En el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, los “empresarios” (término inexacto para sociedades “precapitalistas” como la del Ecuador de esa época) se identificaron con la oligarquía de hacendados terratenientes, agroexportadores, comerciantes, banqueros e incipientes “industriales”, que crecieron bajo condiciones extraordinariamente favorables, debido a que el Estado no intervenía en la economía, el poder político se subordinó a sus intereses, regían los principios de la “libertad privada”, y la fuerza de trabajo estaba dominada y sobreexplotada. Sin embargo, el Ecuador no se desarrolló, y se mantuvo como uno de los países más atrasados del continente.
Contrariando las creencias tradicionales, el progreso y la modernización se iniciaron con la Revolución Juliana (1925) que inauguró el intervencionismo estatal en la economía, la redistribución de la riqueza mediante el impuesto a la renta y la promoción de los derechos laborales y de la seguridad social, una trilogía desde entonces resistida por los empresarios. El “desarrollismo” de los años sesenta y setenta consolidó esos procesos, y además provocó un inédito crecimiento empresarial, pero bajo el amparo del Estado, fortalecido en sus capacidades.
Las 2 décadas finales del siglo XX alteraron la historia ecuatoriana, porque al calor de los cambios mundiales debidos a la crisis de la deuda externa latinoamericana, el derrumbe del socialismo y la globalización transnacional, se consolidó en el país el “modelo empresarial/neoliberal”, que implantó los intereses privados sobre los nacionales, retiró al Estado, provocó la mayor concentración de la riqueza e hizo florecer los negocios bajo los supuestos del mercado libre. Las cámaras de la producción pasaron a ser las voces rectoras de la economía, con dirigentes convertidos en agentes políticos.
Los resultados del modelo empresarial fueron socialmente desastrosos para las condiciones de vida y de trabajo de la población, así como para el Estado, cuyo colapso gubernamental se evidenció entre 1996-2006.
Es el ciclo de la Revolución Ciudadana (2007-2017) el que recobró el papel regulador e inversionista del Estado, las políticas públicas, la promoción de obras y servicios (educación, salud, medicina, seguridad social, vivienda), la primacía del trabajo sobre el capital, de modo que los logros sociales son inéditos y reconocidos por los principales organismos internacionales en sus informes.
Aprovechando del cambio de gobierno, reviven los intereses de las elites empresariales para imponer las orientaciones de la economía y recuperar poderes en el Estado. Pero la Revolución Ciudadana, si quiere continuar, no puede dejar de lado la experiencia histórica. Debe observar que es el empresariado el que tiene que cambiar para modernizarse y adquirir sentido de sus responsabilidades estatales y sociales, lo cual implica admitir la importancia social de las obras y servicios públicos, la fortaleza de los derechos sociales y laborales, la necesidad de afirmar un sistema de impuestos redistributivo de la riqueza y la sujeción de los intereses privados a los nacionales. (O)
