Las elecciones del próximo 19 de febrero en Ecuador son distintas a todos los procesos vividos por el país desde 1979, cuando se retornó a la vida constitucional luego de una década de dictaduras.

No está en juego la simple sucesión presidencial, sino dos proyectos de economía y sociedad: uno, identificado con el ‘modelo’ del gobierno del presidente Rafael Correa, y otro abiertamente identificado con la restauración de los intereses de la élite bancaria y empresarial de Ecuador. Y esta situación también comprende a las elecciones para la Asamblea Nacional.

Aunque hay certeza en cuanto a que el binomio de Alianza PAIS representa la continuidad del proyecto progresista, son inciertos los cambios que puedan implementarse y los alcances del giro que habrá al faltar el liderazgo indiscutible e irreemplazable del presidente Correa. Es incierto cuál de las candidaturas de la ultraderecha política vencerá a la otra, pero ninguna duda queda en que ambas representan el mismo y hoy caduco modelo neoliberal, que procuran revivir.

En el ámbito latinoamericano, los dos proyectos económico-sociales que se confrontan en las elecciones ecuatorianas generan enorme expectativa: está en juego el mantenimiento del ciclo de aquellos gobiernos democráticos, progresistas y de nueva izquierda que aún están vigentes en la región, o una pérdida más, que seguirá el camino de lo que ya pasó en Argentina y Brasil.

En la historia de América Latina no existe un ciclo parecido, como el que se ha dado entre 1999 y el presente, cuando diversos gobiernos, identificados precisamente con la ‘nueva izquierda’ de la región, lograron desmontar el neoliberalismo, reinstitucionalizar al Estado, imponer los intereses nacionales sobre los particulares, modernizar la sociedad y, sobre todo, promover el adelanto y mejora sustanciales de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, clases medias y sectores populares.

Ese ‘ciclo progresista’, que ha marcado una nueva era en la región, polarizó a las sociedades a consecuencia de las rupturas del poder tradicional que estuvo determinado por élites empresariales y capas ricas, que impusieron sus conceptos, intereses y valores en las décadas finales del siglo XX. Los gobiernos progresistas no solo han sido enfrentados por los partidos y la clase política tradicional, sino que han tenido como poderosos enemigos a aquellas élites desplazadas del control del Estado, al imperialismo y a los más importantes medios privados de comunicación, que, en forma inédita en la historia latinoamericana, pasaron a ser una fuerza ideológica de permanente combate y hasta conspiración contra los gobiernos progresistas.

Los logros sociales de los gobiernos progresistas han sido destacados por todos los organismos internacionales y son un contraste absoluto frente a los que caracterizaron al modelo empresarial-neoliberal, y a lo que actualmente ocurre en Argentina y Brasil.

Sin embargo, el significado histórico de esa ‘nueva izquierda’ está en discusión. La vieja izquierda apenas cuenta, porque ha sido superada por la misma historia. (O)