La contracción de garantías ciudadanas, expresada por comisionistas de servicios públicos fundamentales, existentes en Guayaquil, que aparentemente se establecieron para reformar antiguas y defectuosas estructuras de distribución de agua, se ha convertido en una pesadilla sustancial para los abonados de este muy importante beneficio humano, que la ONU ha definido como un derecho primordial y que en nuestra ciudad registra falencias de todo tipo.

El suministro del agua, en la ciudad, ha estado inmerso en polémicas por diferentes causas, en primer lugar, por su calidad, que para grupos de pobladores tiene contaminantes que atentan contra la salud de la población. El componente de asbesto cemento de las antiguas tuberías, material proscrito para cañerías, por ser probado agente cancerígeno, continúa aún en tramos de la red de distribución del sistema de agua potable. Por lo menos, el desmentido de un alto funcionario de Emapag, respecto a “que hay muy poca tubería de asbesto en  uso” asume  sin  rubor que hay familias guayaquileñas en riesgo de enfermedades graves.

La semana anterior se presentó el informe del tercer quinquenio de trabajo en la urbe de la compañía, a la que el Municipio de Guayaquil da 25 millones de  dólares anuales, según solventa el gerente de la antedicha empresa municipal, declaración que publica la prensa local. Aunque no se resuelven la problemática básica del suministro y los reclamos de clientes de esa entidad concesionada por el Municipio para todo el proceso de generación de agua potable y alcantarillado de la  metrópoli  guayaquileña y  zonas de influencia.

Demandas provenientes no solo de los sectores afectados, por continuas interrupciones de la prestación del neurálgico elemento, en especial los que habitan en la vía a la Costa; sino también de aquel conglomerado que concurre cotidianamente a sus oficinas en pos de explicaciones, por altos importes del gasto y otras anomalías, pero que lamentablemente no encuentran respuesta adecuada, más allá de las consabidas argumentaciones que a nadie convencen, o las sugerencias de acudir a un contacto telefónico interno, con un jefe que no da la cara, en el más puro accionar kafkiano.

Pero también existen cuestiones que ameritan, por lo menos, una aclaración sustentada, tanto de los mandos de la firma como de la autoridad de control. La matriz institucional dispone de un edificio funcional de dos pisos, donde, en  los bajos, se entregan las quejas y se desarrolla la pertinente administración. Además, se sufragan los valores a pagar con tarjetas de crédito.

Mas, cuando se debe cancelar las cuentas en efectivo, en la segunda planta del inmueble los dineros no los recaban los rectores de la concesión, sino un banco, que asume la ínclita labor de cobro a un mercado cautivo de miles de consumidores, los que pagan por esa gestión bancaria la suma de 35 centavos de dólar, sin importar el monto de la planilla. Aquello tendría sabor surrealista si no estuviera  de por medio la defensa de la economía popular. Subyace entonces la reflexión del ‘filósofo de esquina’. ¿Es ético tal proceder empresarial? ¿Se compadece con la Constitución? Hoy que está ad portas la veeduría de la Superintendencia del Poder de Mercado, referente a  ‘procesos de facturación’, es oportuno indagar sobre lo que señalo. Y si yerro, pido disculpas.

El apetito financiero de empresas de servicio público debe tener  límites, está en la sujeción a la ley y a la realidad social de la nación. No hacerlo implica inquietantes señales de generar intimidación, desacato a la legislación ecuatoriana y desprecio a la sociedad toda. Hace poco hubo un hecho contaminador del caudal del río Guayas. No se sabe cuál fue la acción del  Ministerio del Ambiente en relación a sus efectos, o si hubo las sanciones que corresponden. (O)