De las 47 mil muertes por aborto en el mundo, el 86% ocurre en países en vías de desarrollo. Muchos de estos abortos se realizan de manera clandestina y en pésimas condiciones de salud, lo que determina un problema grave para la salud pública.
El tema de la interrupción terapéutica del embarazo resurge en el Ecuador, influenciado por su aprobación en Chile y por la epidemia de zika, que al determinar microcefalia en niños producto de infección durante el embarazo, optan o piden un aborto, pero en el Ecuador está penado por cualquier causal (excepto peligro para la vida de la madre o en mujeres violadas que padezcan de retardo mental).
El aborto es un hecho. Recientemente un interesante estudio publicado en la revista Pragmatic and Observational Reseach, el investigador Esteban Ortiz-Prado y colaboradores, hacen un exhaustivo análisis del aborto en Ecuador, en los últimos 10 años. Analizan las estadísticas nacionales de salud de abortos médicamente justificados, espontáneos y otras causales obstétricas. Contabilizaron 431.614 abortos. En promedio, 114 de cada mil mujeres abortaron por las tres causas descritas; de estos abortos, 189 terminaron en fallecimientos de la madre (44 por 100 mil embarazos).
Las provincias que más abortos presentan son: Pastaza, Pichincha, Guayas, Galápagos, Esmeraldas. La atención de los abortos se realiza en el 84% en el sector público frente al 16% en el privado.
El estudio concluye que hay una evidente tendencia hacia el aborto inducido, contabilizando solo abortos espontáneos o médicamente justificados. Estos estarían asociados a la automedicación de fármacos que provocan aborto. Las mujeres que deciden un aborto como alternativa de mitigar sus problemas económicos, sociales o psicológicos, se los provocan y luego acuden a los centros de salud como casos de emergencia.
En áreas rurales, las mujeres no tienen las mismas opciones y sufren complicaciones de salud: perforación o extirpación de útero, infertilidad o muerte. Justamente, estas mujeres son a las que más se les violenta sus derechos de atención justa, oportuna y satisfactoria.
Está probado que una legalización apropiada sobre el aborto reduce la mortalidad materna y complicaciones de salud. En cambio, las leyes punitivas no han reducido ni reducirán el número de abortos; solo vuelven más peligrosa su práctica clandestina. Se debería revaluar la situación del aborto en las leyes y sobre todo sincerar los datos de muerte, violación, embarazo infantil y adolescente, para así plantear políticas públicas adecuadas y acordes a las estadísticas. (O)
