Ciertamente, el camino de la Ley Orgánica de Cultura ha sido no solo sinuoso sino tortuoso. Es la única ley que, por mandato de la Constitución, aún no ha sido expedida. Luego de siete largos años de espera, parece que al fin se llegó a la recta final y que, ahora sí, la ley será tratada y aprobada en la Asamblea Nacional.
La excesiva demora, la ineficiencia de las autoridades del sector, y la poca importancia que al tema de cultura le han otorgado, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional, ha provocado un gran desinterés en los actores culturales. Al punto que muchos creen que es mejor no tener ley. Más aún cuando la Casa de la Cultura Ecuatoriana denunció que se pretendía atentar contra su autonomía y suprimir su matriz.
Al final se trataba solo de una absurda falta de comunicación y diálogo. Reunidos, en la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, todo quedó aclarado: el ministro de Cultura, Guillaume Long, reiteró que en la ley se respetará su autonomía, se mantendrá la coordinación nacional (matriz) y se creará una Casa en Pichincha. Pero eso sí, su gobernanza será reestructurada con la creación de una Asamblea Provincial, un directorio provincial y un director ejecutivo. Sus recursos serán distribuidos de mejor manera; a través de indicadores demográficos, eficiencia y capacidad de ejecución. Así mismo, se cambiará la forma de elección de sus autoridades con un sistema inclusivo y democrático.
Pero la ley va más allá de la Casa de la Cultura. Lo fundamental es que se reorganiza y reordena el sector a través de la creación del Sistema Nacional de Cultura con sus respectivas instancias de rectoría, coordinación, regulación y control, planificación y ejecución. Los artistas y creadores podrán, al fin, acceder al Seguro Social y a más beneficios laborales; se creará un registro único de artistas y se podrá acceder a recursos financieros a través de la activación del Fondo Nacional de Fomento a las Artes (actual Fon-cultura), que tendrá consejos consultivos para el acceso a recursos y que reemplazará a los actuales fondos concursables.
Así las cosas, la ley significará un rotundo cambio en la estructura e institucionalidad del sector cultural. Sin embargo, la mayor parte de los actores culturales desconoce el contenido de la ley. Y bien harían, tanto el Ministerio como la propia Asamblea Nacional, en ‘socializar’ mejor los contenidos de la ley, sobre todo aquellos artículos que benefician directamente a los artistas, creadores y gestores culturales. Ahora bien, el tema -técnicamente- está en la Asamblea, pues se aprobó ya un informe de mayoría en la Comisión ocasional de cultura, presidida entonces por Marco Murillo, quien realizó también la consulta prelegislativa. Lo cual permitirá continuar el trámite desde el segundo debate e inmediatamente la aprobación del pleno. Y, como sabemos, la revisión final del Ejecutivo que puede vetar total o parcialmente y, por tanto, enmendar sus articulados.
La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea no tiene en sus miembros expertos en temas de cultura, por lo que -se entiende- que los ‘insumos’ remitidos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, serán los que, finalmente, formen parte del articulado. Por ello, ojalá a la Asamblea no se le ocurra hacer una minga -como anunció su presidenta-, no solo porque implicaría más demora, sino porque el texto de la ley no termine siendo una colcha de retazos.
En todo caso, en un año de crisis, la aprobación de la ley -una buena ley- debería ser un motivo de alegría para el sector cultural. (O)
