El argumento central de los militares (en servicio pasivo y en activo) es que cumplieron con las leyes y las órdenes superiores emanadas por el poder político de entonces. Con ese argumento fueron a la Corte Nacional de Justicia a exigir (presionar, dicen los abogados defensores de las tres víctimas de detención arbitraria, tortura y desaparición) respeto y justicia para cinco exoficiales de las Fuerzas Armadas.

¿Qué pasaría si a los procesos de los 130 casos y pico que todavía no han empezado su etapa de judicialización va la cúpula de la Policía? ¿No sería un acto político o simplemente lo veríamos como uno de solidaridad y espíritu de cuerpo?

Lo fundamental en este tema es que no pueden quedar en la impunidad delitos de lesa humanidad cometidos en un momento crítico y hasta violento de nuestra historia. Si esos oficiales procesados recibieron órdenes, habría que preguntar de quién y por qué. Y ellos deberían denunciarlo. ¿Quienes ordenaron tal acción sabían que violaban la ley o en algún artículo de la Ley de Seguridad Nacional se señala como método de investigación la tortura y que para combatir a los ‘enemigos internos’ era legal y constitucional desaparecerlos?

Por otro lado, en la prensa en general no se ha dicho con claridad que Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca fueron detenidos en un restaurante de Esmeraldas, desarmados, sin un solo indicio de que cometieran un atentado contra la seguridad del Estado. Si su militancia con AVC los volvía sujetos de la represión, en ese momento solo correspondía actuar bajo el mandato de la ley, entregarlos a la Policía, luego a los jueces y, si se los encontraba culpables, a la cárcel. Pero por ningún lado se justificaba la tortura, y menos la desaparición, peor aún en el caso de Luis Vaca, que permaneció desaparecido durante tres años (en realidad recluido en un recinto militar).

Efectivamente hay que hacer justicia. No puede haber venganza en ninguna de las partes. Y así como las víctimas de lesa humanidad piden justicia, los acusados deben someterse a ella confiando en las instituciones y no pensando que se trata de una retaliación a una institución en particular.

El tema es delicado y exige la mayor sensatez colectiva. Nadie puede dudar de que al final se hará justicia, y que con ella podremos avanzar y quizá cerrar un capítulo lamentable de nuestra historia. Los militares y los exguerrilleros, por diversos modos y vías, han apoyado la posibilidad de un pacto de reconciliación y eso pasa también por reconocer los errores de unos y de otros, pero en el marco de la ley.

La pregunta que ronda ahora es qué ocurrirá en la próxima audiencia, tras la suspensión de la del lunes: ¿Volverá la cúpula en pleno de los militares? ¿Volverán los militantes de Sociedad Patriótica a proferir toda clase de insultos e infamias a las víctimas? Y si hay sentencia, ¿de qué modo la recibirán los militares en servicio activo?

De hecho, lo ocurrido esta semana sienta un mal precedente para otros casos que requieren de la aplicación ‘justa de la justicia’ y no estaría bien para nadie, mucho menos para la conciencia y memoria histórica de Ecuador, que la justicia actúe bajo presión. ¿Qué pasaría si se llega a saber quién ordenó la desaparición de los hermanos Restrepo, si hay que juzgar a los responsables y estos son parte de una institución X? (O)