Más que una discusión económica y de cifras, el impuesto a las herencias es un asunto estrictamente ideológico, sin lugar a dudas. Y por ello observamos el amplio debate que revela a todos en sus verdaderas visiones sobre la economía, la política, la riqueza, el patrimonio y el poder.

Pero también hay otro asunto en cuestión: el Estado (Gobierno, municipios y otras entidades públicas) no trabajan exclusivamente para el interés particular, todo lo contrario. Que algunos políticos, desde ciertas alcaldías, lo hagan ahora para sus amigos empresarios y para sus negocios particulares no quita el sentido real y profundo de sus responsabilidades públicas.

Desde la Teoría del Estado y otras asignaturas (que generalmente no leen los políticos y ciertos alcaldes) se explica por qué los gobiernos asumen la enorme responsabilidad y deber de distribuir la riqueza. Y de hecho, los grupos de poder económico deben rendir cuentas ante el Gobierno porque su riqueza no está absuelta ni es de libre responsabilidad cuando se la hace en un contexto social concreto. ¿Acaso los reyes o las dinastías se hicieron poderosos por un esfuerzo regulado, con leyes y normas a favor de sus trabajadores y súbditos? ¿Los grandes bananeros ecuatorianos no hicieron su fortuna con la mano de obra infantil y femenina a la que no pagaban ni reconocían derechos laborales? ¿Los banqueros no recibieron del Estado créditos subordinados para salvaguardar las pérdidas y el gasto dispendioso de los ahorros de sus clientes?

Entonces, el aspaviento provocado por la futura aplicación de impuestos a las herencias revela a todos en su real visión ideológica, y refuerza aquella idea de que solo en estos temas sabemos quiénes son realmente los defensores a ultranza de un sistema neoliberal, conservador y excluyente. De todos modos sorprende cómo desde cierta izquierda ahora se desecha y subestima el rol de un gobierno en la distribución de la riqueza.

La medida propuesta por Rafael Correa es la más profunda y estructural en este sentido, más allá de lo que ingrese al fisco. Es un impuesto para entender la situación real de la acumulación de la riqueza y de la estructura de desigualdades en una sociedad concreta llamada Ecuador, que no se puede preciar de ser igualitaria o, por lo menos, menos injusta.

Por eso sería interesante, o por lo menos ilustrativo, escuchar a todos los izquierdistas de este tiempo, que no apoyan a Correa en esta iniciativa impositiva, una respuesta a la pregunta lanzada por Thomas Piketty, en El capital del siglo XXI: “¿Qué instituciones y políticas públicas podrían permitir regular, de manera justa como eficaz, el capitalismo patrimonial globalizado del siglo que comienza?”.

Es de suponer que la respuesta lógica sería: El Gobierno, los municipios y políticas impositivas. Si es así, ¿por qué los superizquierdistas de ahora mezclan sus deseos golpistas con el rechazo a la mayor medida de carácter estructural -después del Código Monetario- tomada por Correa? Si en el futuro apoyan a Guillermo Lasso o a Mauricio Rodas, ¿cómo van a negociar con ellos la distribución de la riqueza? O si tienen un candidato propio y con posibilidades para las presidenciales de 2017, ¿estarían en condiciones, coraje y determinación de tomar medidas de esta naturaleza o de otras que definitivamente regulen o trastoquen ese capitalismo patrimonial globalizado? (O)