Las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y continúan siendo sujetas a discriminación, violencia, persecución y otros abusos, en clara vulneración a sus derechos humanos (protegidos en los instrumentos internacionales e interamericanos).

Las Clínicas o Centros de Deshomosexualización, como se las conoce, son lugares en los que se interna a seres humanos en contra de su voluntad para ofrecerles “tratamientos” que “curan” la homosexualidad. Tal como lo denunció en su momento el CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), las personas dentro de ellos son lesionadas y agredidas físicamente, se les practican castigos que van desde la humillación verbal, insultos, obligación de permanecer esposados, días sin consumir alimentos, palizas, hasta diferentes formas de abuso y violencia sexual.

El caso Zulema conmocionó a la sociedad ecuatoriana. Una joven guayaquileña, lesbiana, fue retenida por su familia en un Centro de Deshomosexualización en Tena, dentro del cual -según declaraciones de la propia joven- se la torturó, se le brindaba comida en mal estado, fue obligada a limpiar excusados con sus manos y le decían constantemente que estaba mal ser homosexual.

En el 2009 CLADEM denunció la existencia y funcionamiento de estos centros desde hace 10 años en Ecuador y en el marco de la denuncia presentada se recomendó que el Estado “prevenga, proteja y garantice que ninguna persona con distinta orientación sexual sea internada en clínicas privadas o centros de rehabilitación para ser sometida a los denominados tratamientos de reorientación sexual”.

En agosto del 2011 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció el cierre de 30 de estos centros, solo en la Provincia del Guayas. Tanto la Defensoría del Pueblo de Guayas como el Defensor del Pueblo de Ecuador declararon que las clínicas son ilegales, según la Constitución de la República: “La homosexualidad no es una patología ni enfermedad, y al no serlo no cabe aplicar ningún tipo de tratamiento para sanarla o curarla. Eso sería inconstitucional, ilegal y anticientífico, inclusive». Declaraciones que coinciden con las principales organizaciones médicas del mundo.

Es indispensable no solo que las autoridades, sociedad civil y organizaciones sociales condenen la discriminación y la existencia de estos centros en defensa de los derechos humanos sino que también prevengan, sancionen oportunamente y desarrollen campañas masivas tendientes a erradicar la homofobia.

El Ministerio de Salud Pública del país hizo un aporte valiosísimo a la sociedad y los derechos humanos a través del acuerdo 543, del 8 de octubre de 2010, en donde aclara que cualquier centro que atropelle los derechos humanos y que atente contra la identidad sexual de los pacientes será clausurado definitivamente. Sin embargo, no es una lucha que le corresponda estrictamente al Estado; es una tarea de todos y todas garantizar el respeto a la dignidad humana y libertad sexual.