sic). Pero ese negocio es un negocio de empresarios a quienes no les gusta competir. Es decir, muchos de los incentivos del dinero electrónico ligados a los costos del servicio para el usuario se verán mermados cuando las cuentas sean regidas, una vez más, por la banca privada. Donde tengas que pagar por recibir tu estado de cuenta, por ‘servicios financieros’, etc. De otra manera no sería negocio. Mantener el control estatal del dinero electrónico presionaba a que la banca vuelva sus costos más competitivos si quería ganar estos clientes. Lo único que tuvieron que hacer esta vez para ganárselos fue reunirse con el Presidente. Despreocúpese, el cliente no notará la diferencia.
Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, dijo que el dinero electrónico no se desarrolló a la velocidad deseada, y eso motivó darlo a la banca privada. La ineficiencia actual del dinero electrónico recae sobre el Gobierno anterior. Que la mejor solución que encontraron fue entregárselo a los bancos, esa recae sobre el actual. No solo se perdió la posibilidad de presionar a la banca para que brinde un mejor servicio, sino que también se perdió una herramienta política y económica para manejar el Estado, incluso la política monetaria.
Por el momento, el sector financiero está en paz con el Estado. Al final del día, a la clase capitalista le gusta el Estado, siempre y cuando sea un Estado para la clase capitalista. (O)
