Una noticia gravísima ha sido lanzada al mundo por el fiscal general Carlos Baca: hay amenazas de muerte contra Diana Salazar, la fiscal en cuyas manos se encuentran trascendentales investigaciones sobre actos de corrupción que comprometen a empresas nacionales y extranjeras y a figuras de nota, como el vicepresidente Jorge Glas.
Sin dar ningún dato preciso al respecto, el Fiscal asegura que detrás de tales amenazas criminales “hay intereses poderosos”. Si lo afirma, es de suponer que él posee informaciones precisas sobre la identidad, o cuando menos el origen de estos condenables planes, que merecen investigaciones rápidas y las condignas sanciones para quienes resultaren culpables.
En tanto, el país entero debe mostrarse solidario con la mencionada fiscal y su familia, que en este caso merecen la protección oficial y pública, nacional e internacional. Pero el asunto tiene otras connotaciones y provoca interrogantes en serie: ¿Cuáles son esos intereses poderosos de que nos habla el Fiscal General? ¿Quiénes son los implicados? Que no se nos diga que la reserva al respecto es para no entorpecer las investigaciones, como es costumbre asegurar cuando la base de informaciones como estas es deleznable o simplemente no existe. Lo obvio es que, para impedir que amenazas de esta índole se conviertan en realidad, toda la ciudadanía debe hallarse prevenida del peligro y en posibilidades de colaborar para conjurarlo.
Por otra parte, es digno de anotarse que medios privados, periódicos y otros hablan de que las amenazas provienen de un tal Frente de Liberación Popular, lo que nos pone ante situaciones enormes porque, si esto es verdad, podría significar que en las sombras se está gestando algún proyecto de guerrillas o escuadrones de la muerte, pues si dicho ‘Frente’ no es un simple cuco inventado por mentes calenturientas para asustar a incautos, con mayor razón el Fiscal General debe enterar al país de lo gravísimo de estos supuestos planes.
En todo caso, conviene recordar que versiones parecidas, en otras ocasiones, han sido reales, si no meras patrañas de los servicios de inteligencia, entre las cuales se destacan varias forjadas por la CIA, como cuando los mandos policiales informaron en diciembre de 1996 que una organización extremista de izquierda llamada Sol Rojo conspiraba contra el presidente Abdalá Bucaram, cuando bien sabían que la conspiración venía principalmente del Partido Social Cristiano y de altos jefes militares, comprometidos para elevar al solio presidencial, tras un bien planificado golpe de Estado, a Fabián Alarcón y a toda una gavilla de corruptos.
Aun antes de aquello (porque la CIA es dueña y señora en Ecuador desde 1960 cuando se instaló aquí para combatir a la Revolución Cubana), este siniestro centro mundial de espionaje y terrorismo inventaba membretes de inexistentes ‘frentes de liberación’ para fines de manipulación política, intimidación y eliminación física de militantes izquierdistas. Se llegó al extremo de poner bombas en los templos para acusar a los amigos de Cuba. Entonces corrió mucha sangre ecuatoriana en ciudades y campos. De allí la necesidad de que, con este motivo, el Fiscal General informe al país la verdad y el alcance de sus denuncias. (O)
