Son documentos que fueron firmados por varios gobiernos títeres en la larga noche neoliberal, para que -supuestamente- venga inversión extranjera a Ecuador, claro está, con el visto bueno de Washington. Los tratados bilaterales de inversión (TBI) están garantizados -a su vez- por un sistema de arbitraje internacional que no toma en cuenta la legislación nacional. En este escenario aparece el parcializado Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que sigue los lineamientos de la potencia decadente para que favorezca a sus empresas transnacionales; es una forma de preservar la expoliación y el coloniaje, no cabe ninguna duda. Cuando un país como Ecuador da muestras de soberanía y dignidad en el manejo de la política exterior, provoca el consiguiente malestar en los títeres criollos y en los titiriteros extranjeros.
El presidente Correa conformó, mediante Decreto Ejecutivo 1506 de 6 de mayo de 2013, la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa). Luego de cuatro años de arduo trabajo, Cecilia Olivet, presidenta de dicha Comisión, entregó el 8 de mayo de 2017 el informe final de auditoría de 27 TBI al presidente de la República en funciones. La comisión estuvo conformada por expertos en materia de Inversiones y Derecho Internacional que representan a la Sociedad Civil, por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, el Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores.
En el documento elaborado por Caitisa se establece con nitidez que Ecuador recibió solamente el 0,79% de la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a América Latina y el Caribe. Lo curioso es que el principal flujo de IED proviene de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador no tiene TBI. También se menciona que en el período 2006-2015 se registra el 71% de las demandas al Estado ecuatoriano. ¿Coincidencia?
El total de demandas de inversores contra el Estado es de $ 21.200 millones, de los que ya se han pagado $ 1.498 millones; $ 1.342 millones han ido a parar a Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble Energy; mientras que $ 156 millones fueron a bufetes de árbitros y abogados; la titular de la Comisión destacó que $ 1.498 millones equivalen al 31% del presupuesto de educación, 62% de salud o la vivienda para 239.000 familias ecuatorianas. Quedan pendientes demandas por $ 13.410 millones que representan el 52% del Presupuesto General del Estado para 2017. ¡Qué abuso!
Pero hay mucho que rescatar: la dignidad, la soberanía. La potencia decadente no ha logrado ‘torcerle el brazo’ al presidente Rafael Correa en la expulsión de la base de Manta, en el asilo para Julian Assange, en la renegociación inteligente y soberana de una parte de la deuda externa usando las reglas de juego de Wall Street; en el impulso a la Alba, Unasur y Celac; no logró el imperio decadente -en suma- disuadirlo de gobernar para los pobres y demostrar que el modelo en el que el ser humano es más importante que el capital funciona mucho mejor que el modelo neoliberal. (O)