Por encima de toda consideración formal o proselitista fue un acierto, una decisión sabia, obligar a los asambleístas a dejar que pasara un año entre el primer y el segundo debate para aprobar o desechar las enmiendas a la Constitución de Ecuador. Pero hay algo más: en ese año, como ya podemos ver, el debate político, la mesura a la hora de tomar una decisión histórica, se produce una pedagogía política general.
Nuestro país y nuestros políticos tradicionales no son, precisamente, un ramillete de prudencia, paciencia o sabiduría para tomar decisiones trascendentales. Eso ya lo sabrán explicar los especialistas. Más allá de eso, conforme se acerca la fecha para la definición de las enmiendas sugeridas por los asambleístas del Movimientos PAIS, tenemos una etapa en la que se ha revelado la calidad política del debate, la reflexión y la toma de decisiones. No es un tema del que afloren las mejores y mayores bondades del pensamiento político. Incluso, los académicos desnudaron sus limitaciones intelectuales (¿o políticas?).
Cómo será de precaria la discusión que por mucho tiempo se dijo que el 70% de la ciudadanía, primero, y el 82%, después, quería una consulta popular para definir si se aprobaba o no, vía consulta popular, cada una de las enmiendas. Mientras que las encuestadoras, sobre ese mismo tema, registran actualmente una reducción considerable de dicha postura. Unas hablan de 52% y otras de menos, pero para el ciudadano común ha quedado clara la intención política real de quienes reclamaban un referéndum.
Y al revés: ¿qué habría pasado si no hubiese existido esa condición constitucional y se aprobaban las enmiendas inmediatamente después de la autorización dada por la Corte Constitucional? ¿Habrían quedado tal cual las presentaron los asambleístas? ¿Cómo se habría comportado la oposición y la prensa que ha hecho de este tema su caballo de batalla como si allí se definiera, incluso, la riqueza nacional y la felicidad colectiva de todos los ecuatorianos? Lo efectivo y comprobable es el gasto realizado por un candidato a la presidencia, quien puso todos sus recursos a disposición, movilizó a varios de sus medios allegados y organizó foros con una sola consigna y muy poca reflexión jurídica, política y constitucional.
No es extraño que de todos aquellos recorridos no haya quedado material, argumento o sustento para que los ecuatorianos se pronunciaran sobre tan complejo tema. Incluso, en este año algunos opositores se propusieron “dar de baja” al gobierno por haber osado violentar la formalidad liberal democrática para posibilitar la postulación indefinida de los candidatos a cargos de elección popular. Y ya sabemos en qué terminaron esos deseos y esas acciones.
Tenemos entonces (algo que no recordarán los historiadores al servicio de la oposición) un período para entendernos en nuestras limitaciones y potencialidades políticas, ciudadanas, académicas, periodísticas y jurídicas para decidir sobre asuntos relevantes. Ojalá sirva esto para que todos, de lado y lado, asumamos como un aprendizaje y darle mayor sentido a nuestra democracia. (O)
