La semana pasada se realizó en la PUCE una mesa con la participación de los economistas Nicolás Oliva, Daniel Legarda (Federación Ecuatoriana de Exportadores-Fedexpor); Mauro Andino (Servicio Nacional de Aduana); Richard Martínez (Comité Empresarial Ecuatoriano-Cámara de Industrias) y Leonardo Orlando (Servicio Rentas Internas-SRI).
Los dos empresarios presentes expresaron sus criterios con argumentos, como corresponde hacerlo en los ambientes universitarios. Anhelan políticas del Estado que fomenten las actividades privadas; y mantienen la visión desde los ‘costos’ y la ‘competitividad’, términos que no son adecuados para la comprensión de la economía nacional desde la perspectiva de su variada situación social y la multiplicidad de intereses populares.
Resulta alarmante la referencia que hizo R. Martínez sobre las propuestas de las cámaras empresariales al Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que bien pueden reducirse a un triple ‘espíritu’: No al Estado, No a los impuestos, Sí a la flexibilidad laboral. Es una visión históricamente caduca y opuesta al ‘espíritu de Montecristi’ de la Constitución de 2008 y que merece, por tanto, el rechazo ciudadano.
N. Oliva, con una exposición técnica, demostró que no es cierto que el mayor gasto o inversión pública afecten al sector privado, sino que contribuyen al desarrollo. Enfoque coincidente con M. Andino, quien criticó la globalización, sostuvo la necesidad de que el Estado intervenga en el comercio externo (sobre todo para que el exceso de importaciones no ponga en riesgo a la dolarización) y presentó datos inéditos de la falsa facturación, que defrauda al Estado en millones de dólares.
La intervención que merece particular referencia es la de L. Orlando, director del SRI. Fue muy claro y enfático en sostener la necesidad de los impuestos progresivos y de la redistribución de la riqueza, términos que los empresarios nunca plantean y que son centrales en la Constitución de 2008.
El SRI realiza importantes investigaciones económicas que vale seguir. Según datos institucionales, hay 215 grupos económicos, cuya presión fiscal no llega al 3%, y sin embargo adeudan $ 2.260’157.584 al Estado. Además, “hay 15.719 contribuyentes que han utilizado comprobantes de venta emitidos por 512 empresas fantasmas. El monto de transacciones realizadas por estas empresas fantasmas con sus clientes asciende a $ 2.100 millones, generando un perjuicio al fisco de $ 655 millones en Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA)”; y también “alrededor de $ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales entre 2014 y diciembre de 2016”.
Sobre esta gigantesca ‘corrupción privada’ nadie habla. En cambio, hay voces que atacan al SRI por su labor contra la evasión y por la difusión de tan impactantes datos. Este es un tema crucial para la sociedad ecuatoriana, que debe defender la actividad fiscalizadora del SRI, señalar a los evasores y, además, hacer conciencia sobre la necesidad de poner más impuestos a los ricos, para que el Estado tenga recursos que sirvan para universalizar los servicios públicos sociales. (O)
