Según el estudio del Global Financial Integrity (2008), el 63% del total de flujos ilícitos globales serían generados por grandes bancos, transnacionales y ‘ricos globales’, el 37% por todo tipo de criminalidad, con solo 3% “por la corrupción gubernamental a escala global” (Astarita, 2014:178), cifras que revelan la realidad oculta de la corrupción: su vinculación orgánica a la acumulación capitalista, impensable sin pillaje, saqueo colonial, privatizaciones y coimas. Es, justamente, esta lógica sistémica la que explicaría el itinerario criminal de Odebrecht por el mundo, en complicidad con burócratas venales.
Pero este mismo sistema en el que la corrupción es una mediación, construye en el neoliberalismo un discurso anticorrupción que trata diferenciadamente a empresas y Estados: limpias las primeras, podridos los segundos. Nadie se escandaliza cuando ellas ‘negocian’ su impunidad, mientras los Estados siguen calificándose según su ‘índice corrupto’, sobre todo los nuestros en los que se considera ‘técnicamente imposible’ luchar contra ella. ¿La lógica de este doble rasero? Eliminar la intervención estatal y ejecutar la agenda neoliberal privatizadora.
Fue justamente en el marco de la descomposición del Estado oligárquico-neoliberal, un sistema político corrupto, pues funcionó exclusivamente como palanca de acumulación legal e ilegal de la burguesía y las transnacionales, que en Ecuador se institucionalizó ese discurso, creándose ‘comisiones anticorrupción’ desde 1997, no para eliminar el mal, pues como vemos es sistémico, sino para presionar por la plena implementación de la agenda neoliberal. No lo lograron. Pero tampoco imaginaron que aparecería una Revolución Ciudadana para arrebatarles ese sueño.
Hoy, el escándalo mediático de la derecha en torno a Odebrecht pretende crear la percepción de que ese sistema político corrupto ha vuelto. ¿Su objetivo? Desprestigiar y deslegitimar el Estado reformado por la Revolución. Pero, lo que hoy tenemos son casos graves de corrupción empresarial y pública en el marco de un Estado institucionalizado que ha demostrado que desde el Sur es técnicamente posible luchar contra esa plaga burguesa.
¿O acaso nos hemos olvidado de que la información cruzada que controla evasión tributaria y pluriempleo, el sistema de compras públicas preventivo de coimas, la descorporativización que impide que regulados puedan ser reguladores, la modernización de servicios expulsora de tramitadores, empresas públicas institucionalizadas y rentables, extirpación del nepotismo, sistema meritocrático de acceso al empleo e iniciativa para prohibir que servidores públicos tengan recursos en paraísos fiscales, entre otros, son obras de la Revolución?
Reeditar estrategias aplicadas al sistema político corrupto de los 90 en los casos actuales es desconocer estos logros y hacerle el juego al discurso neoliberal anticorrupción. Lo consistente sería enfrentarlos consolidando el acumulado institucional de la década ganada en la prevención, control y sanción a la corrupción pública y privada. (O)
