América Latina es la región más urbanizada del planeta, como consecuencia del abandono del campo y la concentración de recursos materiales, humanos y financieros en las ciudades, fruto particularmente de equivocados conceptos de desarrollo a partir de la posguerra, cuando se creía que lo tradicional, y dentro de ello lo rural, era malo, y que lo urbano era sinónimo de modernidad.

En 1955, 45% de la población latinoamericana estaba en la ciudad. Para 2015, tenemos 81%. La expulsión de habitantes del campo y la exclusión de los mismos en las ciudades fueron factores determinantes que generaron las invasiones en Ecuador, las favelas en Brasil, los eufemísticamente llamados pueblos jóvenes en Perú o, sencillamente, las barriadas.

En las invasiones los pobres viven peor y pagan más. No se puede hacer obra pública porque los terrenos no están legalizados; el agua en tanquero cuesta cinco veces más que el agua entubada; y están en manos de traficantes de tierra, verdaderas mafias que, además de estafarlos, les cobran hasta por los servicios de seguridad.

Es tan común esto en Latinoamérica, que muchos lo consideran parte del paisaje, cuando en realidad es consecuencia de la miseria y de la exclusión. Todavía pagamos, y muy caro, la novelería de los ‘modernizadores’.

El mal desarrollo urbano para Ecuador es un problema tan grave, que lo pusimos como un nuevo eje de nuestro programa de gobierno al ser reelectos en 2013. Como política pública declaramos a finales de 2010 cero tolerancia a las invasiones y, aunque hemos tenido grandes avances, el problema sigue.

Frecuentemente, por desalojar asentamientos ilegales o reubicar familias en situación de riesgo, somos nosotros los que tenemos que enfrentar juicios, denuncias de atentados a los derechos humanos, y un largo etcétera de tonterías. Todavía pareciera ser que a nivel político, en Ecuador, el que cumple… ¡pierde!

No es solo una cuestión de pobreza y desorden, es también un problema cultural. Se tornó costumbre asentarse en cualquier lado, incluso en -literalmente- espejos de agua, y luego a cualquier costo exigir relleno, servicios básicos y, en general, la intervención del Estado. A su vez, la politiquería se vale de esta tragedia humana para el asistencialismo, explotando el atavismo cultural de la victimización, cuando básicamente se argumenta: “Como somos pobres y sin casa, podemos asentarnos donde queramos”.

Para cambiar esta realidad hay dos problemas cruciales: la falta de capacidades de los municipios y la exclusión, producto del sistema de mercado.

En nuestro país, la dependencia de los ingresos municipales con respecto a asignaciones del Gobierno central es del 82%.

Se llaman gobiernos autónomos descentralizados, cuando la principal autonomía debería ser la financiera. Las ciudades más grandes, Quito y Guayaquil, dependen del 55% y 58%, respectivamente, pero hay municipios, como el de Taisha, en la provincia de Morona Santiago, con una dependencia del  99,8%.

Con el retorno a la democracia, el número de municipios pasó de 118, a finales de los setenta, a 221 actualmente. Pese a que, con excepción de la región amazónica, la ley siempre estableció tener al menos 50.000 habitantes para poder crear un municipio, el 70% no llega a ese mínimo, incluso después de varias décadas de creados.

Esta falta de capacidades hace difícil el cumplimiento de sus competencias, entre las que se destacan los planes de ordenamiento territorial y controlar el uso y ocupación del suelo (art. 264, numerales 1 y 2, de la Constitución de la República).

A esto se añade, no pocas veces, como mencionamos anteriormente, la falta de voluntad política para cumplir estas competencias, incluso cuando hay asentamientos en zonas de riesgo, con claro peligro para la vida humana.

Por otro lado, los pobres -excepto como mano de obra barata- no existen para el mercado, porque sencillamente no tienen capacidad adquisitiva. Casi no hay oferta espontánea de vivienda social. Siempre será más fácil y rentable construir una vivienda de 200.000 dólares, que 10 de 20.000. Algo similar ocurre con respecto al crédito, al que tampoco pueden acceder por falta de garantías.

Por eso debe intervenir el Estado. No se trata solamente de justicia social. Se trata de evitar graves desestructuraciones sociales, nuevas formas de pobreza, tráfico de tierras, ocupación ilegal del suelo, hacinamiento y precariedad en nuestras principales ciudades, lo que los economistas llamamos ‘externalidades negativas’.

En Ecuador hemos cerrado el circuito de apoyo otorgando a través de la banca pública financiamiento a los constructores de vivienda social, y a las familias se les entrega un subsidio directo más financiamiento, especialmente a través del cooperativismo.

Todas estas medidas nos han dado muy buenos resultados. Al inicio del Gobierno el déficit habitacional era de 23,2%. En 2015 llegó a 13,4%, lo que significa que se ha disminuido 9,8%. En esta década ganada hemos construido 371.964 viviendas dignas.

Aunque el programa ha sido exitoso, falta mucho por hacer, y hay que acelerar los procesos. Con voluntad, decisión política y poniendo al ser humano como prioridad, invirtiendo anualmente 1% del PIB entre sector público y privado, en 10 años tendríamos resuelto el déficit de vivienda.

El Derecho a la Ciudad permite a sus habitantes ocupar, usar y producir en un entorno justo, inclusivo y sostenible. Ecuador es uno de los pioneros en reconocer este derecho en su Constitución. Construirlo es tarea de todos. (O)